El juez Ruz defiende la acción popular en casos como los de corrupción porque fortalece la independencia judicial

El magistrado instructor de la trama Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha defendido este miércoles que la acusación popular ha fortalecido la independencia del Poder Judicial y ha aseverado que el hecho de que se hayan cometido abusos en la aplicación de esta figura constitucional no puede servir como excusa para abolirla, según ha informado Europa Press.

El juez ha pedido evitar un uso "torticero y abusivo" de esta figura ya que una acusación popular bien ejercida en un procedimiento, desde su investigación hasta el juicio oral, constituye una forma de control al Ministerio Fiscal, sobre todo en procesos vinculados a delitos de corrupción o medio ambiente.

Durante su participación en la mesa redonda celebrada en el Consejo General de la Abogacía Española, el magistrado, que ha elogiado los logros de la acción popular en casos de justicia universal hasta su reforma en 2014, ha defendido su permanencia en los procesos penales frente a la postura del Ministerio de Justicia que propone un modelo de justicia penal en el que la investigación quede atribuida al fiscal, en sintonía con el sistema europeo.

Por su parte, el fiscal Anticorrupción de la Audiencia Nacional Alejandro Luzón ha apostado por limitar esta figura "como cualquier derecho constitucional" ante la ausencia de regulación actual en esta materia; sin embargo ha reconocido "la importancia histórica" de la misma no tanto en la fase de investigación de un procedimiento como en el juicio oral.

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Luzón, fiscal de las tarjetas black y el caso Bankia, ha confesado que no entiende esta figura como "la panacea" aunque apuesta por una reforma de la misma de cara a que se le prohíba a cualquier persona condenada por sentencia firme a ejercer esta figura y se determine los delitos que atacan intereses colectivos, entre ellos los relacionados con la corrupción.

Nicolás Cabezudo, vocal asesor del Ministerio de Justicia y también presente en la mesa redonda, ha respondido que "en ningún caso" el Ejecutivo pretende eliminar la acción popular aunque esta tiene "deficiencias regulatorias" que conviene modificar mientras que para Antonio Penadés, presidente de la asociación Acción Cívica, el "gran problema" es la "excesiva politización" que ha derivado en un "atentado del Gobierno central contra la autonomía de la Fiscalía, y en particular de Anticorrupción".

El abogado y exfiscal Anticorrupción Carlos Castresana considera que la presencia de la acción popular tiene un carácter más preventivo y debería quedar reducida a los casos "más indispensables", y al igual que ha hecho el fiscal Luzón, Castresana ha reivindicado la independencia del Ministerio Fiscal.