El TSJ catalán envía a juicio a Torrent por presunta desobediencia cuando presidía el Parlament
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado la apertura de juicio oral al expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, por presunta desobediencia grave, según un auto recogido por Europa Press. La causa judicial afecta a Torrent y a tres exmiembros independentistas de la Mesa de la Cámara catalana, que presuntamente desobedecieron al Tribunal Constitucional (TC) al tramitar propuestas de resolución relacionadas con el proceso independentista -una reivindicaba la autodeterminación y otra reiteraba la reprobación al rey-.
El TJSC también ha decretado la apertura del juicio oral para los exmiembros de la Mesa del Parlament Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado.
La magistrada ha ordenado dar traslado del auto a los acusados a través de su representación procesal, para que puedan presentar un escrito de defensa en un plazo de 10 días. Ha afirmado que los indicios contra ellos han quedado confirmados en sede de apelación, con lo que queda "excluida la procedencia de un sobreseimiento en este momento".
Según recoge el auto, la Fiscalía considera que Torrent, Campdepadrós, Costa y Delgado, "siendo conocedores del contenido y los apercibimientos incluidos en las providencias del Tribunal Constitucional del 10 y 16 de octubre, y a pesar de la oposición del resto de los miembros de la Mesa", aceptaron el 22 octubre de 2019 tramitar una resolución sobre la Monarquía y el derecho a la autodeterminación. Planteada la reconsideración de la decisión de la Mesa por otros de sus miembros sobre la resolución, fue rechazada con los votos de Torrent, Costa y Campdepadrós en la sesión de la Mesa del 29 de octubre, en la que "ratificaron" la admisión a trámite de los textos.
También el 29 de octubre, Torrent, Campdepadrós y Costa admitieron a trámite una propuesta de la CUP que expresaba la "voluntad de ejercer de forma concreta el derecho de autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán". Así pues, Torrent "sabiendo que el Tribunal Constitucional acordaría de forma inmediata la suspensión de la tramitación de la moción", la tarde del 11 de noviembre decidió modificar la hora de inicio del Pleno señalado para el día 12, pasándolo de las 15 horas de la tarde a las 9 horas de la mañana.
El mismo día 12, a petición de 50 diputados de los grupos parlamentarios mayoritarios, se modificó el orden del día para que el punto sexto de la moción presentada por la CUP pasara a ser el primer punto del orden del día. Esta moción fue sometida a votación y aprobada por el Pleno, sin haberse solicitado ningún informe a los servicios jurídicos, tal y como habían interesado otros grupos parlamentarios.
Torrent ve "escandaloso" que le juzguen por permitir debatir sobre monarquía y autodeterminación
Torrent ha calificado de "escandaloso" que le juzguen por permitir debates en la Cámara catalana sobre monarquía y autodeterminación. Lo ha dicho en declaraciones a los medios este miércoles después de conocer la decisión del TSJC.
Aragonès ve la sentencia del 25% de castellano del TSJC como "una especie de 155 educativo"
Ver más
"Hoy nos llevan a juicio por defender la libertad de expresión y el derecho a la iniciativa parlamentaria. Querían que la Mesa se convirtiese en un órgano censor", ha lamentado Torrent, que considera que la autodeterminación y la monarquía son debates presentes en la sociedad y que se deben poder tratar en el Parlament.
Ha criticado que "la misma Fiscalía que archiva las actuaciones del rey emérito" sea la que le pida a él y a los exmiembros independentistas de la Mesa 20 meses de prisión por haber permitido el debate sobre la monarquía y la autodeterminación. El expresidente de la Cámara catalana ha explicado que afrontarán el juicio con tranquilidad e irán a defender "que en el Parlament se debe poder hablar de todo".
Considera que no se les juzgará por el debate que permitieron, ya que, según él, en otros parlamentos del Estado se han planteado debates similares sin consecuencias jurídicas: "Lo que molesta es que pensemos lo que pensamos y que el Parlament se pronuncie políticamente en la línea de lo que quiere la ciudadanía".
