La sentencia del Constitucional cierra la puerta a futuras amnistías fiscales y desautoriza a Montoro

El Pleno Tribunal Constitucional declaró este jueves de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en 2012 por la vía urgente del decreto-ley. En la sentencia, los magistrados recuerdan que el artículo 86.1 de la Constitución Española prohíbe la utilización de esta fórmula legislativa con medidas que afecten "de forma relevante o sustancial" a los deberes consagrados en el Título I de la Carta Magna, que en su artículo 31.1 recoge el "deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos". Sin embargo, a pesar de que el Constitucional sólo rechaza la vía utilizada para dar luz verde a la amnistía, constitucionalistas y técnicos de Hacienda consultados por infoLibre consideran que el fallo también puede poner en jaque futuras regularizaciones fiscales de este tipo.

Las reacciones tras conocerse la decisión de los magistrados, que en ningún caso afectará a todos los defraudadores que se acogieron al decreto-ley para regularizar su patrimonio –Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, Francisco Granados, el empresario de la Púnica David Marjaliza o Jusep y Oleguer Pujol, entre otros–, no se hicieron esperar. El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, aseguró que el fallo del TC "incide en el instrumento normativo" pero "deja plena constancia del aval de las regularizaciones". Aunque desde el Ejecutivo, eso sí, conceden que es una "contrariedad". El ministro Cristóbal Montoro ya ha pedido acudir al Congreso a dar explicaciones.

Desde la oposición, por su parte, se pronunciaron con dureza y pidieron la cabeza del titular de Hacienda, que siempre ha defendido una amnistía fiscal que, según él, permitía aumentar la recaudación y aflorar patrimonios ocultos. "En cualquier país de la Unión Europea el ministro de turno habría dimitido ya. Llevamos cinco años pidiéndolo. Si tuviera un mínimo de vergüenza la presentaría esta tarde mismo. Se tiene que ir y pedimos su dimisión inmediata", señaló Pedro Saura, portavoz económico del PSOE –la formación que recurrió el real decreto-ley de 2012–. Unidos Podemos registró una petición para que Montoro comparezca en el Senado.

Cierra la puerta a nuevas amnistías

José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), explica a infoLibre que el fallo del Constitucional deja claro, en primer lugar, que la vía utilizada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy no era la "idónea", por lo que cualquier nuevo intento tendría que hacerse "sometiéndolo a debate en el Parlamento" y a través de un proyecto de ley. Aunque, Joaquín Pablo Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del TC, afirma que "formalmente" el fallo "no impide nada": "Sólo anula la de 2012. Eso quiere decir que el Gobierno podría hacer otra, que volvería a ser llevada ante el Constitucional, que tendría que volver a pronunciarse".

Sin embargo, aunque la decisión de los magistrados sólo tumba la amnistía de 2012 por la vía empleada para sacarla adelante, lo cierto es que en la sentencia se muestran especialmente duros con la adopción de medidas que "en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal" se "aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica". De esta manera, añaden, se está legitimando "como una opción válida" la conducta de quienes "de forma insolidaria incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica". Y concluyen que este objetivo recaudatorio considerado "imprescindible" no puede ser "causa que legitime" la quiebra del "objetivo de justicia" al que debe tender "el sistema tributario".

Con estas palabras, Mollinedo se muestra convencido de que se está "cerrando la puerta" a nuevas amnistías, "al menos tan simples como la de 2012". Es algo con lo que coincide Urías y el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Fernando Álvarez-Ossorio. "Tras leer la sentencia, yo interpreto que una regularización ahora, incluso aprobada por ley, también sería inconstitucional", dice el exletrado del Constitucional. "Te leo textualmente: 'Debe advertirse que todas ellas [las alegaciones del Abogado del Estado] se dirigen a intentar justificar la legitimidad de la medida impugnada'. Fíjate, esa frase me hace pensar que incluso una nueva amnistía tramitada como ley sería inconstitucional", sostiene Álvarez-Ossorio.

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Libra a los defraudadores que se acogieron

La amnistía, según datos del sindicato de técnicos de Hacienda, consiguió recaudar 1.191 millones de euros, la mitad de los 2.482 millones que había previsto el ministro de Hacienda. Sin embargo, el Constitucional , en virtud del principio de seguridad jurídica, ha rechazado que el fallo afecte a todos aquellos defraudadores que se beneficiaron del real decreto del Ejecutivo conservador para regularizar sus patrimonios. "Nos preocupa que el TC avale que no se pueda pedir a esos personajes que se acogieron a la amnistía las cantidades que defraudaron a la Hacienda Pública", ha criticado la vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo (Unidos Podemos).

Montoro siempre ha rechazado dar a conocer la identidad de los que se aprovecharon de la amnistía. Una lista que, entre otros, integran personas como Luis Bárcenas, Francisco Granados, el empresario David Marjaliza, Rodrigo Rato o Alberto López Viejo. Todos ellos, imputados en escándalos de corrupción. Sin embargo, Mollinedo explica que aunque sean condenados, no se les podrán reclamar las cantidades defraudadas. "Ellos están siendo juzgados por otros asuntos, no por la amnistía. Como la decisión del ministerio fue que los capitales aflorados se consideraban renta declarada, pues consiguieron la eximente completa, incluidos los supuestos de los delitos fiscales que podrían haber cometido".