Conservadores y progresistas certifican su empate en el CGPJ con el reparto de comisiones
Los dos bloques del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cierran el esqueleto del órgano de gobierno de los jueces. Conservadores y progresistas llevarán este miércoles para su ratificación al Pleno una propuesta de acuerdo, a la que ha tenido acceso infoLibre, que refleja un complejo equilibrio entre los dos bloques. Las negociaciones, sostienen las fuentes consultadas por este diario, han sido "complicadas". Ambos sectores estaban de acuerdo en que si una comisión la presidía un vocal de una sensibilidad, la mayoría de la misma debía corresponder a la otra. Pero los conservadores también se han esforzado en imponer perfiles judiciales en los órganos más potentes. Algo que, finalmente, han conseguido.
Las cinco comisiones legales –Permanente, Disciplinaria, de Calificación, de Igualdad y de Asuntos Económicos– estarán integradas mayoritariamente por vocales estrechamente vinculados a la carrera fiscal y judicial. De hecho, de los veinticinco asientos que componen todas ellas, solo dos estarán ocupados por profesionales jurídicos ajenos a las mismas. Es el caso de Bernardo Fernández, expresidente del Consejo Consultivo de Asturias y exvicepresidente y exconsejero del Ejecutivo asturiano en la etapa del socialista Juan Luis Rodríguez-Vigil. Y de Isabel Revuelta, letrada en las Cortes y exdirectora de Asesoría Jurídica de la Secretaría General del Senado. El primero entró por el turno de juristas a propuesta del PSOE. La segunda, a propuesta del PP.
El acuerdo alcanzado por ambos sectores, que aún debe ser ratificado en el Pleno, refleja también una brecha de género en el reparto de miembros en estas comisiones, que se van renovando. Algo que no es de extrañar, dado que el acuerdo para desatascar el Consejo General del Poder Judicial no fue paritario –doce vocales son hombres y ocho mujeres–. De los veinticinco asientos en liza para las comisiones legales, las mujeres ocupan ocho en el pacto alcanzado por ambos sectores. Y solo en una de ellas, la de Igualdad, hay una mayor presencia femenina que masculina. De hecho, dejando de lado la Comisión Permanente –que dirigirá siempre la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló–, ésta es la única comisión que, según el reparto consensuado, estará presidida por una mujer.
La Permanente es el núcleo duro del órgano de gobierno de los jueces. A ella compete preparar las sesiones plenarias, preparar los informes sobre anteproyectos de ley o disposiciones generales, decidir los nombramientos de jueces que no sean competencia del Pleno o resolver la concesión de licencias a los mismos. Dicho órgano está compuesto por la presidenta del CGPJ y siete vocales que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, se eligen anualmente. El acuerdo contempla que, además de Perelló, los asientos los ocupen Bernardo Fernández, Esther Erice, Carlos Hugo Preciado, Pilar Jiménez, Eduardo Martínez, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal. Es decir, cuatro representantes por cada uno de los bloques, si bien la presidenta, de perfil progresista, cuenta con voto de calidad.
En cuanto al resto de comisiones legales que conforman el esqueleto del órgano de gobierno de los jueces, cada sector tendrá mayoría en dos de ellas. Los conservadores controlarán, por un lado, la Comisión de Asuntos Económicos, encargada de realizar estudios y proyectos de carácter económico y financiero, controlar la actividad financiera y contable de la gerencia o, cuando lo delegue la Permanente, elaborar el borrador del proyecto de presupuesto anual del Consejo General del Poder Judicial. Este órgano, que debe renovarse anualmente, empezará el nuevo mandato presidido por el progresista José María Fernández Seijo, a quien acompañarán los conservadores José María Páez y José Carlos Orga.
