El 'lawfare' en la habitación
Lawfare es un término muy reciente de origen anglosajón que se ha ido colando poco a poco en la conversación diaria sin que apenas sepamos su significado real, más allá de que levanta ampollas cada vez que sale a colación. Sin embargo, y para nuestra desgracia, el concepto que encierra es tan antiguo como el hilo negro que zurce las togas y los trajes: se trata de utilizar al Poder Judicial para acabar con el adversario político retorciendo el derecho. Un clásico. Recordemos así al propio Sócrates, que fue acusado de adorar a otros dioses y pervertir a los jóvenes y se escogió a una asamblea concreta para que fuera juzgado. Además, no es exclusivo ni mucho menos de nuestro país ni de nuestro entorno, sino que se ha expresado con nitidez en otras latitudes, singularmente en Iberoamérica, en las últimas décadas. Basta recordar lo sucedido con Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner o Lula Da Silva, todos ellos perseguidos y apartados de la esfera pública mediante la instrumentalización de los tribunales y por tanto con la usurpación de la soberanía popular que los había ubicado en la presidencia de sus respectivos países. En definitiva, un nuevo término para actuaciones de larga data.
Esta interrelación espuria entre la política y la justicia que supone el lawfare atenta no solamente contra la separación de poderes y los principios básicos de las constituciones y los estados de derecho, sino también contra los derechos fundamentales de aquellos que acaban siendo víctimas de estos procesos. Para conseguir los objetivos marcados, el establishment actúa de forma soterrada y lenta, utilizando el Poder Judicial como ariete para consolidar su hegemonía. Da igual el resultado último del proceso judicial, la lentitud de los tiempos judiciales y el desgaste público impulsado por determinados medios de comunicación, producirán el resultado deseado, pero no obtenido por la vía de la legítima disputa política. Quizás ello explique la falta de renovación del CGPJ durante cinco años. El lawfare exige tanto generar como distribuir falsedades y es una de las expresiones más nefastas de un sistema político al conseguir que determinados tribunales no busquen condenar con razones sino razones para condenar.
El 'lawfare' atenta no solamente contra la separación de poderes y los principios básicos de las constituciones y los estados de derecho, sino también contra los derechos fundamentales de aquellos que acaban siendo víctimas de estos procesos
Todas conocemos procedimientos judiciales en nuestro país que han apartado de la vida política a personas que se demostraron inocentes al cabo de las causas. Desde el expresidente de Castilla y León, Demetrio Madrid, a la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, pasando por una persecución ilimitada a la formación política Podemos, o la, a mi juicio, excesiva dureza con la que fueron juzgados y condenados los actores políticos del Procés. No cabe duda de que todas estas circunstancias alteraron la composición política del país y desde luego afectaron gravemente a la vida y los derechos de los protagonistas. Es tan obvio afirmar que el lawfare existe en este país, como afirmar a su vez que naturalmente no todo el Poder Judicial está al servicio del mismo. Obviamente en derecho los actos dignos de reproche afectan exclusivamente a aquellos quienes los cometen, a nadie más.
Es por esta concretización de personas y actos, por lo que cuesta entender la reacción de las asociaciones de jueces y fiscales, y de otras organizaciones de la vida política, económica y judicial, en una suerte de excusatio non petita. Plantear la existencia de anomalías concretas y perseguibles no implica ni una causa general ni una persecución política, mucho menos la hiperventilación de algunas afirmando que estamos ante dictaduras, fin del Estado de derecho y las diez plagas de Egipto. La misma ofensa colectiva podría surgir de cualquiera de nosotros cuando los documentos políticos o programáticos hablan de luchar contra la corrupción, la evasión de impuestos o la violencia de género.
No, señores y señoras, claro que existe la interrelación entre política y justicia con un fin concreto, claro que se da en nuestro país y en otros en determinadas ocasiones, claro que tiene nombres y apellidos, así que poco favor haríamos a nuestra imperfecta democracia (como todas) si nos negamos a ver el lawfare en la habitación.
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María José Landaburu Carracedo es Doctora en Derecho, experta en derecho laboral y autora del ensayo 'Derechos fundamentales, Estado social y trabajo autónomo'.
