Los hospitales de gestión privada no figuraron en las cuentas de la Comunidad de Madrid hasta 2019

Cristina Cifuentes anunció en 2016 la integración en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) de los seis hospitales bajo concesión de obra pública que el exconsejero de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty había intentado privatizar hasta que se lo impidieron las mareas blancas y los tribunales. Vendió la operación como el cumplimiento de una promesa electoral que, además, “profundizaba en la gestión pública de los recursos sanitarios” que estaba llevando a cabo entonces el Gobierno de Madrid, según decía el comunicado de la Consejería de Sanidad publicado un 6 de julio de 2016.

La integración consistió en extinguir las empresas públicas que gestionaban cada uno de los hospitales, y hacerlos depender directamente del Sermas. Sin embargo, esos centros –Hospital del Tajo, del Sureste, del Henares, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina–, puestos en funcionamiento en 2009, y a los que sumó el Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda, no figuraron en la contabilidad de la Comunidad de Madrid hasta 2019. Por tanto, no computaron ni para el cálculo del déficit ni para el de la deuda de la administración regional. Ni antes de su integración en el Sermas, cuando dependían de otras tantas empresas públicas creadas ad-hoc, ni después cuando pasaron a ser gestionadas directamente por la consejería.

Así lo recogen los sucesivos informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas madrileña desde 2017. Y lo reconoció este miércoles el propio presidente del organismo, Carlos Salgado Pérez, durante una comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Asamblea de Madrid. “Que [esos activos] estén incluidos o no en las cuentas del Sermas tiene evidentemente una trascendencia”, aseguró Salgado Pérez. “La contabilización”, añadió, “conlleva una repercusión en la deuda y el déficit de la Comunidad de Madrid”. Carlos Salgado no cuantificó el impacto porque aún no se ha hecho, dijo, un análisis del efecto en ambas magnitudes de las colaboraciones público-privadas suscritas por el Gobierno regional, ni en el ámbito de los hospitales ni en otras, como la M-45, por ejemplo.

La Intervención General de la Comunidad de Madrid emitió un informe en diciembre de 2017 donde establecía que el Sermas debía incluir en su balance los siete hospitales, así como las inversiones que se realizaran en ellos y el correspondiente pasivo financiero. Para llegar a ese criterio había realizado antes varias consultas al respecto con la Intervención General del Estado. Un año después, la Comunidad sacó a concurso la elaboración de un estudio para hacer la integración en sus cuentas de esos activos “dada la complejidad [de la operación] y la inexistencia de antecedentes”. Se presentó sólo una consultora, KPMG, que cobró por el informe 40.606 euros. Según sus cálculos, los siete hospitales tenían un valor contable de 600,13 millones de euros y suponían un pasivo de 552,68 millones. Así lo explica, una vez más, la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización del ejercicio de 2018. La inclusión de estos siete hospitales de gestión privada no se llevó a cabo hasta un año después, a 31 de diciembre de 2019. Según ha explicado la Consellería de Sanidade a preguntas de infoLibre, la demora se debió a “la complejidad de la valoración y el análisis del cálculo de los activos”.

Según la Cámara de Cuentas, la incorporación de los hospitales en el balance de la Comunidad en 2019 se tradujo en un aumento del activo no corriente por importe de 727 millones de euros. Para hacerse una idea de la importancia del cambio, basta con señalar que la Cámara de Cuentas cifra en un 44% el “fuerte incremento” del patrimonio de la Comunidad de Madrid, con una suma de activos y pasivos que rozaba los 3.000 millones de euros. La inclusión de los siete hospitales supuso un aumento del inmovilizado material –los bienes propiedad de la administración madrileña– del 76% en 2019.

Deuda oculta

Pero la operación no estaba completa. Siguiendo las instrucciones de la Intervención, el Sermas también debía consignar en sus cuentas de forma correcta los pagos anuales a las concesionarias. Porque lo que hacía Sanidad era incluir dentro de una sola rúbrica, el canon –en el capítulo 2 de sus presupuestos– todos los abonos que les hace cada año a las empresas privadas. No fue hasta finales de 2020, un año después de la integración de los activos, cuando empezó a desglosar los diferentes tipos de pagos, tal y como le reclamaba la Intervención. Sólo desde ese momento, el Sermas precisa cuánto paga a las concesionarias por los servicios prestados, por las amortizaciones de la inversión realizada y por los intereses de la carga financiera de esas inversiones. Es decir, durante todos los años de funcionamiento de los hospitales, la deuda con las concesionarias ha estado oculta en la partida del canon de las cuentas del Sermas.

El total que cada año el Sermas paga a las concesionarias de estos siete hospitales asciende a 166,28 millones de euros. De esa cantidad, 29,14 millones corresponden a intereses, tal y como figura en los presupuestos de este año. Es deuda que hasta ahora no constaba como tal en las cuentas del Sermas.

Por ejemplo, de los siete hospitales con este sistema de gestión, el más caro es el Puerta de Hierro, al que Sanidad debe pagarle cada año un total de 58,54 millones de euros, de los cuales 7,83 millones corresponden a intereses, 7,34 millones se destinarán a comprar bienes inmuebles y 587.358 euros a comprar bienes muebles.

