Escudo social y nueva socialdemocracia
El sexto escudo social, la carta de presentación y hoja de ruta del gobierno para 2023, de todos los decretos de emergencia, es el de mayor coherencia y nivel de articulación. Por el tipo de ayudas, la financiación y porque además de repartir y proteger actúa sobre ejes de transformación cruciales: la transición ecológica, la cohesión y la convivencia. La extensión del llamado escudo se levanta desde un paradigma que llega para quedarse. Un país solo crece si cuando vienen mal dadas no suelta la mano a las clases medias y a los más vulnerables. La desigualdad no hace llegar más rápido a unos a costa de otros, al contrario, rompe la articulación del Estado y lo lleva a la disfunción democrática. De ahí que la Constitución recoja el derecho al trabajo, al sistema público, al reparto igualitario de las rentas o la vivienda. Porque el Estado es tanto la unidad territorial como la equidad social, por más que algunos solo pregonen lo primero olvidándose de quienes lo habitan.
El cable de los distintos ascensores sociales se fue deshilachando de 2011 a 2018, cuando se priorizó salvar a la banca y al IBEX. A punto de romperse y descolgado para más de 4 millones de familias en situación de pobreza, distribuir la recaudación de abajo a arriba cambia el paradigma de la gestión política. A Zapatero se le echó la crisis de 2008 encima, sumado al arrastre de la austeridad y el rescate, salió del gobierno con un recorte social que hizo historia. Al PSOE le costó sacudirse esa sombra junto a la inercia liberal de los años de la abundancia. Este sexto paquete consolida una apuesta de la coalición en la que han insistido desde 2019, con aciertos y medidas muy mejorables, más en la ejecución que en el fondo. Por más que se acuse de electoralista, desde la pandemia a la guerra de Ucrania hay una gestión continuista que profundiza en la importancia de las economías familiares.
Hay medidas de emergencia que sólo aplacan el fuego. Para muchos expertos, los cheques alivian pero no son estructurales ni solucionan casi nada. En parte es cierto, aunque es fácil decirlo cuando no se hace la compra mirando el céntimo. Por eso lo más relevante son las ayudas vinculadas a los cambios de modelo y las prorrogadas van en esa línea. Las bonificaciones del transporte, además de tener un componente de ahorro económico tienen otro social. Alivia el coste de la inflación al tiempo que cambia la movilidad, incentiva el ahorro energético, la reducción emisiones y extiende las medidas fuera del área urbana, porque no todo es ciudad. Los 20 céntimos a los carburantes, como los cheques, son coyunturales. La apuesta generalizada por las ayudas al transporte fomentan la red pública y cambian los hábitos de movilidad. En definitiva, que las ayudas tengan efectos permeables a futuro.
Hay medidas de emergencia que sólo aplacan el fuego. Para muchos expertos, los cheques alivian pero no son estructurales ni solucionan casi nada. En parte es cierto, aunque es fácil decirlo cuando no se hace la compra mirando el céntimo.
Lo mismo ocurre con la vivienda. Si se quiere entender como un derecho y no un mercado, quienes tienen patrimonio inmobiliario puedan generar ingresos pero no especular con él a costa del derecho de otros. Y como gobernar es elegir y contraponer derechos, en este caso prima la dificultad para pagar un alquiler antes que el beneficio extra del propietario, más si son bancos, fondos y grandes tenedores. El acceso a la vivienda, el mayor choque de la coalición, se ha resuelto con la prórroga de la subida de los contratos de alquiler al límite del 2%, la suspensión de los desahucios y la prohibición de cortar el suministros esenciales a los más vulnerables. En esto, queda lo más difícil, aprobar la ley de Vivienda, medio activa y medio atascada en el Congreso, por más que se haya habilitado el mes de enero para seguir avanzando en las negociaciones.
Abordar los alimentos, lo más inmediato, también es un acierto. Aún así, la bajada del IVA puede ser la medida con menos efecto. Donde las grandes distribuidoras pueden absorber ese pico de ahorro sin dar cuentas a nadie. Además de ser indiscriminado y beneficiar a las rentas más altas tanto como a las bajas. El ejecutivo lo ha bajado después de llamarlo “populismo fiscal” y después de que el PP lo haya defendido como medida estrella para todo. Será un buen ejemplo para comprobar cuán eficaz es la bajada.
Más allá de lo concreto, la batería de ayudas quirúrgicas y políticas de emergencia sientan un precedente para el futuro. Consolida mediante acciones que la gestión de los recursos, la políticas fiscales y recaudatorias no pueden quedarse en las arcas del Estado, apuntando a la banca o al IBEX. O confiar que salvando por arriba se encargarán de distribuir hacia abajo. Al escudo social le falta una apuesta más contundente por cómo se financia. Ni los impuestos a la banca, a las eléctricas ni a las grandes distribuidoras de alimentos -estos ni han llegado- les ha tocado redistribuir beneficios en una proporción justa. Mientras la inflación genera recaudación extra, la tendencia está siendo evitar la confrontación política y judicial con la oposición y la gran empresa. Pero desde el FMI, la OCDE y las reformas fiscales de Joe Biden apuntan a que el círculo se cierra con reformas fiscales progresivas. España ha liderado la solución ibérica con la compra conjunta de gas y la aceleración de las energías renovables, con precios medios de la electricidad un 54% por debajo de Alemania o 63% en Italia. No está escrito que no pueda marcar agenda con futuros decretos anticrisis financiados por grandes fortunas y multinacionales. El círculo también funciona a su favor, deben al escudo social gran parte de sus ingresos.
