El desbloqueo del Constitucional
En la tarde de este martes 27 de diciembre, el CGPJ nombró por unanimidad a los dos magistrados que le correspondían para la renovación del Tribunal Constitucional. Por un lado, a César Tolosa, de tendencia conservadora, y por el otro a María Luisa Segoviano, de tendencia progresista. De esta manera ya estaría completo el nombramiento de este tercio de renovación al unirse estos dos candidatos a los propuestos por el Gobierno, Juan Carlos Campo y Laura Díez, a finales de noviembre. ¿Qué es lo que ha sucedido para que se precipite esta decisión que cambiará el equilibrio dentro del Constitucional?
El TC se renueva por tercios cada nueve años. Cuatro magistrados corresponden al Senado, cuatro al Congreso, dos al Poder Judicial y dos al Gobierno. Normalmente, en la ocasión en la que el Ejecutivo nombra a sus magistrados, la situación en la que estamos, el equilibrio del Constitucional cambia. Sin embargo, en esta ocasión este cambio se ha intentado bloquear de todas las maneras posibles. ¿Por quién? Por el sector conservador del CGPJ. ¿Cómo? No llegando a un acuerdo para elegir a sus dos magistrados con su contraparte progresista. Hay que recordar que, a su vez, el propio Poder Judicial lleva con su mandato caducado cuatro años, prácticamente un mandato extra, que es de cinco.
De esta manera impedía que los dos magistrados del Gobierno tomaran posesión, ya que la ley actual marca que debe renovarse el tercio entero, esto es, junto a los dos candidatos del CGPJ. Además, la ley actual señala que los candidatos propuestos por el CGPJ deben elegirse por mayoría cualificada, es decir, de tres quintos de sus miembros. Este bloqueo fue el que el Gobierno intentó eliminar reformando la nueva ley que se llegó a votar en el Congreso, que permitía elegir a los candidatos para el Constitucional por el CGPJ por mayoría simple. También se pretendía que los candidatos del Gobierno pudieran ser nombrados por sí solos, sin esperar a los del CGPJ.
Esta reforma, como saben, no se llegó a completar, ya que cuando estaba en trámite en el Senado, el Tribunal Constitucional –su mayoría conservadora, ya que la progresista se descolgó mediante votos particulares– paralizó su actividad legislativa cautelarmente. Un hecho inédito en democracia, de enorme gravedad, ya que transformaba la acción del Constitucional, un tribunal de garantías a posteriori, en una especie de tercera cámara legislativa a priori con la que poder controlar desde fuera la actividad de las Cortes.
¿A instancias de quién paralizó la actividad legislativa del Senado? De un recurso de amparo del Partido Popular presentado el pasado día 14 de diciembre. ¿Cómo? Pues en un proceso, como poco, excepcional, donde este recurso fue tramitado precisamente por Enrique Arnaldo, magistrado conservador de conflictivo historial, donde no se tuvieron en cuenta el informe de la propia fiscalía del Constitucional, en contra de esta medida, ni los escritos presentados por UP y PSOE, que pedían la recusación del magistrado Antonio Narváez y del propio presidente, Pedro González-Trevijano, que eran precisamente dos de los miembros con el mandato caducado, por lo tanto afectados directamente por la renovación, que no se abstuvieron.
La operación, que en otro momento hubiera resultado imposible, ya que un sector no iba a votar a un candidato que no hubiera propuesto, ha sido posible por la propia presión que las maniobras de asalto judicial al Senado han provocado
Como recuerdan, tras un fin de semana de tensa espera, el lunes 19 se consumó la paralización del voto de esta reforma en el Senado, dándose una situación tan inédita como grave, que llevó a la comparecencia de la presidenta del Congreso y del presidente del Senado, que pese a aceptar la medida, calificaron lo sucedido de grave deterioro del sistema democrático, de crisis institucional sin precedentes y de instrumentalización del poder Judicial. Lo cierto es que, más de una semana después, el Constitucional no ha emitido una resolución que fundamente jurídicamente esta paralización, es decir, que el tribunal que se encarga de garantizar que las leyes y procesos son acordes a la Constitución, ha paralizado la actividad legislativa de las Cortes sin explicar en base a qué razonamiento jurídico lo hace.
Cabe señalar en este punto que Pedro González-Trevijano, el presidente del Constitucional con el mandato caducado que, junto a Arnaldo, han sido los magistrados más destacados en impedir que se tramitara la reforma para la renovación del propio organismo del que forman parte, fue el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de 2002 a 2013, justo cuando se produjeron los escándalos sobre los máster de Cristina Cifuentes y Pablo Casado. También que, bajo su mandato, su mujer, su cuñada y varios familiares de dirigentes populares pasaron a formar parte de la plantilla de la universidad. En 2014 llegó a ser investigado por contrataciones ilegales. En 2017 se publicó un audio donde se le implicaba en un presunto intento de soborno.
El sector conservador del CGPJ, tras la maniobra de asalto del Constitucional para impedir la reforma que hubiera facilitado su renovación, movió ficha. Tras varios meses negándose siquiera a convocar el pleno para elegir a sus magistrados, algo que incluso llevó a la dimisión de Carlos Lesmes, propuso a dos candidatos, dejando fuera a José Manuel Bandrés, que era el favorito del sector progresista para acceder al Constitucional. Es decir que, de forma inédita, el sector conservador del CGPJ, con el mandato caducado hace cuatro años, no sólo quería elegir a su candidato, sino también el de su contraparte. La magistrada propuesta, María Luisa Segoviano, tenía un trayectoria laboralista, feminista e indudablemete progresista, pero era de un perfil independiente, no tan cercano al PSOE como Bandrés. Además, su edad, 72 años, podría ser un impedimento para un cargo que tiene un mandato de nueve. Es decir, que el sector conservador del CGPJ pensó que era una candidata presentable pero inasumible.
Sin embargo, el movimiento del sector progresista del CGPJ, aceptando a Tolosa y Segoviano, votándolos este martes de manera sorpresiva, ha roto el bloqueo para la renovación del Constitucional. Aceptan a una candidata que no era la que habían elegido, pero obligan a Trevijano, el presidente del Constitucional, a convocar el pleno de verificación, algo que siempre ha resultado un trámite, en el que se aceptarán como nuevos magistrados del Constitucional a los propuestos por el CGPJ y por el Gobierno. Esto provocará una nueva mayoría progresista de siete miembros frente a cuatro, ya que uno de los magistrados conservadores propuestos por el Senado hace dos años causó baja por enfermedad. Esta nueva mayoría será clave para sentenciar los recursos de inconstitucionalidad planteados por la derecha en torno a algunas importantes leyes de este y otros Gobiernos.
La operación, que en otro momento hubiera resultado imposible, ya que un sector no iba a votar a un candidato que no hubiera propuesto, ha sido posible por la propia presión que las maniobras de asalto judicial al Senado han provocado. Desbloquear la renovación del Constitucional, provocando la salida de su actual y peculiar presidente, González-Trevijano, se hacía imprescindible. Puede que los sectores más radicales de la derecha, judicial y política, hayan precipitado la renovación que tantos meses llevaban evitando.
