Y ahora la inmigración
He escrito muchas veces que las Constituciones son normas abiertas y sujetas a interpretación. Más allá del dogmatismo, conviene su comprensión a la luz del contexto social de cada momento. Razón de ello son las continuas referencias a la misma que en sentidos a veces muy dispares hacen los distintos partidos políticos y parlamentarios, pero no solo ellos, también desde la magistratura y la academia se llega a distintas conclusiones sobre un mismo asunto. No en vano, casi todo en derecho y en la vida es susceptible de ser debatido, cuestionado, y por qué no, modificado.
La última de las refriegas políticas en torno al texto constitucional se produjo la semana pasada con ocasión de la ratificación de los decretos que todos conocemos y como consecuencia de un supuesto acuerdo entre el Gobierno y Junts relativo a una pretendida cesión de competencias a Cataluña en cuestiones de inmigración. Digo supuesto porque lo cierto es que una vez más las partes acordantes creen, o dicen que creen, o quieren creer haber acordado cosas distintas. Lo cierto es que la cuestión es saber si los términos del acuerdo, sea cual fuere, pueden tener traducción real en nuestro contexto normativo, que sí es la Constitución, pero no solo ella.
Habría que recordar a los acordantes qué significa inmigración en un país que forma parte de una estructura superior, en este caso la Unión Europea, que establece como uno de sus principios básicos la libre circulación de personas, así como los numerosos tratados internacionales firmados al efecto por nuestro país, y que afectan a cuestiones tan importantes como la capacidad jurídica efectiva de los extranjeros, el desenvolvimiento diario de su vida personal, social y profesional, la armonía de la convivencia en el Estado, el respeto de los derechos humanos inalienables, la diplomacia internacional, la investigación y persecución de crímenes internacionales, los derechos de asilo y refugio y hasta la extradición. La Unión Europea ha ido asumiendo paulatinamente competencias en relación a las fronteras exteriores como consecuencia también de los flujos migratorios y la presión social que han causado en determinados países, como por cierto el nuestro, pero también por la consolidación del concepto de ciudadanía europea y la asunción de la existencia de una frontera común.
Diversas comunidades autónomas, incluida Cataluña, ya tienen competencias en inmigración que les permiten desarrollar políticas públicas en esta dirección, sin que lo hayan hecho de manera especialmente activa ni brillante, ni siquiera justa
Se trata pues de una cuestión lo suficientemente compleja y seria en términos de conformación de Estado y relaciones internacionales como para tomarse en serio que tenga sentido acordarla en diez minutos, sin matices y sin la más mínima reflexión. Ya diversas comunidades autónomas, incluida Cataluña, tienen competencias en este ámbito en términos de prestación de servicios, de ejecución laboral o de integración social que les permiten desarrollar políticas públicas en esta dirección, sin que por cierto lo hayan hecho de manera especialmente activa ni brillante, ni siquiera justa. Recordemos cuando la Comunidad de Madrid negó el derecho a la sanidad de las personas extranjeras no residentes en España.
Es decir, la mirada corta y miope de los nacionalismos varios lleva en ocasiones como esta a pedir cosas imposibles o absurdas, o no maduradas, no porque lo diga una Constitución concreta sino porque lo dice el derecho internacional, y permítanme que lo diga: el sentido común y el compromiso que como ciudadanos de una sociedad libre y desarrollada hemos de contraer con los derechos humanos y con los más elementales valores de justicia e igualdad. Si a ello además se suma la no tan velada alusión a una supuesta identificación entre inmigración y delincuencia o inmigración e ignorancia, solo nos queda, a mi juicio, poner en cuestión la seriedad de las partes, y recordar a quienes corresponda que los atentados a los derechos humanos, se produzcan donde se produzcan y vengan de donde vengan, también son delitos.
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María José Landaburu Carracedo es Doctora en Derecho, experta en derecho laboral y autora del ensayo 'Derechos fundamentales, Estado social y trabajo autónomo'.
