Las equivocaciones

Entre finales de marzo y abril del año 2020, mientras que el país permanecía confinado y sus ciudadanos asistían atónitos al peor momento de la pandemia, las administraciones públicas emprenden una carrera desesperada por la compra de material sanitario. El Ayuntamiento de Madrid cierra una operación para importar test, guantes y mascarillas con Leno, una empresa malaya, por casi once millones de euros. A la llegada del material se comprueba que la mayoría no es el firmado o está defectuoso, teniendo además un sobrecoste monumental. Hoy el caso está en manos de la justicia que acusa a los comisionistas, Alberto Luceño y Luis Medina, que se embolsaron casi seis millones de euros, de varios delitos, incluido el de estafa.

En la investigación que se está llevando a cabo, bajo la instrucción del juez Adolfo Carretero, se está descubriendo que Luceño alteró documentación para tratar de engañar a los bancos que recibieron las cantidades, que falsificó una carta de José Luis Martínez Almeida para facilitarle posibles futuras operaciones, que tenía documentación falsa del CNI, con la que pudo hacerse pasar por uno de sus agentes fuera de España, o que urdió una trama societaria con la que esquivar a Hacienda. Es decir, que montó una minuciosa operación, en la que incluyó el blanqueo de capitales gastando rápidamente el dinero obtenido en todo tipo de bienes de lujo, para lograr que la presunta estafa al consistorio madrileño tuviera éxito.

Son de Luceño las palabras “Pa la saca”, con las que avisó a su compinche, en un correo electrónico el 30 de marzo de 2020, de que se estaban ingresando las primeras cantidades. Incluso engañó a Medina para dejarle sin cobrar algunas comisiones, algo que entra dentro de lo lógico ya que fue él el cerebro de la operación. ¿Qué ponía entonces Medina? El nombre, la aristocracia, la familia. También haber conseguido contactar con el primo del Martínez Almeida, a través de una vieja profesora. A través del familiar del alcalde, contactaron con la responsable de compras, Elena Collado. Una vez que tuvieron abiertas las puertas del Ayuntamiento, saquearon a manos llenas.

¿Qué investiga la justicia? Las formas que presentó la presunta estafa, dónde acabó el dinero, si, efectivamente como indican la investigaciones, Luceño y Medina estuvieron tras la misma. Sin embargo, lo que la justicia no investigará, ya que no se encuentra dentro de sus atribuciones, es el gigantesco error que llevó a Elena Collado, la responsable de compras, a confiar en estos dos personajes, a pagar unas cantidades por el material sanitario que ya se sabían infladas desde el primer momento. Para esta equivocación existe una respuesta rápida: la desesperación por importar material sanitario provocó que se relajaran todos los controles y precauciones. ¿Quién podría pensar, además, que alguien pudiera estar pensando en una estafa en aquellos días negros?

Desde el Ayuntamiento se ha admitido que aquellas jornadas fueron una locura, que recibieron cientos de llamadas, correos electrónicos y visitas ofreciéndose a ayudar en la importación del material sanitario. La pregunta entonces parece lógica: ¿por qué se decidió entonces contratar una cantidad tan importante precisamente a estos dos comisionistas? Sabemos que mientras que las negociaciones tenían lugar, Almeida llamó a Medina el 26 de marzo para facilitar la operación. También que la encargada de compras no era consciente de las comisiones que había en juego. Tanto como que el 8 de abril ya sabía que algo marchaba mal: “esto es lo peor que me ha pasado en mi vida. Por Dios, dime algo. Nos han estafado seguro”.

¿Por qué entonces el alcalde hablaba con Medina? Aquí está la clave del asunto. Porque Medina pertenecía a esos círculos sociales que, al parecer, le hicieron merecedor de una atención especial por parte del alcalde

La cuestión es que el mensaje desesperado de la encargada de compras no va dirigido al concejal superior, quizás a un compañero, sino al propio Luceño, por lo que podemos deducir que la funcionaria consideraba de toda confianza a los intermediarios, atribuyendo el desastre de la entrega del material sanitario defectuoso a la empresa malaya. De hecho, el Ayuntamiento se come esos insumos, da por perdido el dinero y no realiza ninguna operación para tratar de recuperarlos, ni siquiera se pone en contacto con la justicia para denunciar la situación. Son los bancos los que, alertados por las abultadas transferencias, se ponen en contacto con la Fiscalía Anticorrupción, que denuncia a estos dos individuos a principios de abril de 2022, dos años después de la estafa.

Si Almeida habló con Medina en marzo, ¿no lo volvió a hacer en abril tras detectarse la estafa, al menos para pedirle alguna explicación? Pero, más allá, ¿es normal que el alcalde de la capital de España hable con los proveedores de material para el Ayuntamiento? No nos imaginamos a Almeida cogiendo el teléfono, como es normal, para reclamar unos paquetes de folios extraviados o recriminar la tardanza con la que le llegan las sierras mecánicas para talar los árboles, algo a lo que parece haberse aficionado en este ejercicio. ¿Por qué entonces el alcalde hablaba con Medina? Aquí está la clave del asunto. Porque Medina pertenecía a esos círculos sociales que, al parecer, le hicieron merecedor de una atención especial por parte del alcalde.

Esa era de hecho su función en la estafa, poner el título, la cara de aristócrata que en el Ayuntamiento de Madrid, parece ser, es merecedora de confianza. La pregunta es la siguiente: Collado, la responsable de compras, ¿pagó las exageradas cantidades por error o porque Medina venía recomendado desde arriba? Es decir, ¿aquello fue un simple error, una mala elección o que se eligiera precisamente a aquellos dos comisionistas fue el resultado de que se trabajaran su supuesta cercanía con el alcalde? Las equivocaciones tienen siempre una forma de producirse, esta en concreto parece responder a una determinada manera de hacer las cosas más que al producto del mero azar.

Que el Ayuntamiento de Madrid hubiera denunciado en abril de 2020, cuando fue consciente de que habían sufrido una estafa, hubiera supuesto desvelar que habían perdido a manos de dos comisionistas casi once millones de euros. Hubiera supuesto admitir que no hubo los controles adecuados en el gasto del dinero público, pero, en la peor de las circunstancias, que no hubo controles adecuados porque la cercanía de Medina con Almeida, incluso siendo fingida, les otorgó un trato ventajoso para que Collado cerrara precisamente con ellos aquellas operaciones.

La justicia, repetimos, no investiga estos hechos porque equivocarse no es un delito. Tampoco descolgar el teléfono al primer aristócrata que te llama al despacho. La justicia investiga la estafa, no las formas de gestión municipal que la propiciaron. Sobre el episodio se dictará sentencia; quizá, incluso, el Ayuntamiento recupere parte de los millones de euros que perdió en la operación que, para colmo, resultó del todo inútil. Pasaremos a otro tema. Muchas de estas preguntas quedarán para siempre sin una respuesta clara por parte de los implicados. Y quizá unos pocos, sólo unos pocos, las recuerden el próximo 28 de mayo.