Así será la primera Asamblea Ciudadana para el Clima: 100 ciudadanos al azar para proponer medidas al Gobierno y Congreso

Cien ciudadanos escogidos al azar representativos de la sociedad española se reunirán, previsiblemente a partir de otoño de este año, en cinco sesiones en las que tratarán de responder a una pregunta: "Una España más segura ante el cambio climático, ¿cómo lo hacemos?" Ellos serán la Asamblea Ciudadana para el Clima, según ha informado este miércoles el Ministerio para la Transición Ecológica. El Gobierno cumple así con el compromiso adoptado hace más de un año, cuando declaró la emergencia climática. "El Ejecutivo se compromete a ejecutar cinco de las 30 medidas en los primeros 100 días de Gobierno. Entre ellas [...], la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que incluirá la participación de los jóvenes", prometió. 

Lo hizo el 21 de enero de 2020. La historia que viene detrás ya se conoce: llegó la pandemia y la vida —casi toda— se paró. También este compromiso. Ahora, más de un año después, el Gobierno anuncia que ya ha publicado un proyecto de orden ministerial —abierto a consulta pública hasta el próximo 26 de junio— que dará el pistoletazo de salida al compromiso de crear ese órgano , que ya ha funcionado en otros países como Francia, Reino Unido o Escocia. Todas con el mismo objetivo: decidir cómo combatir el cambio climático y adoptar la transición ecológica de la forma más justa posible. Y, sobre todo, más diversa, con el mayor número posible de puntos de vista.

Por eso el Ministerio de Teresa Ribera asegura que el reclutamiento de los cien ciudadanos que formarán parte de la Asamblea será aleatoria. Se encargará una consultora escogida mediante una consulta pública en la que tendrá que plantear una buena metodología para que la elección de los miembros del órgano sea lo más representativa posible de la sociedad española. Habrá hombres, mujeres, jóvenes, mayores, con más estudios, con menos, más sensibilizados con la crisis climática, menos concienciados, etc. El objetivo, indica el Ejecutivo, es que haya de todo. Y, en principio, que reciban una retribución similar a la que reciben los miembros de las mesas electorales. 

Previamente se habrá lanzado una página web que contenga toda la información de la Asamblea y se habrán formado dos equipos técnicos independientes: uno que se encargue del reclutamiento de los participantes y otro que participe y acote los debates internos del órgano. En paralelo, un equipo de "embajadores" funcionará a modo de portavocía de los avances que se vayan produciendo durante las diferentes sesiones.

Y estas, ¿cuándo serán? Tendrán lugar los fines de semana —previa calendarización para facilitar la organización de cada miembro— y, al menos en principio, se celebrarán una vez al mes de manera telemática. Tendrán tres fases: una primera que consistirá en el "aprendizaje y conocimiento" de la situación que ha llevado a la creación del órgano, una segunda de discusión y debate de las temáticas concretas, así como de propuesta de soluciones, y una tercera de preparación de las recomendaciones. Una vez consensuadas, se presentarán al Gobierno y, también, al Pleno del Congreso de los Diputados. 

Pero no serán vinculantes. El Ejecutivo y los grupos parlamentarios de la oposición escucharán simplemente esas propuestas, que podrán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar nuevas leyes o normativas. O no serlo, claro. En cualquier caso, la idea del Gobierno es que el resultado de la primera Asamblea Ciudadana para el Clima llegue a la Cámara Baja en el primer trimestre de 2022. 

"La Asamblea se configura como un ejercicio participativo deliberativo para generar reflexión, conocimiento colectivo, debate y consensos sobre cuáles deben ser las soluciones a las grandes transformaciones que es necesario acometer, y lo hace en un contexto normativo favorable: España cuenta ahora con un marco estratégico de energía y clima que permitirá a nuestro país ser más resiliente a los impactos del cambio climático y climáticamente neutro para mitad de siglo", asegura el departamento de Teresa Ribera.

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Tras la recién aprobada Ley de Cambio Climático

La noticia del pistoletazo de salida ha llegado apenas seis días después de que el Congreso de los Diputados aprobara, tras años de retrasos y varias repeticiones electorales que dejaron la norma en el cajón, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. No es casualidad. El artículo 39 del texto de la norma, que apela directamente a la "participación ciudadana" establece que para la elaboración de "los planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter general que se adopten en la lucha contra el cambio climático y la transición energética" el Ejecutivo "garantizará de forma estructurada la participación ciudadana [...] a través del establecimiento de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático a nivel Nacional". 

Ese mandato directo, y el palpable aumento de la sensibilización en materia de lucha contra la crisis climática, afirma el Gobierno, son las razones por las cuales se cree que es ahora el momento oportuno para poner en marcha la Asamblea. Y que la pandemia impidió conformarla tal y como se planteó, dicen desde el Ministerio, que admite también que, por ahora, desconoce si se celebrarán más asambleas en este sentido.