El Polo Norte se derrite… y nuestra justicia, también

No me canso de citar a nuestro añorado Rafael Azcona: “En la vida se puede ser de todo, menos pesado”. Pero aquí seguimos, dando la matraca con lo que consideramos más grave de todo lo (mucho) que nos pasa. Me refiero a la cuestión judicial. A ese grupo de magistrados, ubicados en distintos niveles de la pirámide, que han decidido ir dando pasos para encontrar, cueste lo que cueste, un camino que desemboque en la imputación de Pedro Sánchez. Ya veremos (o no) con qué presuntos delitos.

Acepto que algunos consideren exagerado este punto de vista. Pero les advierto –y esto no es opinión sino información– que cada día son más numerosas las voces del mundo jurídico-político que transmiten esa mezcla de temor e incertidumbre que lleva a la misma conclusión. Cuesta explicar de otra forma algunas de las decisiones relacionadas con los casos Koldo, Begoña Gómez y hermano de Sánchez. 

Vaya por delante (aunque no debería hacer falta) que un Gobierno progresista debe asumir el máximo nivel de exigencia ante cualquier sospecha de corrupción que le afecte. Hay indicios más que sobrados para afrontar con absoluta preocupación y transparencia todo el proceso abierto contra el exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos. Caiga quien caiga. Si fue recuperado para las listas electorales socialistas y alguien sabía por entonces en qué había estado implicado, debe dar explicaciones por el dislate y asumir lo que corresponda. 

Llegados a este punto (y como ya he expresado en algún artículo anterior), esa mancha de Ábalos –difícil de limpiar– no puede servir para ensuciar absolutamente todo lo demás. Y mucho menos para permitir la comparación con los casos más graves de corrupción organizada como Gürtel, Kitchen, policía patriótica, etc. 

Este martes ha decidido el magistrado Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general por la filtración de un correo del defensor del novio defraudador de Isabel Díaz Ayuso, citar como testigo al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid (¿pa’lante?). No ha tenido más remedio el citado juez, ante la avalancha de indicios que indican que Miguel Ángel Rodríguez (MAR) manejó y distorsionó el famoso email para construir un bulo que beneficiaba a su protegido, en la línea que marca su referente, Steve Bannon, el ideólogo de Donald Trump en comunicación política. Se trata de crear un mundo al revés: la víctima del caso es el defraudador, del mismo modo que la culpa del retraso en la alerta ante la dana no es de Mazón sino de Teresa Ribera; de la misma forma que la responsabilidad de los 7291 fallecidos en las residencias de Madrid en los primeros meses de la pandemia es primero de Pablo Iglesias y después del mismísimo virus (“se iban a morir igual”)... Todo así: desvía la atención de lo importante durante el tiempo suficiente y el personal se olvidará de ello o incluso confundirá la realidad con la ficción construida.

Cueste lo que cueste, caiga quien caiga, quien pueda hacer que haga… En este bucle venimos instalados, con la inestimable ayuda de un poder mediático obscenamente inclinado a la derecha

La interesada velocidad a la que transcurren estos tiempos políticos impide digerir con un mínimo de racionalidad lo que nos pasa. Y ese estado de confusión e incertidumbre permite que en un plazo de pocas horas debamos asumir que desde el escenario institucional del Senado se niegue la evidencia científica de la evolución y se equipare el derecho al aborto con la esclavitud o el holocausto (ver aquí), mientras la revista Nature advierte que el Polo Norte se derrite mucho más deprisa de lo que pensábamos. Quizás en un par de veranos no quede hielo (ver aquí). ¿Qué más necesita usted saber para calcular cuántas danas como la sufrida en Valencia pueden avecinarse? 

Este mismo martes publicaba Ignacio Sánchez-Cuenca en El País una página titulada Jueces en celo (ver aquí). Conviene leerla con la misma atención que el estudio de Nature, porque aporta datos que hilvanan la conclusión de que el crédito de la justicia española se derrite a la misma velocidad que el Polo Norte. “Algunos jueces conservadores sienten que el Ejecutivo debe pagar por decisiones que ellos consideran intolerables o ilegítimas (como botón de muestra, ahí tienen las zafias declaraciones del juez Eloy Velasco)”. Cueste lo que cueste, caiga quien caiga, quien pueda hacer que haga… En este bucle venimos instalados, con la inestimable ayuda de un poder mediático obscenamente inclinado a la derecha.

Y por redondear lecturas que aporten luces, sugiero esta pieza informativa con la que abríamos infoLibre este mismo martes: El as en la manga de los conservadores para imponer a su candidato para sustituir a Marchena (ver aquí). Sin exageraciones ni afanes conspiranoicos: es más trascendente esta semana cómo se resuelva la caducidad del mandato de Manuel Marchena como presidente de la Sala Penal del Supremo (la de la “puerta de atrás”) que el Congreso del PSOE, el de ERC o el debate sobre la inclusión o no de las siglas Q+ en el acrónimo LGTBI. Ya ha encontrado el sector conservador del alto tribunal una artimaña para imponer a su candidato y mantener la influencia de Marchena en la fábrica de creatividad jurídica ya aplicada a la malversación en la ley de amnistía y a la investigación del fiscal general por la filtración de un correo que llegó a un buzón al que acceden más de veinte personas.

A la velocidad de estos tiempos tecnológicos, gaseosos y negacionistas, en menos de dos veranos podríamos ver el Polo Norte sin hielo y a Pedro Sánchez en el banquillo. Y, al menor descuido, el espacio progresista seguirá enredado en cuestiones identitarias o en la disputa del “quién puso más” para avanzar hacia el abismo. 

P.D. A riesgo de ser pesados, no se trata sólo de opinar. Desde infoLibre, mientras socias y socios nos apoyen, seguiremos informando en detalle de todos los movimientos en la judicatura que tengan interés público. No vaya a ser que algunos crean en la separación de poderes exclusivamente en una dirección, la que supone injerencias desde el poder político, mientras juzgan como irreprochables invasiones en las competencias del Ejecutivo o del Legislativo tan flagrantes como las manifestaciones de togados contra la ley de amnistía o las declaraciones del juez Eloy Velasco negando legitimidad al actual Gobierno. Pa’lante.