De la responsabilidad a la cacería
Hay dos debates que en plena explosión de un caso de corrupción —léase caso Koldo— son difíciles de resolver. Cuál es el baremo para un cese y qué mecanismos de reparación se ponen. Del primero, es mejor el exceso. Responder a la corrupción no tiene manual de instrucciones, pero, apartado el sesgo, funciona siempre la lógica de la responsabilidad directa. La cuestión de la semana no es tanto si tiene que dimitir Francina Armengol sino qué motivos hay para que lo haga. Sin una respuesta clara, apartar a la tercera institución del Estado sin pruebas o hechos genera más inseguridad que acierto. El riesgo de convertir la política en una jungla donde quien sepa crear el estado de tensión suficiente puede llevarse por delante a cualquiera. De momento, hay motivos para pedir cuentas a la presidenta de las Cortes, pero no el cese. Sin iter criminis, no es salvar a Armengoll, es proteger la institución.
Las aclaraciones de Francina Armengoll son obligadas. Por el origen del caso más que por la gestión del contrato. El punto cero de esta corrupción es un asesor del Gobierno, pegado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, de donde salió la recomendación de contratar con la intermediaria que pagó las mordidas por las mascarillas. Una empresa que pudo enriquecerse gracias a Koldo García y también por su cuenta. Desde Aragón, entonces socialista, recibieron una tromba de correos que rechazaron. En Extremadura, más de lo mismo. A unos gobiernos del PSOE les convencieron, en otros entraron. Hay comunidades donde no fue el ministerio, ni el asesor, ni el ministro quien la recomendó. Es importante aclararlo y que levanten el dedo quienes les creyeron y a quienes estafaron.
A Armengol y a su equipo les falta contar quién llamó a quién. Si lo hizo Koldo García, Ábalos o la propia empresa. El resto del relato es coherente con la estafa. El y tú más no es constructivo pero sí las comparativas. En este caso es obligado recordar dónde estábamos y cómo se operaba con más de 700 muertos al día. El contexto, la dinámica y la casuística de esos meses de 2020 fue igual para todos. Se hicieron contratos verbales, hubo estafas, material en la basura y se perdió dinero por conseguir un material escaso en toda Europa. En Baleares se está fiscalizando un contrato de pandemia con los parámetros de hoy. Decir que ‘se dio a dedo’ es una redundancia. Que buscaron traer mascarillas de donde pudieron, también. Y tiene sentido que confiaran en Fomento, Koldo García o en cualquier funcionario de la administración. Lo que no tiene sentido es no aclararlo.
Si comparamos el Armengol-Almeida, Madrid pagó 12,2 millones a la trama, Baleares 3,7; ésta guardó las mascarillas, Madrid las destruyó; Armengol reclamó en tiempo a los tres años, Almeida una vez la Fiscalía anunció la querella 17 meses después
Los máster que tenemos en mascarillas —del hermano de Ayuso, al alcalde Almeida y los casos de Koldo— demuestran que fue así. Los guantes que le endosaron al alcalde de Madrid hubo que tirarlos íntegramente porque no llegaban al codo, sino a la muñeca. Costaron a las arcas públicas un millón de euros, entre lo que pagó el ayuntamiento y lo que devolvieron. Tiraron los test de antígenos porque no tenían la sensibilidad necesaria. Las mascarillas eran NK95, que luego retiró Sanidad por tener micropartículas de grafeno. No se analizaron en laboratorio porque había caducado su plazo de uso. Por tanto, no acreditaron que las mascarillas reunieran las condiciones técnicas de calidad. Y tampoco se puede hacer ahora ninguna prueba porque las destruyeron. Si comparamos el Armengol-Almeida, Madrid pagó 12,2 millones a la trama, Baleares 3,7; ésta guardó las mascarillas, Madrid las destruyó; Armengol reclamó en tiempo a los tres años, Almeida una vez la Fiscalía anunció la querella 17 meses después.
El PP no va a por Francina Armengol porque la ex presidenta balear reclamara tarde las mascarillas. Y no pretenden proteger a la tercera autoridad del Estado, sino derribarla. Está en el punto de mira por estar ahí, a solo dos escalones por debajo de Pedro Sánchez. “Hay que tumbarlo”, dice explícitamente Vox. Objetivo Sánchez con parada en Francina. El sumario y las investigaciones periodísticas no la incriminan. Forzar ese cese genera más inseguridad que garantías. ¿Cuál es el baremo de un cese? Hay una regla clara, la responsabilidad directa in vigilando. ¿Armengol era responsable de mantener a Koldo García en Fomento? No lo parece. ¿Hay algún indicio de que firmara el contrato a sabiendas del enriquecimiento ilícito de Koldo García? De momento, ninguno. A la pregunta ¿por qué debe caer un cargo público? La salida debe estar basada en lo que hay.
Si el PSOE quiere proteger a la presidenta del Congreso, aislar el caso Koldo de Francina Armengol pasa por esclarecer hasta el último detalle de las contrataciones con la trama; revisar esa cadena de funcionarios del primero al último y cesar a los compinches que tuviera. Separar la señal del ruido que hacen otros.