Este sector, del mismo modo, también tendrá mayoría en la Comisión Disciplinaria, cuyo mandato, según marca la ley, es de cinco años. Se trata del órgano encargado de resolver los expedientes disciplinarios que se incoan por infracciones graves o muy graves e imponer las sanciones que correspondan a jueces o magistrados –siempre y cuando la propuesta de castigo no sea la separación del servicio, algo que debe resolver el CGPJ en su conjunto–, si bien todos los acuerdos pueden ser recurridos en alzada ante el Pleno del órgano de gobierno de los jueces. En este caso, la comisión estará presidida, de nuevo, por Seijo, a quien acompañarán dos progresistas –Ricardo Bodas y Lucía Avilés– y cuatro conservadores –José Luis Costa, Pilar Jiménez, José María Páez y José Carlos Orga–.
Dentro del esquema sancionador juega también un papel fundamental el Promotor de la Acción Disciplinaria. Es al "gran inquisidor" –como se le califica a nivel interno– a quien corresponde la "iniciación e instrucción" de expedientes disciplinarios y la presentación de los cargos ante la Disciplinaria, si bien la Permanente tiene margen como para ordenarle comenzar o continuar con un expediente. Está previsto que en el Pleno de este miércoles se apruebe la convocatoria para la provisión de esta plaza, a la que pueden aspirar magistrados del Supremo o magistrados con más de veinticinco años de antigüedad. Del mismo modo, también está previsto que se saque la de la Jefatura del Servicio de Inspección, que controla el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Comisión de Nombramientos de mayoría progresista
El bloque progresista, por su parte, contará con mayoría en la Comisión de Calificación. Este órgano, que el PP eliminó con su reforma de 2013 y que acaba de recuperarse, juega un papel clave en el diseño de la cúpula judicial, que acumula hasta la fecha un centenar de designaciones pendientes –cerca de una treintena en el Tribunal Supremo–. Compuesto por cinco miembros, que se renuevan anualmente, es el competente para informar sobre los nombramientos de altos cargos judiciales que competen al Pleno, realizando una valoración objetiva previa de los candidatos. Dicha comisión estará presidida por el conservador José Antonio Montero, a quien se unen Ricardo Bodas, Ángel Arozamena e Inés Herreros –progresistas– y Esther Rojo –de sensibilidad conservadora–.
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Además de la de Calificación, este bloque también tendrá mayoría en la Comisión de Igualdad, a la que corresponde "asesorar" al Pleno sobre "medidas necesarias o convenientes" para garantizar el "principio de igualdad", elaborar informes previos sobre el impacto de género de los reglamentos o proponer medidas para "mejorar los parámetros de igualdad" en una carrera judicial feminizada pero con un grueso techo de cristal. Junto con la Permanente, es la única de las cinco comisiones legales que estarán presididas por una mujer –la conservadora Gema Espinosa– y que cuenta con mayor proporción de hombres que de mujeres: a la presidenta la acompañarán los vocales progresistas Carlos Hugo Preciado y Lucía Avilés, fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas.
Una comisión para la reforma del sistema de elección
Además de todas estas comisiones, los dos bloques han llegado también a un acuerdo para la conformación de otras tantas comisiones reglamentarias, algunas de ellas de nueva creación. Dentro de este grupo se encuentran la de Estudios e Informes, Relaciones Internacionales, Escuela Judicial, Modernización e Informática, Inteligencia Artificial, Comisión Mixta entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ, Estadística o Disposición Adicional. Las dos primeras estarán presididas por un vocal de tendencia progresista y tendrán mayoría conservadora. Las dos siguientes, por un conservador pero con mayoría progresista. Y el resto, se reparten a partes iguales entre los dos sectores.
La Comisión de Disposición Adicional, de la que formarán parte los progresistas Bernardo Fernández y Argelia Queralt y los conservadores José Carlos Orga e Isabel Revuelta, es la que abordará, según las fuentes consultadas por este diario, el cambio del sistema de elección de los vocales judiciales exigido por el PP. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que los de Alberto Núñez Feijóo acordaron con el PSOE, y que entró en vigor a comienzos de agosto, da al nuevo CGPJ seis meses para hacer un informe examinando cómo otros países conforman sus propios Consejos de la Magistratura y una propuesta de reforma del sistema de elección de vocales judiciales. Dicha sugerencia, no obstante, debe contar con el respaldo de tres quintos del CGPJ, lo que obliga a un acuerdo entre bloques. Y nada garantiza que luego vaya a ser impulsada a nivel político.
