La hiper-confianza en la digitalización y tecnología domina el Plan de Resiliencia

Cuando en julio de 2020 la Comisión Europea (CE) presentó su paquete de ayudas NextGenerationEU, mucho se aplaudió desde los gobiernos y los consejos empresariales. 750.000 millones de euros para financiar la recuperación económica post covid-19, y para invertir en la transformación verde y digital de la economía europea. Casi un año después, la propuesta se ha materializado en 27 planes nacionales de recuperación y resiliencia que tienen que ser aprobados hoy, como fecha límite, por parte de la Comisión Europea. En el caso del Estado español, ya recibimos la aprobación de Bruselas hace un par de semanas para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. España Puede, y con ello el visto bueno para la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y su plan de inversiones y reformas financiado con un total de 69.500 millones de euros de subvenciones europeas.

En un momento de crisis múltiple, la entrega de grandes cantidades de dinero público al sector privado para rescatarlo y transformarlo no es una decisión meramente económica, sino una cuestión de justicia social y ambiental, que de una manera u otra afectará a todo el mundo. En este sentido, llama mucho la atención la inconmensurable confianza del Gobierno español en la digitalización y la tecnología como estrategia para resolver los problemas de este país. Una estrategia altamente cuestionable, por un lado por los impactos sociales y ambientales que provocan los procesos de la digitalización –entendido como proceso de transformación de una actividad de analógica a digital a través de la microelectrónica, las telecomunicaciones, la arquitectura de ordenadores, la robótica o el software; se relaciona con el big data, la inteligencia artificial o el Internet–, y por otro lado porque se decide esta estrategia desde la Moncloa, sin suficiente debate democrático y colectivo.

Por un lado sorprende la cantidad de dinero dedicado a proyectos para digitalizar procesos y sectores. En total representa el 28% de los fondos, mucho más de lo que se pide desde la Comisión Europea a los Estados Miembros (obligatorio es un 20%). Por otro lado, digitalización se utiliza como sinónimo para todo aquello que requiere modernización (por ejemplo en el caso de la industria, la administración y sectores sociales), sin profundizar en los problemas estructurales o apostar por desarrollar modelos económico-sociales alternativos más resilientes como podrían ser modelos de producción y consumo basados en las soberanías –por ejemplo producción agraria ecológica para el auto-consumo, o producción de productos esenciales, como material sanitario, en los territorios autónomos y estatales–.

Con esta suposición de que modernización es igual a digitalización, el componente 12 de Política Industrial España 2030 desarrolla inversiones y reformas para lograr la digitalización de sectores estratégicos, con un total de 3.781,5 millones de euros, de los cuales gran parte irán al sector de la automoción, al turismo y el comercio, al sector agroalimentario y a la salud. Además en el sector agroalimentario y pesquero (componente 3) se propone el Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización, dotado de 95 millones de euros. En el caso del turismo, un sector que se ha visto altamente vulnerable frente a impactos externos como el covid-19, se dedica un componente extra (nº14) a su digitalización: unos 337 millones de euros con el objetivo de “seguir atrayendo a turistas cada vez más hiperconectados y con estancias de mayor valor añadido.”

En los componentes sociales (educación, salud, cuidados), sectores que durante la pandemia del coronavirus se han visto como esenciales para mantener la vida de las personas, también se traslada esta hiperconfianza en la digitalización y la tecnología como solución para los problemas estructurales. En vez de emplear a más personas, mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras sociales, mejorar la atención a los colectivos vulnerables, etc., se subvenciona la mejora de infraestructuras digitales y el equipamiento en educación (146,8 millones de euros), la inversión en equipos en salud (796 millones de euros) y en equipamientos y tecnología en cuidados (2.083,9 millones de euros).

Es indudable que las administraciones tienen una necesidad real de modernizar sus procesos y mejorar su transparencia. Igual que las PYMES tienen una necesidad real de recibir apoyo para superar esta crisis económica. Sin embargo, el Plan España Puede ofrece a estos dos sectores subvenciones para la digitalización de sus procesos y plantillas mayoritariamente: 3.781,5 millones para las administraciones (componente 12) y 3.547 millones, lo que supone un 72,5% de todo el componente 13 para la digitalización de las PYMES.

Esta hiperconfianza en la digitalización y tecnología en un “plan de país” es peligroso. Por un lado, no proporciona el impulso necesario de transformar realmente el modelo productivo para que sea más resiliente, sino moderniza únicamente algunos sectores y procesos. Por otra parte, ignora totalmente los impactos sociales y ambientales que conlleva la digitalización y que muchas personas expertas nos están advirtiendo.

A nivel laboral, la digitalización y la robotización provocarán la reestructuración de las plantillas. En el estudio del Foro Económico Mundial, “El futuro de los trabajos”, que se basa en la suposición de una disponibilidad infinita de recursos, se asegura que un 43% de las empresas están preparando una reducción de las plantillas por la integración tecnológica, un 41% planean las subcontrataciones de trabajo especialista y, por el contrario, solo un 34% esperan aumentar la plantilla. Para 2050, las empresas prevén la digitalización y la robotización del 47% de su plantilla. Además, el mismo estudio del Foro Económico Mundial reconoce un impacto en la división sexual del trabajo por la tipología de empleos que se están promoviendo, con una presencia porcentual mucho más baja de las mujeres en los trabajos relacionados con la digitalización. Si la entrega de dinero público para la digitalización de empresas no esta acompañada por la obligación de mantener el empleo, si no se implementan políticas públicas de reducción de la jornada laboral, o programas masivos de reorientación profesional, nos veremos confrontados con un considerable aumento del desempleo en los próximos años.

La digitalización y el despliegue de las nuevas tecnologías tienen graves impactos ambientales que el Gobierno no menciona en ningún momento. El almacenamiento del big data es extremadamente intenso en energía y emite CO2. Hemos construido una economía de servicios que se nutre de datos que están almacenados en servidores en otra parte del mundo, lo que significa que estamos externalizando nuestro impacto ambiental y climático. Además, la extracción masiva de los minerales necesarios para la transición digital, como el litio, el cobalto, etc., empeorarán los conflictos y violaciones de derechos humanos en los territorios extractivos (mayoritariamente al Sud global). Es más, el Gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera menciona los límites biofísicos de esta transición digital. La propia Comisión Europea plantea en su lista de materiales críticos de 2020 que, por ejemplo, se necesitará 18 veces más litio en 2030 y 60 veces más en 2050 para implementar la estrategia europea de transformación verde y digital.

Considerando la falta de soluciones para los problemas los estructurales de la economía y la falta de consideración del impacto exterior, ambiental, social y de género de la digitalización, se plantean serias dudas sobre si la apuesta del Gobierno acabará en una transformación económica beneficiosa para el planeta y para la mayoría de la población. Menos tecno-optimismo, más propuestas valientes transformadoras enfocadas en la resiliencia a largo plazo y especialmente más debate democrático sobre el rumbo que debería tomar nuestra economía y sociedad son elementos imprescindibles en un proceso de recuperación y construcción de un “plan de país”.

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Nicola Scherer es investigadora del Observatori del Deute en la Globalització.