Una sicav sin fondo

En España, el fondo voluntario de pensiones de Luxemburgo no tiene parangónLuxemburgo . Hasta enero de 2012, el Congreso y el Senado hicieron aportaciones a un fondo privado de pensiones para parlamentarios creado en el verano de 2007, pero esas aportaciones se limitaron al 10% mensual de la llamada asignación constitucional (el salario base de un diputado o senador), es decir, unos 280 euros.

Al fondo de los eurodiputados, y según datos oficiales de 2007, la Eurocámara aportaba una cifra que multiplica por ocho la del Congreso: 2.236 euros al mes por cada miembro cuyo fondo de pensiones voluntario sigue gestionando la sicav de Luxemburgo. Este saco de las pensiones voluntarias tiene necesariamente suelo y fondo. Pero, de momento, el Parlamento da tratamiento de secreto de Estado al asunto de cuánto dinero público ha destinado en total a esa iniciativa, voluntaria y adicional, como la definen los documentos oficiales.

Aportaciones congeladas

También los funcionarios españoles tienen un fondo privado de pensiones. En 2011, el Gobierno congeló sus aportaciones por la crisis. Hasta entonces, equivalían al 0,5% de la masa salarial.

En el caso de Estrasburgo, y tomando como fuente la información oficial del Parlamento sobre el ejercicio 2006, la institución aportaba en esas fechas 2.236 euros al mes por cada eurodiputado adscrito al fondo. Según el diario Expansión, hasta la entrada en vigor del sistema único de retribuciones en 2009, cada eurodiputado recibía los siguientes ingresos: el sueldo que le pagaba la administración de su país –en el caso español, en torno a 2.800 euros, que era el salario base establecido para un diputado al Congreso-; dietas de alojamiento y manutención por 287 euros al día (7.462 euros si se computan 26 días de trabajo por mes), más dietas de 4.052 euros por mes para gastos generales (oficina, teléfono, correos, equipos informáticos, etc.).

Una aportación al fondo que equivalía casi al 20% de los emolumentos

Si se tienen en cuenta solo esos 11.514 euros abonados por el Parlamento Europeo –por gastos de manutención y alojamiento y gastos generales-, la conclusión es la siguiente: la institución aportaba al fondo “voluntario” de pensiones de Luxemburgo un porcentaje equivalente al 19,4% de los emolumentos públicos percibidos por cada eurodiputado.

Los 2.236 euros que la Cámara desembolsaba por cada diputado equivalían a dos tercios de los ingresos totales que el fondo debía recibir al mes por cada uno de sus miembros. Pero, en realidad, el porcentaje de aportación pública al fondo era mayor: porque el otro tercio ni siquiera salía del bolsillo del eurodiputado sino de las dietaslas dietas para gastos generales. Varios documentos del Parlamento Europeo muestran la preocupación de la Cámara por que se garantizase el reembolso de esas dietas.

Pero las diferencias entre el fondo de los eurodiputados, el del Congreso y el de los funcionarios no se limitan al abismo de aportación de dinero público que media entre el primero y los otros dos.

En los últimos días, analistas económicos y medios tradicionalmente críticos con la figura de la sicav como refugio fiscal de grandes fortunas han puesto el acento en subrayar que todos los fondos invierten en sicav. Y en que Luxemburgo, por supuesto, es un país honorable y ajeno a los usos y costumbres de los paraísos fiscales.

No comparte información

Pero Luxemburgo es, junto con Austria, el único país de la UE que todavía no comparte con sus socios información sobre cuentas, fondos de pensiones y otros productos bancarios mantenidos por ciudadanos de otros países de la Unión. A esa seña de identidad, ampliamente conocida por expertos en ingeniería tributaria, se une otra igualmente típica de los territorios offshore: una bajísima tributación con la que difícilmente pueden competir los restantes países de la UE. Si se cumple la directiva aprobada en marzo, tanto Luxemburgo como Austria terminarán con el secreto bancario a lo largo de 2015.

Pero, además, no se trata de que el fondo de Luxemburgo invirtiese en una sicav como podría haberlo hecho el fondo de pensiones de los funcionarios. O el de los diputados al Congreso, gestionado por el BBVA por encargo directo de la Cámara. La diferencia sustancial estriba en que la sicav de Luxemburgo tiene un solo y único propietariosicav de Luxemburgo: la asociación sin ánimo de lucro formada por los europarlamentarios que pertenecen al fondo.

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Es decir, la sicav vehiculaba todas las inversiones del fondo por decisión de su asamblea y su consejo de administración. Ambas entidades, la asociación y la sicav, comparten nombre: Fonds de Pension-Députés au Parlement Européen. La asociación va acompañada de las siglas asbl (que en francés significa asociación sin ánimo de lucro) y la sicav lleva, claro, el sufijo sicav.

En Luxemburgo, las sicav como la europarlamentaria, que pertenece a la categoría FIS (Fondos de Inversión Especializados), solo pagan un impuesto. Y ese impuesto equivale al 0,01% de sus activos netos. En la primavera de 2013, el Parlamento difundió un documento titulado “Comentarios sobre el balance 2012”.

La Nota J de ese documento dice lo siguiente en su tercer párrafo: “Existe no obstante una obligación general para el Parlamento Europeo de garantizar el pagoParlamento Europeo de esas pensiones a los beneficiarios aun en el caso de que los haberes del Fondo de Pensiones no lo permitieran en el futuro”. El documento puede consultarse aquí (en francés).