¿Cuántos vertederos ilegales de neumáticos hay? (Y por qué existen)

El cementerio de neumáticos de Seseña, aún ardiendo, no es el único ilegal que existe en España. Al menos 12 de estos vertederos perviven en el país, ajenos a la legislación estatal que los prohíbe desde 2006 y ajenos, también, a cualquier tipo de censo que determine con exactitud dónde están, cuántas toneladas de residuos albergan y cuál es el peligro medioambiental que conllevan. En Salamanca, Fuerteventura o Cuenca se encuentran algunas de estas inmensas montañas de caucho y acero, aunque ninguna al nivel de la de Seseña, la más grande de Europa.

La razón de que existan estos cementerios es histórica. Antes del Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, la ley española no regulaba el destino de los neumáticos al acabar su –primera–vida útil, por lo que tendían a acumularse en vertederos cuyo incendio puede acarrear graves problemas medioambientales y de salud. Todo cambió con el decreto promulgado por el Gobierno de Zapatero, que estableció la obligatoriedad de reciclar estos objetos y, en el caso de que no sea posible, almacenarlos y quemarlos de manera controlada.

Al amparo de la ley nacieron los sistemas integrados de gestión de neumáticos usados, organizaciones sin ánimo de lucro promovidas por los principales productores para asegurar el reciclaje eficaz de estas piezas. SIGNUS y TNU son las ONG predominantes en el mercado. El productor paga una tasa por cada neumático, y los SIG se encargan de recogerlos, clasificarlos según su estado, enviarlos a triturar o a reparar y, si no vuelven a su propósito original, dejarlos listos para ser la materia prima de cementeras y de la construcción de carreteras, pistas deportivas o parques infantiles, entre otros muchos usos.

Este sistema es eficaz, según las opiniones consultadas por infoLibre. Los SIG recogen hasta un 15% más de neumáticos de los que les correspondería según las tasas pagadas por los productores. El problema radica en que antes de 2006 existía un grado peligroso de impunidad –pese a la normativa específica de cada comunidad– por el que muchas empresas se dedicaban a la compraventa sin pensar en el medio ambiente. La ley cambió, pero el caucho no desapareció.

La Comisión Europea alertó en abril a España del riesgo de incendio en dos de sus cementerios de neumáticos: en el de Seseña y en el complejo ambiental de Zurita, a las afueras de Puerto del Rosario (Fuerteventura), donde se acumulan 2.400 toneladas. El Cabildo de Fuerteventura negó la posibilidad de que el vertedero arda, y aseguró que ya está tramitando su conversión en un complejo más sostenible. Pretende utilizar estos residuos para preparar una capa de impermeabilización de una zona donde se verterán todo tipo de residuos inertes que se generen en la isla.

El Ayuntamiento de Cervera del Llano, un pequeño pueblo de Cuenca, ha pedido ayuda para liquidar las 80 toneladas de neumáticos almacenadas en su término municipal. También ha salido a la palestra el almacén de 10.000 metros cuadrados con estas piezas de Castellanos de Villiquera, un municipio de Salamanca. El vertedero no tiene vigilancia y se encuentra próximo a varias viviendas y municipios, según TVE.

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“Descontrol absoluto”

El responsable de campañas de Greenpeace, Julio Barea, califica como “descontrol absoluto” la situación de estos vertederos ilegales de neumáticos, ya que no se conoce con certeza su número exacto y su ubicación. “Las administraciones tendrían que saberlo. Es tarea de ellas”, afirma.

Julio Barea declara que espera que a raíz del incendio de Seseña se haga un censo de estos basureros: no solo de los de neumáticos, sino de los de otro tipo de residuos.