Los tres años y medio de CGPJ caduco dejan un agujero en el Supremo de casi un 20% de la plantilla

Madrid, 4 de diciembre de 2018. La entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, hace un llamamiento a la oposición para "volver a sentarse" a negociar la renovación de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que acaba de concluir mandato. Solo han pasado dos semanas desde que un whatsapp enviado por el portavoz conservador en el Senado hiciese saltar por los aires las conversaciones entre las dos grandes formaciones políticas del país. Pero eso no impide que la ministra apremie a los conservadores para que se sienten de nuevo en la mesa de diálogo: "Se trata de dar cumplimiento a la Constitución". Tres años y medio después, ni Delgado está en el Gobierno ni Pablo Casado dirige el principal partido de la oposición. Pero el bloqueo continúa. Y esta situación de interinidad está afectando de forma preocupante al Supremo, donde los más de 1.200 días de CGPJ caduco ya han dejado un agujero en su plantilla de casi el 20%.

Durante los dos primeros años de mandato caducado, el órgano de gobierno de los jueces estuvo llevando a cabo más de medio centenar de nombramientos discrecionales en todos los niveles. Al fin y al cabo, no había ningún precepto legal que se lo impidiera. Una situación a la que, sin embargo, se decidió poner freno hace un año con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que imposibilita estas designaciones cuando el CGPJ se encuentra en funciones. Desde entonces, y según los datos facilitados por el órgano a este diario, se han acumulado 62 plazas vacantes sin cubrir en la cúpula judicial. Algunas, por jubilación. Otras, por fin de mandato, renuncia, nombramiento para otro puesto o fallecimiento. Media decena corresponden a la jurisdicción militar. El resto, a la ordinaria.

En las audiencias provinciales hay 16 plazas pendientes de cubrir, entre ellas la presidencia de la Audiencia de Cuenca, que lleva caducada desde mediados de marzo. Y en los tribunales superiores las vacantes ascienden a 25, entre las que se encuentran las presidencias en Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Comunitat Valenciana. En este sentido, los últimos dos puestos que han quedado libres han sido los del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ andaluz –sede de Málaga– y el de la magistrada de la Civil y Penal del TSJ riojano, el primero por finalización de mandato y el segundo por jubilación. El 25 de mayo, los presidentes de los tribunales superiores de justicia tacharon de "incomprensible" que en un Estado de derecho se incumpla de forma "flagrante" el "mandato constitucional" de renovar el Poder Judicial.

A estas hay que sumar una en la Audiencia Nacional: la que ha dejado al frente de la Sala de lo Penal Concepción Espejel tras su salto al Constitucional. Y otras seis más en la jurisdicción militar, donde el pasado mes de octubre el órgano de gobierno de los jueces tuvo que asumir "con carácter extraordinario" las competencias de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central ante la imposibilidad de nombrar un nuevo presidente tras el paso a la reserva del último de ellos. "El pase a la situación de reserva del presidente o del vocal togado en activo supone per se una paralización temporal de las funciones gubernativas", explicaban desde el Consejo General del Poder Judicial.

Un "problema" en el Supremo

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces no creen que estos agujeros en audiencias y tribunales superiores vayan a causar quebraderos fuertes de cabeza. "Siguen en funciones", señalan. El "problema", más bien, lo ven en el Supremo. El Alto Tribunal tiene ahora mismo 14 vacantes sin cubrir, lo que equivale al 17,7% de la plantilla legalmente prevista –79 magistrados entre todas sus salas–. Una cifra que alcanzará el 20% si nada cambia antes del próximo mes de octubre. "Una situación que no hay organización que pueda resistir, máxime cuando tales vacantes se producen en puestos que, evidentemente, no tienen articulado un sistema legal de sustitución como en el resto de puestos de la carrera judicial", advertía la Dirección del Gabinete Técnico del Supremo en un informe elaborado hace solo ocho meses.

Aquel documento advertía de que el agujero en el Alto Tribunal tendría "consecuencias desfavorables" tanto en lo concerniente "a la actividad de admisión de los recursos de casación" como en lo relativo "a la fase de enjuiciamiento y decisión de los litigios". Un problema que, continuaba, no puede "ser remediado" por mucho que se quiera hacer un "sobreesfuerzo" asignando más ponencias a los magistrados. "La formación de la doctrina jurisprudencial que ha de orientar la actividad de todos los órganos judiciales de las distintas jurisdicciones requiere de un estudio y deliberación muy reflexivo y cuidado", avisaba el Supremo. Y ponía cifras al impacto derivado de este problema: un millar de sentencias menos al año.

No todas las Salas se encuentran tensionadas del mismo modo. Así, mientras que la de lo Penal no tiene vacantes pendientes, la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo sobreviven con un agujero superior al 20%. La primera acumula tres plazas sin cubrir de los trece magistrados que la integran –un 23%–, lo que supone un problema teniendo en cuenta que los asuntos que asume se han ido incrementando a un ritmo del 20% anual. La segunda, que debería estar conformada por 33, tiene 8 puestos sin cubrir, lo que equivale al 24,2% de la plantilla. El Supremo ya se vio obligado a impulsar a comienzos de año una reorganización interna de esta Sala Tercera para hacer frente a esta "situación límite". Ahora, con solo 25 magistrados en activo, la de lo Contencioso-Administrativo cuenta con el "mínimo legal" para poder constituir sus cinco secciones.

Una renovación que no termina de llegar

Desde que aquel whatsapp del conservador Ignacio Cosidó hablando de controlar la Sala de lo Penal del Supremo por "la puerta de atrás" hiciese descarrilar las negociaciones entre PP y PSOE, la renovación del Poder Judicial ha sido una de esas cuestiones en permanente tira y afloja entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Cada cierto tiempo, y entre el fuego cruzado de socialistas y conservadores, saltaba a la palestra un nuevo intento por desbloquear la situación. "Todo es posible con voluntad de acordar y de ceder", aseguraba el pasado mes de octubre Teodoro García Egea, entonces número dos del PP, al calor de los pactos sobre el Tribunal Constitucional, la Agencia de Protección de Datos, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas. El problema es que esas negociaciones alrededor del CGPJ nunca terminaron llegando a buen puerto.

Las asociaciones judiciales han pedido en repetidas ocasiones la renovación inmediata del Poder Judicial. Igual que su presidente, Carlos Lesmes, que durante estos tres años y medio ha urgido en numerosas ocasiones a cumplir con el mandato constitucional, ya sea por carta remitida al Parlamento o a golpe de discurso. La última hace dos semanas durante la inauguración de la nueva Ciudad de la Justicia de Vigo, donde mostró su esperanza de que haya un acuerdo "antes del verano", toda vez que la oposición cuenta con un nuevo líder, en referencia a Alberto Núñez Feijóo.

En el PP juegan con la idea de pactar una serie de nombres que sean presentables y que alejen al máximo posible la sombra de la politización que siempre ha estado presente sobre el órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, el plan se mantiene en estos momentos en stand by. Oficialmente, desde la formación conservadora han responsabilizado al Ejecutivo de Sánchez del frenazo. "Hay que esperar a que se rebaje el nivel de crispación que ha introducido el presidente del Gobierno", decía Feijóo a mediados de mayo en referencia al "mangantes" que Sánchez dirigió a la bancada conservadora durante un Pleno en el Congreso. Sin embargo, a nadie se le escapa que las elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina. Y nadie espera que se vaya a alcanzar un acuerdo de esta envergadura antes de los comicios.