¿Jaque mate a la prostitución? El PSOE quiere una ley abolicionista e Igualdad apuesta por alternativas para las mujeres

Dice el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que aprobar una ley abolicionista de la prostitución fue el "deseo no cumplido" de su gobierno. Cree, sin embargo, que no es tarde y que son los socialistas de Pedro Sánchez quienes deben recoger ahora el testigo. Así lo señaló a finales de septiembre, con la mirada puesta en el próximo congreso federal del partido, que se celebrará en València entre el 15 y el 17 de octubre. "El 40º Congreso del PSOE debe ser el congreso definitivo en el que se diga claramente que debemos abolir la prostitución", apremió el expresidente en un acto organizado por la formación. Es toda una declaración de intenciones que da continuidad al órdago lanzado en marzo por Carmen Calvo, secretaria de Igualdad del PSOE, cuando anunció su intención de consolidar una legislación contra la prostitución y la trata. Cuatro meses después, el partido aseguró tener preparado ya un primer borrador.

Los socialistas están de acuerdo: la abolición de la prostitución es una prioridad y el momento de caminar hacia ese escenario es ahora. El PSPV quiere que el 40º Congreso acoja el debate sobre la aprobación inmediata de una ley abolicionista. La formación que lidera Ximo Puig ha presentado una enmienda a la ponencia política marco en la que acota el margen para aprobar una norma y lo enmarca en la actual legislatura. La enmienda busca así concretar la hoja de ruta y poner fecha a la futura legislación. El pasado 27 de septiembre la secretaria del PSOE en materia de Violencia de Género, Susana Ros, ya señalaba que esta "debería ser la legislatura que pusiera fin a la trata y a la prostitución". También la portavoz del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Grupo Socialista, Lídia Guinart, recalcó en junio que "esta debe ser la legislatura de la abolición de la prostitución". El Grupo Socialista ha organizado, precisamente, unas jornadas parlamentarias "hacia la ley abolicionista de la prostitución", previstas para el próximo 13 de octubre.

En la ponencia marco del congreso federal, los socialistas dedican buena parte de su estrategia contra la violencia machista a medidas específicas para erradicar la prostitución. "Los hombres y las mujeres socialistas vamos a luchar para abolir la prostitución y erradicar la trata en defensa de los derechos humanos". El documento zanja además el manido debate en torno a los vínculos entre prostitución y trata, asegurando que ambos fenómenos "no pueden desligarse" porque "son dos caras de una misma realidad".

Lo cierto es que el PSOE no titubea a la hora de declararse abiertamente abolicionista. En las resoluciones del 39º Congreso Federal, la formación ya tildaba a la prostitución como "uno de los rostros más crueles de la feminización de la pobreza, así como una de las peores formas de violencia contra las mujeres", por lo que ya entonces prometía dar "los pasos necesarios para la aprobación de una normativa que regule el abolicionismo". En la actual ponencia marco, el partido estima que abolir la prostitución es un proceso que debe "estar marcado por iniciativas legislativas y cambios sociales, al tiempo que requiere de políticas públicas eficaces que ofrezcan una salida a las mujeres". Es en este último punto en el que ha decidido centrarse el Ministerio de Igualdad, bajo responsabilidad del socio de coalición Unidas Podemos.

Alternativas para las prostitutas

El departamento de Irene Montero lleva meses trabajando sobre una ley integral de trata que ponga fin a todas las formas de explotación. Fuentes de la cartera indican que su propuesta está basada en "medidas encaminadas a acabar con la explotación sexual", pero siempre poniendo el foco en dar "alternativas y garantizar los derechos de todas las mujeres en contextos de prostitución, trata y explotación sexual". Esta línea, aclaran las mismas voces, pasa por "planes de inserción laboral, respetar sus derechos y no tenerlas en situación administrativa irregular". Por eso la futura ley contra la trata acometerá, si la voluntad de los morados se lleva a término, una reforma de la Ley de Extranjería, porque "la solución no puede ser expulsar" a las mujeres prostituidas.

El Gobierno ha ido dando ya algunos pasos. La Ley de Libertad Sexual, la futura norma conocida como ley del sólo sí es sí, aprobada en Consejo de Ministros y pendiente de debate parlamentario, incluye dos puntos relativos a la prostitución. El primero tiene que ver con la modificación del artículo 187.2 del Código Penal, de manera que quien "se lucre explotando la prostitución de otra persona aun con el consentimiento de la misma" deberá afrontar una pena de prisión de dos a cuatro años. En todo caso, matiza la ley, se entenderá que "hay explotación cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación". El segundo elemento está relacionado con la incorporación del artículo 187 bis en el Código Penal. Este precepto introduce la pena de prisión de uno a tres años para todo aquel que "con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento" a favorecer la "explotación de la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento". Sin embargo, explican las mismas fuentes, la abolición "no puede ser un eslogan", por lo que "de nada sirve apostar por medidas" exclusivamente sancionadoras sin una "alternativa" para las mujeres en contextos de prostitución.

Entonces, ¿difieren los socios de Gobierno en su enfoque sobre la prostitución? En esencia, parecen más los puntos en común. Con su entrada en el Ministerio de Igualdad, Irene Montero dejó clara su postura: el horizonte pasa por la abolición. El departamento es en términos generales abolicionista, pero entre sus filas conviven distintos sentires. Fruto del debate, el ministerio rechaza el abolicionismo como sinónimo de punitivismo o refuerzo de las sanciones, pero tampoco apuesta por la regularización del denominado trabajo sexual. En una entrevista con este diario, la actual directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, señalaba que el modelo abolicionista debe articular "toda una serie de políticas que en algunos casos tienen que ver con el ámbito punitivo, pero que fundamentalmente están relacionadas con el despliegue de estrategias y planes que ofrezcan alternativas vitales a las mujeres que se encuentren en contextos de prostitución".

Modelos, sanciones y 'ley mordaza'

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Aunque habitualmente son dos las posiciones en torno al debate –regulación y abolición–, existen diversos matices y muchas más aristas. Si bien tanto el PSOE como el Ministerio de Igualdad se declaran abiertamente abolicionistas, conviene distinguir este modelo de la vertiente prohibicionista. Esta última busca poner fin a la prostitución, pero desde una perspectiva estrictamente punitivista, a través de sanciones no sólo a los clientes y a los proxenetas, sino también a las prostitutas.

Los planes trazados por el Ministerio de Igualdad no apuntan a una persecución activa de los clientes, un modelo desarrollado en países como Suecia o Francia, sino que sus dardos van en exclusiva contra la industria proxeneta. Es ahí donde quizá podría anidar la discordia entre los morados y los socialistas, estos últimos firmes defensores de modelos como el sueco y de la persecución activa de la demanda, con el fin último de desincentivarla. El departamento de Irene Montero argumenta que, en la práctica, eso ya viene sucediendo en suelo español, con resultados poco efectivos. La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, ya permite a las autoridades imponer multas a los consumidores que acudan a "lugares destinados a su uso por menores" o en enclaves donde la actividad pueda "generar un riesgo para la seguridad vial". Pero también da vía libre a imponer sanciones a las prostitutas por la "realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual".

Actualmente, más de medio centenar de municipios cuentan con ordenanzas específicas para perseguir la prostitución, la mayoría a través de multas. Un estudio realizado en 2018 por el grupo Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) revela sin embargo que las ordenanzas municipales no son el instrumento idóneo para regular el trabajo sexual en las calles, ya que las sanciones recaen en su mayoría sobre las espaldas de las mujeres.