Baltasar Garzón: "El bloqueo del CGPJ es filibusterismo político"

La polémica inhabilitación como magistrado de Baltasar Garzón (Jaén, 1955) que tuvo lugar en 2012 ha vuelto a la actualidad estos días tras el dictamen, hecho público por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ha calificado como “arbitraria” esa inhabilitación y ha pedido “una reparación integral que repare sus derechos”. De momento, Garzón espera que el Gobierno asuma la resolución y actúe en consecuencia: “El Comité ha dicho, en defensa de la independencia judicial y de la libertad de interpretación, que los jueces no pueden ser coaccionados en la interpretación de las leyes con amenazas penales o disciplinarias”.

Como conclusión del dictamen, Garzón defiende su posición: “Siempre he dicho que no sé por qué me condenaron, porque en el Código Penal no viene que interceptar las comunicaciones entre unas personas privadas de libertad y alguno de sus abogados, habiendo indicios y previniendo todos los mecanismos para proteger el derecho de defensa, fuera delictivo. Por lo tanto, si no es así, no puedes condenar a nadie por haber realizado lo mismo que otros jueces en otros procedimientos y el propio juez que me sustituye hizo exactamente lo mismo y además, lo amplió”.

El exmagistrado, en la actualidad, mantiene su actividad como abogado y no duda en participar asiduamente en el debate público sobre los principales asuntos de la vida política, especialmente en aquellos relacionados con la justicia. El curso político se ha abierto en España con el recordatorio de los mil días del bloqueo que el Partido Popular mantiene para impedir la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El CGPJ y sus funciones

“El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces. No es un tribunal. No tiene funciones jurisdiccionales, sino funciones administrativas. El sistema de elección del CGPJ, un órgano constitucional, está regulado por su ley orgánica que ha sido modificada en varias ocasiones con las mayorías correspondientes en el Parlamento. Ese consejo es el que asume las competencias de organización, de selección, de formación, de nombramientos, etc., de los jueces. También tiene las funciones mucho más amplias de política criminal, de igualdad, de cooperación jurídica internacional; que le llevan a ser, probablemente, el Consejo General del Poder Judicial más amplio de toda la Unión Europea en competencias”.

El actual conflicto

“El problema radica en que, como se tienen que poner de acuerdo los grupos políticos, porque la elección es de tres quintos, si no hay un acuerdo entre PP y PSOE, que son las fuerzas mayoritarias, se hace inviable la selección. Hace ya casi tres años que tendría que haberse renovado ese consejo, que tiene un mandato de cinco años. De ahí el escándalo, aparte del sin sentido que tiene que esa institución se esté cuestionando en sus cimientos por la falta de decisión de los partidos políticos de cumplir su obligación en el Parlamento, que a su vez está bloqueada de forma sistemática por el Partido Popular porque, desde mi punto de vista, le interesa que sigan las cosas como están, porque actualmente la mayoría del consejo es conservadora, puesto que se eligió cuando el PP tenía mayoría absoluta en el Parlamento, en tiempos de Mariano Rajoy."

Las excusas del PP

“Creo firmemente que el establecimiento de vetos para designar a candidatos al CGPJ es inaceptable en una democracia. Las demás excusas son similares. Son inaceptables porque no se pueden cambiar las reglas de la elección cuando está vigente la ley. Lo que hay que hacer es cumplir la ley. Si después la ley se tiene que modificar, se modificará si hay las mayorías que establece el Parlamento que gobierna el poder legislativo, y si no, pues habrá que ganar unas elecciones para conseguirlo. Pero lo que no puedes hacer es decir: ‘Ahora no cumplo la ley porque no me interesa. Antes sí la cumplo porque sí me interesa’. La curiosidad es que en 2001 se modifica la ley orgánica, bajo el gobierno del PP, y se establece el sistema actual. Luego, en la época de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, se vuelve a renovar. Y entonces ahí sí le interesaba. Ahora no le interesa y no se renueva”.

Soluciones de salida

“Esto, parlamentariamente, es un auténtico filibusterismo político y en el ámbito social es prácticamente una tomadura de pelo a los ciudadanos. No nos merecemos esto ni el Poder Judicial se lo merece. Para desbloquear, sería muy oportuno que todo el Consejo General del Poder Judicial, con su presidente al frente, dimitiera de una vez por todas y forzara esa decisión. Hay un precedente. En 1996, cuando Pascual Sala era el presidente del CGPJ, se produjo un bloqueo similar y hubo seis vocales progresistas en aquel momento que dimitieron y provocaron esa decisión. Creo que tiene que ser una medida de este tipo porque si no, me temo que habrá una nueva excusa del PP y creo que habría que profundizar, porque entran en juego cálculos de tiempos, cinco años de mandato, pensando en qué elecciones se van a ganar, para ver qué miembros van a poner”.

Cambio del modelo de elección

“Que ahora se diga que la cuestión principal es que los jueces elijan a sus representantes en el consejo no deja de ser llamativo cuando ellos no lo hicieron cuando podían hacerlo. Y en todo caso, creo que no es un buen sistema. El órgano de representación popular, que es el Parlamento, no puede renunciar a nombrar a los vocales del CGPJ. Eso no quiere decir que también los jueces propongan a sus candidatos o que, si los eligen, habría que modificar parte de las competencias del CGPJ, que como he dicho antes, van más allá de las estrictamente orgánicas y corporativas. Y por tanto, si va más allá, todos los ciudadanos nos sentimos concernidos. Los ciudadanos, el único órgano de representación popular que tenemos es el Parlamento. Por tanto, hay que respetar ese sistema”.