La Consejería de Hacienda niega que la inclusión de los hospitales en el balance del Sermas tenga consecuencia alguna ni en el cálculo del déficit ni en el de la deuda de la Comunidad de Madrid, porque “se contabilizan como contabilidad patrimonial, no como contabilidad nacional” . Y se remite al mencionado informe de la Intervención de diciembre de 2017 en el que se indica que “la mera diferenciación en factura de la retribución asignada a la inversión del resto de retribuciones, en contabilidad nacional, no afecta al balance de riesgos existente previamente y no se modifica su incidencia en el déficit y la deuda de la Comunidad de Madrid”.

Un déficit mínimo y la segunda menor deuda

Madrid siempre ha presumido de sus cifras déficit y deuda públicos. En 2020 terminó con sólo 43 millones de euros de déficit, un 0,02%, lo que permitió a Fernández-Lasquetty, quien ahora es consejero de Hacienda, alardear de unas “cuentas saneadas” con las que la Comunidad puede “bajar los impuestos, costear unos servicios públicos de la máxima calidad y hacer frente a una catástrofe como la covid-19, sin meterse en deudas”. Para 2021, la AIReF preveía un déficit superior, pero aun así pequeño, del 0,3%. Hasta 2020 las cifras de déficit Madrid siempre habían sido negativas.

Otro tanto ocurre con la deuda, 34.604 millones en 2020, el 15,99% de su PIB, según el Ministerio de Hacienda. Es la segunda más baja, tras Canarias. La AIReF prevé que en 2021 la deuda baje al 15,1% del PIB.

No es este capítulo de los hospitales bajo concesión de obra pública el único que ha hecho aflorar deuda oculta en la Comunidad de Madrid. En 2018, el informe de la Cámara de Cuentas autonómica desveló que la Comunidad de Madrid tenía una deuda de 722,3 millones de euros con los cinco hospitales bajo concesión administrativa: los cuatro gestionados por Quirón Salud y el de Torrejón de Ardoz. En 2021 El País publicó que Bruselas había obligado a la Comunidad de Madrid a aflorar esa deuda, que hasta el 31 de diciembre de 2019 había crecido hasta alcanzar los 944 millones de euros. Según el último informe anual de Fresenius, la multinacional dueña de Quirón Salud, la deuda asciende a 1.250 millones por la asistencia médica a pacientes de la sanidad pública en ejercicios anteriores.

Falsos incentivos

La Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad), que integra a 60 ONG de 29 países europeos, publicó en 2017 un informe sobre asociaciones público-privadas, la fórmula utilizada por la Comunidad de Madrid para construir estos siete hospitales y gestionar otros bajo concesión administrativa –Valdemoro, Torrejón, Rey Juan Carlos y Villalba–. El documento denuncia los “falsos incentivos” que tiene para las administraciones públicas dejar fuera del balance estas fórmulas de gestión: les permite ocultar costes y subestimar su efecto fiscal real. “Los gobiernos eligen las asociaciones público-privadas no por motivos de eficacia, sino para evitar limitaciones presupuestarias y para posponer el registro de costes fiscales derivados del suministro de servicios de infraestructura, unas prácticas que acaban exponiendo las finanzas públicas a riesgos fiscales excesivos”, resaltan los autores del informe. En resumen, destacan, que estos activos figuren en las cuentas de una administración pública tiene “un efecto sobre el déficit y la deuda”.

Para decidir si se incluyen en la contabilidad o no, Eurostat ha elaborado sus propios criterios, que son los que siguen en España la Intervención General del Estado y la de la Comunidad de Madrid. En general, si es la administración pública en cuestión la que asume ciertos riesgos, los activos gestionados bajo esta fórmula público-privada deben estar incluidos en las cuentas públicas, no en las de la empresa concesionaria.

La experiencia británica

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En 2018, la Oficina Nacional de Auditoría (NAO) del Reino Unido, un organismo del Parlamento británico e independiente del Gobierno, analizó los proyectos gestionados con este mecanismo de colaboración público-privada. Es en Reino Unido donde ha tenido más éxito la fórmula. En 2017 estaban en marcha 716 proyectos, por importe de 59.400 millones de libras (71.215 millones de euros). Por comparar, en España actualmente existen sólo 161 proyectos, con un valor de 35.200 millones de euros, según los registros del Banco Europeo de Inversiones (BEI). De ellos, 20 son hospitales.

El informe destaca que los costes financieros de estos contratos son mayores que en proyectos enteramente públicos. Y que tienen otros costes externos adicionales, desde seguros hasta asesores y garantías. Sumados unos y otros, resulta que “el gasto total de estos proyectos es mayor que el de las alternativas con financiación pública”. Según detalla, un 40% más en el caso de las escuelas y hasta un 70% más en el de los hospitales.

Es más, al igual que Eurodad, la Oficina Nacional de Auditoría británica pone el foco en los “incentivos en el corto plazo” que para las administraciones públicas supone dejar fuera de sus cuentas la deuda asociada a estos proyectos. Para ello cita a la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, que en un informe sobre riesgos fiscales calificaba de “ilusión fiscal” el uso de fórmulas fuera de balance como estas concesiones. Así explicaba el espejismo: “[Los mecanismos de colaboración público-privada] pueden ser atractivos para los gobiernos, ya que el nivel registrado de deuda será menor en el corto y medio plazo (cinco años), aunque sus costes sean significativamente mayores en el largo plazo de contratos que duran de 25 a 30 años”.