El Senado aprueba de manera definitiva la Ley de Convivencia Universitaria, con los votos en contra de Vox, PP y UPN

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles de manera definitiva el proyecto de Ley de Convivencia Universitaria tras no admitirse ninguna de las 106 enmiendas presentadas por el PP (30 enmiendas), Vox (25), Geroa Bai (23), JxCat (21), Cs (6) y PNV (1). El proyecto ha salido adelante con 152 votos a favor de, al menos, el PSOE, ERC y PNV, frente a los 108 votos en contra del PP, Vox, Cs y UPN. Además, ha habido 4 abstenciones, según ha informado Europa Press. Durante el Pleno, también se han debatido tres vetos al proyecto, presentados por Cs, Geroa Bai y PP que, al igual que las enmiendas, han sido rechazados.

La norma, que deroga el Decreto franquista de 1954 de Disciplina Académica, que permanecía aún vigente para los estudiantes, define un nuevo sistema de faltas y sanciones para la comunidad universitaria (alumnos, PDI y PAS) de las universidades públicas, con las máximas garantías y la posibilidad de sustituir las sanciones, en determinados casos, por medidas de carácter educativo o recuperador.

Así, con esta nueva Ley se consideran faltas muy graves las novatadas, el plagio de Trabajos de Fin de Grado, de Máster o Tesis Doctoral, o el acoso sexual, castigando a los infractores con la expulsión de la universidad de entre dos meses y tres años o la pérdida de derechos de matrícula parcial durante un curso o semestre.

Asimismo, se consideran faltas graves acciones como apoderarse indebidamente del contenido de exámenes; deteriorar gravemente los bienes del patrimonio de la universidad; acceder sin autorización a los sistemas informáticos de la universidad; o impedir la celebración de actividades universitarias, entre otros. La sanción en estos casos va desde la expulsión de un máximo de un mes de la universidad, a la pérdida de derechos de matrícula o pérdida del derecho a la convocatoria ordinaria durante un curso o semestre.

Y serán faltas leves acciones como acceder indebidamente a instalaciones universitarias o realizar actos que deterioren de forma no grave los bienes del patrimonio de la universidad. En estos casos, la sanción consistirá en una amonestación privada.

El texto sometido a votación hoy en el Pleno de la Cámara Alta no incorporaba ninguna modificación respecto a lo acordado en el Congreso. Precisamente, fue en esta Cámara donde el proyecto original redactado por el Ministerio de Universidades sufrió importantes modificaciones.

Entre los cambios introducidos (por los acuerdos entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC), se suprimió el carácter básico y estatal de la ley con el objetivo de garantizar la autonomía universitaria, una modificación que suscitó el rechazo de la comunidad universitaria y de la oposición. Este acuerdo entre las tres formaciones también permitió que se garantizase, por parte de las universidades, la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga.

Desde el PSOE, la senadora María Fernández, ha defendido la necesidad de que esta ley derogue el decreto de 1954 y haga avanzar en derechos. "Urge dar este paso que parece haberse pospuesto de manera injustificada", ha indicado Fernández, que califica de "excelente noticia" la derogación del decreto franquista. "Esta ley hace a la Universidad española una Universidad más moderna; lo que para ustedes es ideología --ha aseverado en referencia al PP--, para nosotros son valores y cultura democrática".

Durante el debate, ha tomado la palabra el ministro de Universidades, Joan Subirats, que ha estado presente casi en su totalidad. Durante su breve intervención, ha agradecido la labor realizada por su antecesor en el cargo, Manuel Castells, y ha celebrado la aprobación de la ley.

Críticas a los acuerdos previos entre Gobierno y ERC

Los partidos de la oposición, como PP, Cs y Vox, han sido críticos con los acuerdos previos alcanzados entre los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, con ERC.

"Esta ley había llegado a un cierto consenso con la comunidad universitaria, especialmente con la Crue, y ese texto se evaporó en un momento tan peculiar como la negociación de los PGE del 2022", ha lamentado la senadora 'popular' Esther Basilia del Brío.

Aunque Del Brío ha celebrado que esta ley acabe con el decreto franquista de 1954, asegura que será "muy poco útil de cara a cambiar o modificar la convivencia universitaria" y el "día a día de las universidades". "¿Por qué nadie antes en democracia ha querido modificar esto? Porque no ha habido una gran demanda social, porque tenemos por encima de todo esto un marco regulatorio, que es la Constitución", ha señalado.

