Una trabajadora desvela que el Ministerio de Agricultura acordó pagar 40 millones a FCC por obras valoradas en 3,5 millones

La exdirectora de obra del proyecto para limpiar la contaminación del río Ebro en Flix (Tarragona) Azahara Peralta Bravo, desveló al juez que instruye el caso del agua, Eloy Velasco, que la empresa Acuamed, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, se comprometió a pagar a la constructora FCC 40 millones por unos trabajos que ella valoró en 3,5 millones, según consta en su declaración como testigo a la que ha tenido acceso infoLibre.

"En una reunión con FCC en las oficinas de Acuamed el 24 de junio [de 2015], la constructora presentó una reclamación de 40 millones de euros, y yo digo en esa reunión que se podrían abonar 3,5 millones de euros", explicó la extrabajadora de Acuamed que es ingeniera agrónoma y licenciada en Ciencias Ambientales. Pocos días después, el 7 de julio, recibió una carta de la dirección de Acuamed en la que le acusaban de haber cometido "ciertas iregularidades". Azahara Peralta Bravo fue despedida el 31 de julio de 2015.

La primera reclamación presentada por FCC a Acuamed, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, tuvo lugar en enero de 2014, cuando todavía era ministro el ahora comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, que cesó en su cargo el 28 de abril de 2014. FCC reclamó en ese primer momento 30 millones de euros.

El entonces director general de Acuamed, Arcadio Mateo, permanece en prisión desde el 20 de enero como cabecilla de una presunta trama de corrupción ligada a la empresa pública Acuamed, la responsable de importantes obras relacionadas con el área de Medio Ambiente.

"Se pagaron los 40 millones"

El juez Velasco le preguntó entonces a Azahara Peralta Bravo si sabía si la empresa pública en la que trabajaba llegó a un acuerdo final con la constructora: "El 13 de julio me entero de que hay una reunión con FCC en Madrid a la que yo no estoy convocada, en la que se llega a una serie de acuerdos, que consistían en que se pagaban esos 40 millones de euros", resaltó la extrabajadora.

El magistrado se interesó después sobre si la testigo tenía constancia de que esos pagos se habían abonado: "Que yo tenga constancia no, porque fui despedida el 31 de julio, pero en una reunión, el 22 de julio, nos comunican cómo tenemos que hacer el expediente, que se divide en varias partes: una, la liquidación; otra, la convalidación del gasto, y la tercera sería un proyecto complementario, y todo eso suman los 40 millones. Sólo la convalidación del gasto son alrededor de 32 millones", completó la extrabajadora de Acuamed, que resaltó que no tenía constancia del abono, ya que está fuera de Acuamed.

Secretario de Estado

A preguntas de la fiscal, la testigo confirmó que en la reunión en la que se acuerda pagar a FCC los 40 millones habrían participado "el secretario de Estado, la directora general de Aguas, Arcadi Mateo y la presidencia de FCC". Según la declaración de Azahara Peralta Bravo, ella tuvo conocimiento de este reunión por un correo electrónico que le fue enviado el 18 de julio de 2015.

El instructor la interpeló también por la opinión de la testigo sobre el despido de otra trabajadora de Acuamed: "¿Sabe por qué han cesado a Gracia Ballesteros", preguntó Velasco, a lo que Azahara Peralta Bravo contestó: "Por ciertas presiones que también estaba sufriendo por parte de la empresa..". Y el juez la interrumpió: "¿Fue presionada por portarse bien?, ¿por cumplir la ley? ¿En esta empresa se echaba a la gente que se portaba bien y velaba por los intereses públicos?", volvió a preguntar el juez, a lo que la testigo contestó. "Pues eso creo".

"¿Financiaban un partido?"

Después, Velasco la interrogó sobre los beneficios que la testigo creía que podrían tener "los que se portaban mal". "¿Qué ganaban?, ¿dinero?, ¿financiaban un partido político?, ¿cumplían órdenes de alguien?, ¿se lo llevaban a casa?". "No lo sé", respondió de forma escueta la extrabajadora de Acuamed.

"¿Para qué nombran a Pablo Martín?", se interesó de nuevo el juez, a lo que la testigo contestó: "Pues para solucionar el problema del pantano de Flix. Y lo hizo en cinco días". ¿Y para qué lo ponen ahí?, volvió a preguntar el instructor. "Pues supongo que para solucionar las discrepancias que había entre FCC y Acuamed...". "¿Y qué gana el señor Martín?¿No es cierto que usted sabe que alguien ha colocado en una empresa a varios familiares?", prosiguió el juez, que obtuvo de extrabajadora de Acuamed un escueto: "No lo sé".

Al final de la declaración, de unos 20 minutos, Velasco interpeló a la testigo sobre si había oído que el pago de 40 millones podría haberse acordado como contraprestación a otras obras diferentes, en concreto por las de la desalinizadora de Bajo Almanzora, en Almería. "¿Sabe si se debía dinero a FCC y Flix iba a ser la obra con la que compensarle a FCC?". "Sí, lo había escuchado", respondió rápidamente la testigo, que no supo identificar el origen de esta versión que había escuchado por Acuamed. 

Compensar las pérdidas

El juez considera que la diferencia entre los 40 y los 3,5 millones trataba de compensar las pérdidas de la empresa en otra de las obras encargadas por Acuamed. En concreto, las realizadas en la desalinizadora del Bajo Almanzora, en Almería, que sufrió una inundación y por la que no había sido contratado un seguro.

Una segunda empleada de Acuamed también alertó en su declaración al juez Velasco sobre irregularidades en la gestión de la empresa pública. Gracia Ballesteros, ingeniera de caminos que trabajó como gerente territorial en Acuamed, denunció ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que la empresa pagó dos millones de euros por una escollera que "no existía", en un contrato para la obra Rambla Gallinera, en Valencia, informa Europa Press.

"Fui a la obra, y no había escollera", señaló ante el juez que investiga los contratos presuntamente fraudulentos en esta empresa pública ligada al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

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"Era falso"

Pese a ello, Acuamed había certificado esas "unidades inexistentes" de dicha obra. "Era fácil de detectar que era falso", precisó Ballesteros, que fue destituida de su puesto como gerente de la Confederación del Júcar y, finalmente despedida en julio de 2015.

Gracia Ballesteros defendió ante el juez que fue cesada como represalia por negarse a dar el visto a bueno al "montaje" y a las prácticas fraudulentas de Acuamed a pesar de que recibió presiones por parte del principal acusado en la trama y entonces director general, Arcadio Mateo.