"El sistema residencial español es un fraude"

"Estamos tristes, hartos e indignados a partes iguales". Así resume Paulino Campos, portavoz de la plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias y presidente de REDE (la federación gallega de organizaciones de familiares y usuarias) el sentir previo de los organizadores de la manifestación que se celebrará este sábado en Madrid. Los familiares de los residentes en centros de mayores salen a la calle para reiterar que el nuevo modelo acordado el pasado mes de julio por Gobierno y comunidades autónomas es insuficiente y reclaman más personal, inspecciones y centros públicos. El objetivo final es que nuestros mayores tengan una vida digna.  

La convocatoria para la manifestación, una carta a la ciudadanía sobre otro modelo de residencias, comienza asegurando que estamos en un momento "crucial", ¿por qué es tan importante convocar ahora esta manifestación?

Hablamos de un sistema inmundo, como es el de las residencias en España. Las familias en una inmensa proporción no quieren ni desean enviar a sus mayores a las residencias. Circula una leyenda urbana asegurando de que nos desprendemos de nuestras responsabilidades como hijos, y esto es manifiestamente falso. Esto se produce cuando llega un momento desgraciado en el que tu madre o tu padre precisan cuidados asistenciales durante las 24 horas del día. Buena parte de las personas que hemos sido, o somos, víctimas del deleznable modelo usurero y mercantilista que domina la atención o los cuidados no teníamos ni idea de lo que ocurría en la trastienda de estas instalaciones. 

Pero el sistema sanitario público español expulsa a las personas mayores de los hospitales y no tienen cabida en nuestra sanidad. Es la propia administración pública la que nos señala a los hijos el camino de las residencias. Y ese camino, curiosamente, en España está ocupado en el 88,6% por entidades privadas que ofrecen unos servicios aparentemente maravillosos. Y eso no es cierto porque no existen: el sistema residencial español es un fraude. En las residencias no se piensa en el factor humano, prima el resultado económico de unas instalaciones donde los mayores son aparcados. Sufren deshidratación, desnutrición, padecen vejaciones, los malos tratos se han institucionalizado, se les ha despojado de sus derechos, no tienen voz… 

Tras la pandemia, ¿cuál es la situación actual de las residencias?

Por un lado, está la vulneración de los derechos fundamentales de las personas que allí están ingresadas y también de sus familias. Y, por otro, se ha eliminado cualquier vestigio de la dignidad humana. Las administraciones nos transmiten ahora una burda falacia de que por fin se ha recuperado la normalidad en estos centros y nada más lejos de la realidad. De aparcamientos indecorosos hemos pasado a búnkeres totalitarios donde los directivos de empresas privadas, con conductas psicópatas muchos de ellos, han secuestrado, con el apoyo de las administraciones, los derechos fundamentales y constitucionales de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. 

Son 35.000 personas mayores y personas con discapacidad las que han muerto en las residencias fruto de esa deleznable gestión de la pandemia en esos centros. Hemos matado a 35.000 mayores. La sociedad entera es responsable de conducta criminal si se pasa la página en blanco en la investigación de esta masacre que se vivió en las residencias y no podemos volver a poblar nuestra historia contemporánea de más cadáveres en las cunetas o en los armarios. Las víctimas y sus familias necesitan, necesitamos, un reposo digno. Tenemos la necesidad que solo puede venir dada por una investigación, por las explicaciones, por la asunción de responsabilidades también. 

La manifestación llega después del acuerdo alcanzado en julio por Gobierno y comunidades sobre el nuevo modelo de residencias. Desde la plataforma han sido muy críticos y lo consideran insuficiente…

Ha sido un desatino. A pesar de esto, las familias y los usuarios vamos a exigir que las autonomías cumplan con estos acuerdos. Estamos hablando de insuficiencia, pero también hay algunos avances, sobre todo comparados con la primera y última normativa, que es la única que existe, la del 2008.

La sociedad entera es responsable de conducta criminal si se pasa la página en blanco en la investigación de esta masacre que se vivió en las residencias

Una de las reivindicaciones es la apuesta por las residencias públicas.

Defendemos un sistema público de cuidados y de asistencia, de calidad, digno y siempre, y esto es muy importante, en el entorno familiar y geográfico. Todo esto en el acuerdo no se asegura y no se toca. En Galicia no se construyen centros de titularidad pública desde 2010, que fue justo el año en el que llegó Alberto Núñez Feijóo al Gobierno. Hay familias que llevan esperando cinco años por una plaza pública y otras se ven forzadas al destierro al ser enviadas a 200 kilómetros de su contexto familiar. Queda una labor ardua en cuanto a la reordenación, reorientación o revisión de la oferta pública y privada. 