También ha criticado el proyecto la senadora 'naranja' María Ponce, acusando al Gobierno de practicar el "caciquismo" y lamentando la "falta de diálogo y de respeto" hacia los senadores y al Senado por no negociar las propuestas del resto de partidos, solamente con los partidos independentistas.

"Han tragado con todas las exigencias de sus socios soberanistas; esta va a ser la Ley Esquerra", ha dicho en referencia a ERC, a quienes acusa de "alentar la violencia incluso en las universidades", utilizándolas, a su juicio, como "campo de batalla" donde se va a seguir permitiendo el acoso y hostigamiento a profesores y estudiantes que se sienten españoles, ha dicho.

Por su parte, desde Vox, su senador, José Manuel Marín, ha criticado la "actitud" del Gobierno con respecto a la tramitación en el Senado de los proyectos legislativos. En cuanto al texto, Marín considera que "no aporta nada ni resuelve nada". "Estamos ante un nuevo episodio de adoctrinamiento y propaganda ideológica", ha dicho.

Reproches a PP y CS de los partidos independentistas

Durante el debate, las senadoras de JxCat y ERC han dirigido varios reproches a PP y Cs por hablar de violencia en Cataluña y por criticar los acuerdos alcanzados con los partidos de Gobierno.

"Debe de ser muy triste y muy pobre que el único argumento de su existencia sea ir en contra de Cataluña, sea cual sea el tema que abordemos", ha dicho Assumpció Castellví (JxCat) en referencia a la senadora de Cs María Ponce.

"Afirmar que en las universidades catalanas hay un conflicto abierto donde los constitucionalistas no pueden expresarse de forma libre y voluntaria es mentir; hablar de 'apartheid' lingüístico es mentir; hablar de veneno nacionalista es mentir (...); utilizan la lengua para crear conflicto donde no existe, utilizan la mentira para hablar de situaciones de acoso inexistente y, lo más grave, magnifican las mentiras para tener cuota de prensa", ha señalado dirigiéndose a las señorías del PP.

Por su parte, la senadora de ERC, Adelina Escandell, ha defendido que su grupo acordó modificaciones al texto con el PSOE y Unidas Podemos porque querían que se mantuvieran la autonomía universitaria y las competencias en Cataluña, y porque como políticos, su trabajo es "negociar". "El no por el no es muy fácil, pero nuestros ciudadanos no nos han votado para oponernos siempre, sino para avanzar en lo que se considera justo", ha afirmado.

Por otro lado, Escandell ha querido que conste en acta una reflexión: "No podemos aceptar la mentira como base de la argumentación". En este sentido, reitera que en Cataluña no hay acoso, sino que "el acoso y derribo" lo practican tanto las señorías del PP como de Cs. "De aquí a hablar como si estuviéramos en una guerra civil... ya les gustaría a muchos de ustedes, pero vamos a hacer todo lo posible por no caer en ella", ha finalizado su intervención.

Los rectores no están del todo de acuerdo con la nueva norma

Crue Universidades Españolas ha lamentado este miércoles, tras la aprobación definitiva de la Ley de Convivencia Universitaria, que la norma no recoge lo previamente negociado durante meses y acordado entre los principales actores del Sistema Universitario Español (SUE) con el Gobierno.

Espejismos universitarios

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"Crue deseaba que ese texto sufriera escasas modificaciones durante su tramitación parlamentaria y que, en todo caso, hubieran sido consultadas con la comunidad universitaria", señala en un comunicado.

El texto definitivo permite que cada comunidad autónoma y cada universidad pueda aplicar unas reglas distintas, algo que, según ha denunciado Crue en varias ocasiones, genera "incertidumbre" e "inseguridad jurídica" en las comunidades universitarias.

"La Ley de Convivencia, al igual que el Código Civil o el Código Penal, debería ser la misma para todo el Estado, tal y como Crue acordó con las principales organizaciones estudiantiles y el Ministerio de Universidades", opina la asociación que agrupa a los rectores, que también asegura que trabajará para que las universidades cuenten finalmente con buenas normas y herramientas para regular la convivencia en sus campus.