El ICO pagará 800.000 euros a la consultora PwC para que audite los préstamos covid concedidos con su aval

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) concede los avales públicos para que los autónomos y las empresas obtengan de sus bancos préstamos con los que sobrevivir a las restricciones de actividad impuestas por el coronavirus. Hasta el momento, ha otorgado 1,03 millones de avales de la línea covid-19, por importe de 93.899 millones de euros. Pero son las entidades financieras las que analizan si sus clientes cumplen los requisitos de solvencia que les garantizarán la devolución del dinero prestado. Sólo para las operaciones de mayor volumen, por encima de 50 millones de euros, el ICO también hace su propio análisis de riesgo antes de conceder la garantía del Estado. Para los de menor cuantía el banco público revisará a posteriori una muestra aleatoria de los ya concedidos.

Sin embargo, esa verificación no la llevará a cabo el ICO, sino la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), a la que el banco público va a pagar 800.112 euros en dos años, prorrogables por otros tres más tras otorgarle un contrato por el procedimiento negociado sin publicidad el pasado mes de mayo. La adjudicación se llevó a cabo sin concurso y tramitada de emergencia por causa de la pandemia, según se recoge en la Plataforma de Contratación del Estado.

El contrato fue autorizado por el Consejo de Ministros, que aprobó la “adjudicación directa y hasta un límite de un millón de euros” de los servicios de apoyo externo que sean necesarios para la puesta en marcha y desarrollo” de la línea de ayuda del covid-19 “lo antes posible”.

No es la primera vez que el ICO recurre a PwC para este tipo de trabajos. De hecho, desde 2014 le ha adjudicado otros seis contratos. La consultora es la encargada de verificar el cumplimiento de las condiciones de las Líneas de Mediación del banco público al menos desde 2016, pero también de realizar las pruebas de eficacia de las coberturas contables del ICO, al que también ha asesorado en materia financiera y fiscal en sus operaciones de pasivo. Pero el de la Línea Covid-19 es el contrato de mayor volumen hasta ahora. En total, el ICO ha pagado a PwC 1,84 millones de euros desde 2014.

El ICO no ha hecho públicos cuántos préstamos por encima de 50 millones de euros ha concedido, pero sí que la financiación media por operación era al cierre de 2020 de 121.373 euros. Es decir, la mayoría de los créditos avalados son de escasa cuantía, ya que el 98% los han solicitado pymes y autónomos.

Un problema de tamaño

El ICO ha delegado en la banca privada la gestión de los préstamos covid porque no tiene capacidad para llegar hasta los autónomos y las empresas, carece de sucursales. Son las entidades financieras las que conocen a sus clientes y tienen “capilaridad” para acercarse a ellos y evaluar mejor que nadie su solvencia. El banco público cuenta con una plantilla de sólo 346 empleados, de los que 17 son cargos directivos. Para hacerse una idea del tamaño del ICO basta con recordar que en 2019 gestionó unos activos de 31.842,6 millones de euros. Bankinter, el más pequeño de los bancos del Íbex 35, tiene unos activos de 83.732,3 millones de euros, más del doble que el ICO, y emplea a 4.554 personas. Entre las antiguas cajas, la que más se acerca al volumen de activos del banco público es Liberbank, que con 3.084 empleados, gestionaba 42.658,5 millones de euros antes de su fusión con Unicaja.

Nada que ver, pues, con la envergadura de otras entidades estatales europeas. Como el banco público alemán, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), que emplea a 6.700 personas en su sede de Fráncfort, en dos sucursales en Berlín y Bonn y en tres filiales (KfW IPEX-Bank, DEG y KfW Capital). Su volumen de activos asciende a 506.022 millones de euros, casi 16 veces más que el ICO. Bpifrance, el banco público francés, tiene 3.271 empleados, 42 sucursales regionales y unos activos de 136.739 millones de euros. El British Business Bank gestiona 1,54 billones de libras –1,79 billones de euros– en activos con una plantilla de 297 trabajadores.

El último vestigio de banca pública, a la espera de un refuerzo que no llega

Nacido en 1971, el ICO coordinaba entonces la red de bancos públicos del franquismo –Banco Exterior de España, Banco Hipotecario, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Industrial, Banco de Crédito Agrícola, Banco de Crédito a la Construcción y Caja Postal–. Hasta que en 1988 se convirtió en sociedad estatal con consideración de entidad de crédito. En ese momento dejó de recibir dotaciones del Tesoro y empezó a captar fondos en los mercados de capitales.

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Tres años después, los bancos públicos se integraron en Argentaria, que nació como banca comercial y terminó siendo privatizada e integrada en lo que hoy es el BBVA. El ICO se convirtió entonces en el único banco público de España, y se transformó en Agencia Financiera del Estado, con el objetivo de potenciar la economía. Para ello utiliza dos mecanismos. Es el banco nacional de promoción de grandes proyectos de inversión en el extranjero, apoyando a la banca privada. Y desarrolla las conocidas líneas de mediación, también en colaboración con las entidades financieras privadas: el ICO diseña las condiciones de los programas –dotación, finalidad, tipo de interés, plazos de amortización–, mientras que los bancos comercializan los créditos y asumen el riesgo de las operaciones. En estos casos, el dinero lo pone el ICO. En la línea covid-19, en cambio, el dinero lo prestan los bancos.

Durante la crisis financiera, desaparecidas las cajas de ahorro y con el crédito restringido en el resto de la banca, el ICO potenció sus líneas de mediación y el crédito directo. También gestionó el Fondo para la Financiación del Pago para Proveedores (FFPP) y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con los que inyectó más de 85.000 millones de euros mediante el pago de facturas y atendió deuda financiera de las comunidades autónomas por valor de 56.000 millones más.

En su programa electoral, Unidas Podemos se comprometía a construir una banca pública alrededor de Bankia, de la que el Estado poseía el 61,78% del capital hasta su fusión con Caixabank. En febrero de 2020, antes de la pandemia, Pablo Iglesias apuntó hacia el ICO como futuro germen de una renovada banca estatal con más músculo. Sólo un par de días más tarde, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, apoyó en el Congreso el refuerzo del ICO como banco de inversión pública, mediante la integración de otros organismos públicos de financiación, como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) y el Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE). Así, dijo, “se maximizaría su impacto para la movilización de inversión pública y privada necesarias”. La pandemia ha dejado la idea en el limbo.