Ximo Puig, vender lo progresivo como progresista
Tiremos de hemeroteca. Cuántas veces se han alineado los astros monetarios y financieros a favor de las políticas fiscales progresistas. Cuántas veces en la vida del Banco Central Europeo, su jefe económico, ha pedido más impuestos a los ricos. En cuántas ocasiones el FMI ha lanzado una "fuerte recomendación" contra las bajadas indiscriminadas de impuestos para no hacer más daño a los vulnerables mientras la riqueza se acumula en las grandes empresas. Ni había pasado antes desde la creación de la UE, ni ha sido habitual en las democracias neoliberales. La concatenación de crisis globales –pandemia, energía e inflación– está dando una oportunidad histórica a los gobiernos progresistas para utilizar este impulso y plantear reformas fiscales igualitarias, redistributivas y por tanto más democráticas. Por este camino iba –y va– el Ejecutivo de coalición, hasta que, como el aleteo de la mariposa –o el coletazo del perro–, un dirigente valenciano con temor a las encuestas y a su cita electoral ha decidido aprobar una medida que da un revés a la difícil tarea pedagógica de para qué sirve recaudar impuestos y por qué la prioridad es abordar la riqueza.
El debate de los impuestos pasa por responder a quién se los subes y a quién se los bajas. Pero la medida de Ximo Puig es contradictoria, incompleta y convierte en una subasta lo que necesita ser un debate de fondo. El anuncio es indiscriminado con prácticamente todas las rentas (el 97,5%) y no compensa con gravámenes extraordinarios a las industrias con beneficios extraordinarios. En su descargo, Puig alega no haber eliminado el impuesto de patrimonio. Faltaría más. Pero la rebaja generalizada ni es el adalid de la redistribución ni puede venderse como una medida progresista estrella.
Sobre todo porque lo progresivo no es sinónimo de progresista. Y no lo es por varios motivos. El recorte afecta a todos los tramos de renta por debajo de 60.000 euros, en la práctica a todas las rentas. Para los sueldos de 30.000 euros supone un ahorro de 67 euros anuales; por debajo de 20.000 euros –exentas de presentar la declaración– unos 100 euros. Por menos de 10 euros al mes, el presidente valenciano no explica políticamente por qué reduce esos ingresos y ha detonado la narrativa política del Gobierno central en lugar de buscar fórmulas que alivien a las familias alejándose del discurso simplista de bajar los impuestos del PP. La bajada del recibo de la luz, la bonificación en las gasolineras, el transporte público gratuito, eliminar tasas y tributos directos, alivian bastante más que 10 euros al mes.
Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en un Estado de bienestar. Cuanto más los bajas, más se estrecha el margen para distribuir de arriba abajo y más se limitan las capacidades para hacer políticas públicas. Todo lo que no podemos comprar con nuestro sueldo lo pagan los impuestos. Un salario no compra una UCI, no te arregla una carretera, no te pone un tren, no te paga la pensión. En definitiva, con los impuestos financiamos el contrato social y decidimos qué tipo de sociedad queremos.
Los 150 millones de euros que dejará de recaudar Ximo Puig tienen un mensaje más político que eficacia real. El mensaje de Puig –con 150 millones frente a los 27.000 millones de presupuesto valenciano– ni construye relato progresista ni señala al lugar hacia donde camina el Gobierno en consonancia con Europa: recaudar por arriba, buscar la justicia social desde la recaudación a quienes más tienen y armonizar el reparto fiscal en lo autonómico, nacional y europeo en un momento inédito donde la deuda de la Unión es la de todos.
Puede que Ximo Puig sujete a parte del electorado con bonificaciones que bien podría haber ejecutado de otra manera. Pero huele más a cortoplacismo que a debate de altura
En un contexto de crisis, los mensajes y las medidas tienen que tener coherencia y criterio. Puede que Ximo Puig sujete a parte del electorado con bonificaciones que bien podría haber ejecutado de otra manera. Pero huele más a cortoplacismo que a debate de altura. A Ximo Puig, capitán del barco de la queja de la infrafinanciación autonómica, le ha respondido indirectamente el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara. “Les espero con una sonrisa” a las comunidades que bajan impuestos cuando pidan más fondos en el nuevo modelo de financiación.
Las reformas fiscales progresistas son complejas y necesitan pedagogía. La apuesta de Ximo Puig es lo contrario. El Ejecutivo tenía ganado el discurso de los impuestos a las energéticas, la banca y la riqueza. Juanma Moreno Bonilla le hizo un regalo al Gobierno anunciando como primera medida estrella el obsequio a los ricos. Sánchez lo tuvo fácil: ‘Lo dijimos, gobiernan para ellos’. Sería paradójico que para una vez en la historia que las entidades financieras europeas reman a favor de meter mano a la riqueza, haya quien decida quedarse en lo inmediato. Y sería más paradójico si cabe que dirigentes socialistas autonómicos eviten el debate fiscal y tenga que ser Ursula von der Leyen quien vuelva a dar la razón al Gobierno.