El CGPJ como actor político

“En este momento, hay que respetar la ley. Si finalmente se decide en el Parlamento, con las mayorías correspondientes, modificar la ley orgánica, también creo honestamente que habría que modificar las competencias del Consejo. Si los jueces van a elegir a sus representantes en el CGPJ, este no puede ni debería tener más competencias que las estrictamente orgánicas: ascensos, elecciones, aspectos disciplinarios, etc., pero es que va más allá. Es un actor político de primera categoría que extiende su capacidad más allá del ámbito de los jueces como es la política criminal, la cooperación jurídica internacional, emite dictámenes, tiene comisiones sobre igualdad de género, sobre violencia contra la mujer. Es decir, tiene unas funciones exorbitantes fuera del ámbito estrictamente orgánico. Por tanto, los ciudadanos tienen derecho a nombrar a sus representantes en ese organismo”.

Secuestrar la Constitución

“Afirmar que el PP trata de secuestrar la Constitución, como ha dicho algún representante del PSOE o incluso el Ejecutivo, es muy grave, pero es bastante cierto. No sé si yo utilizaría el mismo término, pero lo que sí está claro es que el PP, por razones que creo que se pueden intuir, por muchos problemas que piensan que podrían paliar de alguna forma con esta obstaculización, lo que está produciendo es un descrédito progresivo y una desnaturalización de las instituciones que provocan una falta de credibilidad en las mismas y sobre todo en el sistema político y, por ende, en la democracia, en el sistema y en el Estado de derecho. Lo que tienen que hacer es solucionar el problema. Cuando no se quiere solucionar, se entra en el filibusterismo político parlamentario, que es reventar y reventar cualquier opción y cuando se demuestra algo, se pasa a la siguiente”.

La opinión de los jueces

“Creo que hay mucha confusión, incluso también en el propio sistema judicial. Evidentemente, yo no estoy en la piel de todos y cada uno de los jueces y juezas de este país. Las asociaciones son mayoritariamente conservadoras. El sector conservador de la judicatura es evidente. Es mayoritario, lo que, por otra parte, no representa a las mismas mayorías de la ciudadanía. En España, está clarísimo que, al menos un cincuenta por ciento, poco arriba o poco abajo, no vota conservador. Por tanto, si la organización o la asociación progresista, Jueces y Juezas para la Democracia, representa un quince por ciento de los asociados, pues fíjese el desnivel tan tremendo que hay. Es decir, no responde la tendencia conservadora de la judicatura a lo que representa en su cliente. Su cliente es el pueblo, es la ciudadanía”.

La independencia judicial

“No hay derecho a dudar, ni los jueces ni los ciudadanos, del sistema democrático y de la división de poderes. Lo que ocurre es que las actitudes influyen y la desconfianza se produce. Y la justicia precisamente no sale muy bien parada en esa apreciación, porque más del cincuenta por ciento de los ciudadanos y ciudadanas españoles no confían en ella. Por tanto, algo estamos haciendo mal, incluso dentro de la justicia. Hace unos días, en la apertura del año judicial, el presidente del CGPJ hizo unas afirmaciones muy duras frente a esta parálisis institucional de los dos partidos políticos mayoritarios. Pero claro, yo le diría también al presidente del CGPJ: "¿Y usted qué hace? Porque usted, su mandato, terminó hace casi tres años. Haga algo más. Se puede hacer algo más y dimitir para demostrar que está fallando el sistema”.

Politización de la justicia

“División de poderes no significa que cada uno vaya por su sitio, sino que funcionen en armonía. La politización de la justicia es cuando se utiliza el sistema judicial como una especie de guerra jurídica para atacar al oponente político o para debatir fuera del ámbito de la política cuestiones que son políticas. Vivimos en esos tiempos. Hay un abuso de la justicia. Hay un recurso permanente de determinadas fuerzas políticas a los tribunales para resolver cuestiones que no tienen contenido o que pueden resolverse y deben resolverse fuera del ámbito de los tribunales. Por tanto, eso es lo que hay que corregir. El tema del consejo es un ejemplo más del abuso que se está haciendo de la justicia y del sistema judicial. Y eso actúa siempre en contra de la ciudadanía, que integra un desánimo, un descrédito y una desconfianza cada vez mayor”.

Enric Juliana: "Si ERC exhibe temblor de piernas, mal asunto"

Ver más

La confianza ciudadana

“Evidentemente, la confianza de la ciudadanía en la justicia se ve resentida por todos estos fenómenos, unos nucleares, otros adyacentes, unos internos, otros externos, pero que confluyen en que el ciudadano y la ciudadana medios decidan que no va con ellos.

Bastante tienen con sufrir la acción de la justicia cuando tienen que acudir a un tribunal, a un órgano de justicia, bien como afectados, como víctimas o como investigados y no se les resuelve su problema. Quizás por esta inercia de no resolver las cosas, no se atienden esos otros problemas. Y el órgano de gobierno desatiende lo que tiene que estar atendiendo, que es, ni más ni menos, que la independencia judicial y el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Lo demás converge todo, amplía el problema y al final nos deja en una situación sumamente precaria respecto de la confianza en la justicia”.