Tampoco hay que olvidarse de las macrorresidencias. Como desveló infoLibre, en la actualidad hay en España más de 850 operativas y otras 150 están en construcción. Además, recientes estudios aseguran que el tamaño tuvo un impacto directo en el número de muertes…

En el acuerdo no se estipula la eliminación del modelo hotelero imperante para su transformación en un hábitat más reducido. Nosotros hemos hablado de 60 plazas máximo, con divisiones en grupos o en unidades de convivencia. Al final ha quedado en 120. Y es sorprendente porque el Gobierno comenzó hablando de un límite de 50, que a nosotros nos parecía extraordinario. Pero al final las presiones de lobbys, patronal y las propias comunidades autónomas han determinado que se haya quedado en el 120. Por lo tanto, las macrorresidencias van a seguir existiendo.

Ustedes piden más personal. El nuevo plan propone que el ratio de trabajadores sea de 0,43, y la plataforma pide que sea de 1,13, ¿por qué es tan fundamental este aumento?

El contingente laboral está más escuálido que nunca, existe un déficit. No existen las trabajadoras necesarias ni en número ni en formación apropiadas. La existencia del personal suficiente para la atención necesaria de los residentes va a marcar la frontera entre vivir con calidad y dignidad o convertir estos años en un infierno. Qué es realmente lo que son ahora las residencias, por esa insuficiencia notoria de personal. 

La atención médica y el control de la salud de los residentes deben hacerse desde la sanidad pública siendo los referentes los centros de atención primaria. Esto está explicitado en el acuerdo, pero no está solventado, no está suficientemente explicado. También exigimos un servicio médico y de enfermería las 24 horas, que tampoco está explicitado. 

Y el mismo déficit de personal sucede en los departamentos de inspección de servicios sociales. Es decir, las direcciones de las residencias se sienten inmunes e impunes en vista de la deficiente labor de vigilancia de la administración. 

El contingente laboral está más escuálido que nunca, existe un déficit

Ahora son las comunidades las que tienen que implementar este modelo y algunas de ellas ya han dicho que no lo van a hacer, ¿qué acciones van a implementar ante esta inacción, van a presionar a los gobiernos autonómicos de alguna manera?

El otro día estuvimos reunidos con los sindicatos, con UGT y CCOO a nivel estatal, que respaldan la protesta del sábado, y estamos camino de llegar a un entendimiento en cuanto a trasladar este tipo de movilización estatal a las diferentes comunidades. Ahora se abre un plazo de nueve meses a partir de junio en el que las comunidades tienen que implementar en sus respectivos territorios las nuevas medidas u otras, que pueden ser mejorables. Pero resulta que seis comunidades autónomas ya han mostrado que no van a hacer caso, no van a acatar estos acuerdos. La gran mayoría están comandadas por el PP: la Comunidad de Madrid, que fue la primera en alzar la voz y también se han unido Galicia, Murcia, Andalucía y Castilla y León. Y el fuego amigo, es el de la socialista Castilla-La Mancha.

Vamos a ser muy beligerantes con estas seis comunidades y vamos a seguir muy de cerca qué van a hacer con los acuerdos que tienen que trasladar a las normativas. Y si es verdad que no lo van a hacer vamos a solicitar al Gobierno central que, por un lado, los lleve al contencioso porque entendemos que esos acuerdos son de obligado cumplimiento. También lo entiende así el Gobierno central. Y si no atienden a estos requerimientos, solicitaremos que estas comunidades insumisas no sean financiadas por el dinero que también está suscrito en estos acuerdos. 

Tras conocer el acuerdo, ¿cree que las autoridades y las empresas del sector han aprendido algo de la tragedia que se vivió en las residencias durante la pandemia?

Lo único que han aprendido es a seguir operando como lo estaban haciendo. No quieren ni que exista otro modelo ni reubicarse en una nueva situación porque ganan mucho dinero. Decirles que tienen que dejar de ser avariciosos no es un plato de buen gusto para ellos. La mayor parte de las empresas son fondos de inversión, la propia Iglesia católica, grupos integrantes del Ibex… Todas estas empresas se miden por unos requisitos económicos. Las patronales juegan perfectamente en este tablero. Saben perfectamente por dónde encaminar sus movimientos.

Estamos también muy preocupados porque no existe hasta ahora ningún gesto, ningún cambio en el talante de las administraciones en cuanto al ninguneo que está presidiendo las relaciones inexistentes entre las administraciones públicas y las familias. Esto es lamentable. En casi ninguna de las comunidades nos hemos podido sentar con ellos. En las dos únicas en las que sí hemos logrado algún tipo de avance, en la Comunitat Valenciana y Andalucía, hemos salido descontentos porque en la práctica no se ha avanzado absolutamente nada.

