Federalismo y Estado del Bienestar

I.- En un reciente seminario, organizado por la Asociación por una España Federal (AEF), celebrado en el Senado, tuve ocasión de reflexionar sobre las cuestiones que plantea el título de este artículo. En realidad, sobre el asunto esencial de la relación entre cohesión territorial y cohesión social. Creo que, para llegar a alguna conclusión, hay que partir del sentido del artículo 1 de la Constitución cuando define nuestro Estado “social y democrático de derecho”. Y social, en mi opinión, quiere decir Estado de bienestar, un auténtico salto civilizatorio respecto del Estado liberal de los siglos XIX y mitad del XX, cuando sólo existían —donde existían— libertades individuales, pero no derechos colectivos. En nuestro caso, ni lo uno ni lo otro hasta finales del XX. Actualmente somos, por lo tanto, las naciones que componemos la UE, democracias sociales que unimos ambos aspectos señalados, lo que se compadece con ese modelo social europeo, único en el mundo, que se construyó a partir de la Segunda Guerra Mundial, gracias al notable protagonismo de los movimientos sociales, en especial el sindical. Se trata, en realidad, de la identidad de nuestros estados y, en nuestro caso, de la democracia española. Por eso, adelanto que en mi concepción las agresiones al Estado de bienestar o social, en forma de recortes, privatizaciones, etc., son atentados a la democracia.

II.- Al mismo tiempo, también somos un Estado compuesto, con elementos federalistas, inacabado, pero con amplia descentralización. Hasta el punto de que el contenido social de dicho Estado —educación, sanidad, servicios sociales, etc.— y la financiación que les afecta, está transferido a las comunidades autónomas. Ahora bien, no conviene olvidar que, como señalan los artículos 14 y 139.1 de la Constitución española, se debe garantizar la igualdad de todos y todas, vivan donde vivan. Me temo que esto último no se respeta en nuestra experiencia, pues somos un país francamente desigual, territorial y personalmente, a pesar de algunas mejoras recientes. Una indeseable situación que un modelo más federal podría contribuir a corregir. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, en la República Federal de Alemania con ocasión de la unificación del país. Las diferencias de renta entre los lander del oeste y del este eran vastas o exageradas y, sin embargo, en el transcurso de unos años se fue produciendo una notable convergencia entre ellos. Me temo que no ha sido así en nuestro caso. Las diferencias de renta per cápita entre Comunidades Autónomas sigue siendo abultada, lo mismo que el gasto/inversión por persona en sanidad o educación, que se ha ampliado, después de cierto periodo de acercamiento. Las causas de este desequilibrio pueden ser varias: diferentes tejidos productivos; mayor o menor industrialización; insuficiente solidaridad interterritorial; ideología del gobierno de cada comunidad autónoma; pulsiones privatizadoras; tendencias “confederales” o bilaterales, etc.

III.- Una primera constatación a la que nos debería conducir esta realidad es a la de que la transferencia de los servicios esenciales a las comunidades autónomas no debería significar, en ningún caso, que el Estado —la “federación”— deba desentenderse de los asuntos sociales transferidos. No es ese, desde luego, ni el espíritu ni la letra de la Constitución española. Así, en la sanidad, el artículo 149.16 afirma que el Estado “tiene competencia sobre las bases y coordinación general” de la misma. Tarea difícil de cumplir si el ministerio de Sanidad se encontraba medio desmantelado cuando estalló el covid-19. En educación, el artículo 149.30 de la Constitución española habla de competencia “sobre normas básicas del desarrollo del artículo 27”. Por ello entiendo que, en los Estados de naturaleza federal, cada comunidad autónoma no puede hacer lo que quiera con los servicios sociales esenciales y el poder “federal” debe poder intervenir y corregir las tendencias indeseables. La identidad social de nuestra democracia debe estar garantizada para todas, todos y en todas partes. Que no quiere decir, para nada, regresar a posturas centralizadoras. Lo que significaría dar pasos hacia atrás inaceptables. De lo que se trata es de evitar que pudiera darse el caso de que un gobierno autonómico decidiera, por ejemplo, ir privatizando la sanidad o la educación, a través del expediente de deteriorar estos servicios públicos. En nuestro modelo, por el contrario, la descentralización es inseparable de la cohesión, pues ambas deben ir unidas, para ser fieles al sentido de la Constitución.

El peligro para nuestra nación y Estado no viene sólo de los que quieren separarse de España, sino también de los “privatizadores”, de los que quieren “independizarse” del Estado social y democrático de derecho

IV.- De ahí que un sistema más federal puede corregir mejor las tendencias que debilitan, ya sea la cohesión territorial o la cohesión social. El peligro para nuestra nación y Estado no viene sólo de los que quieren separarse de España, sino también de los “privatizadores”, de los que quieren “independizarse” del Estado social y democrático de derecho. Porque seamos claros, no hay Estado social sin solidaridad interterritorial y no lo hay, tampoco, sobre bases privadas.

V.- Desde su fundación, la AEF ha apostado por una España federal en una Europa federal. Conviene no olvidar que la Unión Europea es, también, el ámbito de realización de nuestra democracia. Por eso mismo sostengo, de cara al próximo futuro, que el Estado social necesita, para robustecerse e incluso mantenerse, que imbrique sus contenidos en el espacio europeo, lográndose así una Europa social y no solamente económica y monetaria. Porque, de alguna manera, ya somos “euroestados” o “euronaciones”, y estas quedarían deformes o incompletas sin una dimensión social complementaria. 

De otra parte, han transcurrido 45 años desde la aprobación de la Constitución, y muchas cosas han cambiado desde entonces: nuestra pertenencia a la UE; el despliegue de la globalización; la revolución digital; la aceleración del cambio climático; el impulso feminista; de nuevo la guerra en Europa. De otro lado, España ha logrado una profunda transformación, somos bastante más ricos que entonces, desde luego unos más que otros. El PIB de 1978/80 se situaba en 160 mil millones equivalentes de euros, y hoy estamos en 1,4 billones de euros; por su parte, la renta por cabeza era de 4.200€ y hoy ha subido a 27.000€; la misma población de España ha aumentado en un 26%, es decir, somos más, más ricos y más viejos. En cualquier caso, estaríamos en condiciones de enriquecer nuestro Estado de bienestar, lo hemos hecho en el pasado con las pensiones, la sanidad o el Ingreso Mínimo Vital, pero hoy afrontamos nuevos retos a los que tenemos que hacer frente —el medioambiente, la vivienda, la brecha digital— ampliando derechos.

VI.- Ante las elecciones autonómicas y municipales de este domingo, 28 de mayo, es buen momento para llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer en competencias y medios el espacio municipal, un tanto preterido en el momento del reparto de los poderes. Conviene apostar, en este sentido, por un federalismo municipal. Hay que ser conscientes de que ir transitando hacia formas más federales exige ir creando una cultura federal, en valores compartidos, democráticos, europeístas, de igualdad, solidaridad, tolerancia, empatía y lealtad institucional. Frente a actitudes de agravios comparativos, insolidaridad, competencias desleales que, desgraciadamente, abundan. Una mejor clarificación de las competencias y un robusto modelo de financiación completarían el cuadro de necesidades comunes. En el terreno de las instituciones, quizá la reforma que podría alcanzar el imprescindible consenso sería la transformación del Senado en una auténtica Cámara territorial, como existen en los Estados federales. No fue otra la intención del ar.69.1 de la Constitución cuando dice: “El Senado es la cámara de representación territorial”.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas y de la Asociación por una España Federal.