¿Y cómo se sienten las familias ante esa situación?

Somos pesimistas ante el ninguneo de las administraciones y la trama con la iniciativa privada. Las empresas tienen la sartén por el mango. Pero la manifestación es un primer paso histórico. Aún estamos soportando el dolor de tantos muertos, pero sabíamos que esto iba a suceder: se abrieron las puertas y las ventanas de las residencias de par en par para que entraran los virus. Y se abrieron por las negligencias y las malas prácticas que ya veníamos observando a lo largo de los años anteriores. Por eso siempre decimos que el virus no fue realmente el que causó el desastre, el desastre ya venía precedido por los fallos de los humanos, de los bichos de dos patas. El virus se alimentó del desastre anterior. 

El virus no fue realmente el que causó el desastre, el desastre ya venía precedido por los fallos de los humanos, de los bichos de dos patas

Entregaron más de 100.000 firmas a la Fiscalía y al Congreso para pedir que se investigue qué pasó en las residencias…

Sí, pero queremos entregar más de 200.000: 150.000 que aportan tanto Manuel Rico como Fernando Flores, recogidas en Change.org, y también se ha unido a esta acción otras 50.000 firmas de Amnistía Internacional. 

Ya es público que en el Congreso han evitado el encuentro, ¿qué les pareció la respuesta de Meritxell Batet?

No nos ha gustado cómo nos ha contestado la presidenta del Congreso. Se desentiende de su papel de máxima representante de la institución y sólo trata de intermediar para que los partidos políticos tomen en consideración nuestra petición de investigación. Pero ella como representante máxima ha dicho que se va a mantener en la neutralidad. Y esta es una palabra que no nos ha gustado, nos parece una postura y una actitud inaceptable: no se puede ser neutral ante 35.000 muertos. Esto no se admite. 

Batet, como representante máxima del Congreso, ha dicho que se va a mantener en la neutralidad. Y esta es una palabra que no nos ha gustado, nos parece una postura y una actitud inaceptable: no se puede ser neutral ante 35.000 muertos

En la Fiscalía General del Estado les han dado largas por la enfermedad de Dolores Delgado, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo esta reunión, teniendo en cuenta que se ha producido un relevo y que ahora está al frente Álvaro García Ortiz? ¿Ya tienen fecha? 

Se dirigieron con bastante asiduidad y periodicidad durante la convalecencia de Dolores Delegado e incluso hubo un ofrecimiento de otra persona para que se reuniera con nosotros. Pero tampoco teníamos prisa y podíamos esperar a Delgado. Ahora se ha producido un relevo y todavía estamos esperando una respuesta: no la tenemos desde que ha tomado posesión García Ortiz.

Resumiendo: no los reciben, los políticos dan carpetazo a las comisiones de investigación, los jueces también a muchas de sus querellas… ¿se sienten abandonados?

No, no nos sentimos abandonados. Podemos estar tristes a veces, porque no nos sentimos acompañados en una situación injusta y que no habla bien de la democracia española. Evidentemente somos pesimistas, porque no vemos un cambio en el horizonte cercano. Pero en este pesimismo, hay una brizna de optimismo en cuanto a que sí hemos observado algunos movimientos interesantes. 

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Veía el otro día en Twitter una frase que resume nuestro sentir: estamos tristes, hartos e indignados a partes iguales. Esto refleja muy bien nuestra resolución por hacer frente al futuro sea cual sea, con determinación, después de haber sufrido 35.000 muertes: ya no tenemos fuerzas para rendirnos. Que nadie espere que vayamos a bajar los brazos. Estamos cada vez más dispuestos y más unidos. Y cada vez somos más. 

Estamos tristes, hartos e indignados a partes iguales. Esto refleja muy bien nuestra resolución por hacer frente al futuro sea cual sea, con determinación, después de haber sufrido 35.000 muertes: ya no tenemos fuerzas para rendirnos

Cada vez son más y buscan más uniones, como las que comentaba con los sindicatos, ¿van a llevar acciones conjuntas con la Marea de Residencias?

Marea de Residencias es un movimiento de ciudadanos y nosotros somos una plataforma de colectivos, de asociaciones. Estamos unidos en la entrega de firmas y en la manifestación del sábado. Pero hay una cuestión que nos separa y que hay que trabajar. Marea de Residencias está a favor de una ley estatal de residencias y nosotros no la contemplamos. La mayor parte de las autonomías no iban a asumir que hubiese una ley estatal y habría un conflicto político extraordinario. Y lo importante es que se están vulnerando los derechos humanos de usuarios y trabajadoras y queremos otro modelo porque este no sirve.