Los jóvenes investigadores respiran con la nueva Ley de Ciencia pero dudan del fin de la temporalidad

El Consejo de Ministros aprobó este viernes la reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación y la norma ya se dirige al Congreso de los Diputados para su tramitación. Desde la publicación del primer borrador los jóvenes investigadores precarios se han organizado, han peleado, se han manifestado, se han reunido con el exministro Pedro Duque y con su sucesora, Diana Morant, han acudido a sede parlamentaria y su esfuerzo, manifiestan, ha merecido la pena. La iniciativa será mejor que al principio y les mejorará la vida. No es suficiente, claro, cuándo lo es, y lamentan la "oportunidad perdida" de una reforma estructural que supere la chapa y la pintura, pero están "satisfechos". "Expectantes", más allá de la publicación, pero "satisfechos".

La ministra, aunque no se ha referido específicamente a los jóvenes investigadores, ha dejado claro que el principal objetivo de la reforma es atajar la precariedad. "Es necesario saldar la deuda con las personas que investigan e innovan, que son esenciales, a quienes esta nueva ley dota de más derechos y de un horizonte de estabilidad en sus carreras", ha declarado Morant en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El texto difundido por el Ministerio de Ciencia es más específico: "Las capacidades del sistema de I+D+I público en España están amenazadas por el envejecimiento del personal investigador y por las discontinuidades y retraso en la entrada al sistema para las personas jóvenes".

Sobre la bocina, y tras una manifestación frente al Congreso el pasado 7 de febrero, los jóvenes investigadores precarios –organizados en base a varias plataformas, también en función de su posición en el engranaje del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI)– arrancaron a Morant la promesa de que los investigadores con contrato en vigor podrían acceder a las nuevas indemnizaciones tras finalizar su contrato. En anteriores borradores solo se incluía a los que se firmaran después de la publicación de la ley, que el Gobierno prevé para este verano.

Además del beneficio obvio de recibir una cuantía al terminar el contrato, dado que ahora se van al paro sin recibir un solo euro, la indemnización abre la puerta a considerar a los investigadores predoctorales como trabajadores y a la relación entre la institución y el beneficiario como laboral. Sigue habiendo deficiencias, porque la compensación es inferior a la que recoge el Estatuto de los Trabajadores; en base, además, a un salario que a duras penas supera el SMI en el caso de los que aún no han presentado su tesis. Pero se abre un camino a transitar, consideran las organizaciones.

"Estamos satisfechos, pero expectantes", explica José Manuel Pérez, presidente de la asociación FPUInvestiga, que acoge a los predoctorales con ganas de pelear. La indemnización es importante, pero no se ha tocado ese salario mínimo, que a duras penas llega a los 1.200 euros en el tercer año de contrato; tampoco hay una solución clara para uno de los grandes lastres del sector, la altísima tasa de temporalidad. Eliminar los contratos temporales por defecto es el principal objetivo de la última reforma laboral, pero aún no ha quedado claro cómo se aplica al ámbito científico, donde se trabaja con proyectos finitos y ayudas con fecha de caducidad.

"Una de estas reformas es la introducción de una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas", explica el Gobierno. "Este nuevo contrato indefinido, que está alineado con la reforma laboral y recoge las singularidades del sistema, no está sujeto a los límites de la oferta de empleo público ni a las tasas de reposición". A su vez, se crea otro contrato, de seis años con una evaluación intermedia, para investigadores que ya hayan acabado su tesis y quieran seguir avanzando camino a la plaza fija de funcionario.

"La intención del Gobierno va en ese sentido", en el de acabar con la temporalidad, "pero aquí también hay mucha incertidumbre. Está todo en el aire porque no sabemos cómo van a encajar" la reforma laboral y la nueva Ley de Ciencia, asegura Pérez. Moisés Rodríguez, vicepresidente de la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, intenta desembrollar el lío en conversación con infoLibre, que afecta principalmente a los postdoctorales. Según el texto aprobado por el Consejo de Ministros, el modelo indefinido debe ser la norma en los contratos Juan de la Cierva, una de las dos principales vías que tiene el investigador tras la presentación de su tesis. Pero "ese contrato es de máximo dos años". Por lo que, en la práctica, la reforma laboral ayudaría a que esa finalización de la relación contractual se convierta en un despido, con la correspondiente indemnización, que es positivo pero que no acaba con la inestabilidad. El modelo de seis años tampoco se adapta a las características de este programa.

La federación entiende que el segundo contrato, de seis años, es el predestinado a los beneficiarios del programa Ramón y Cajal, la segunda vía con la que cuentan los investigadores posdoctorales, y que es más corto: cinco años. Incluso en el caso de encadenar ambas ayudas, siguen sin cuadrar las fechas: siete años en ambos programas, pero seis de contrato. Un desequilibrio difícil de entender, como apunta aquí la organización: "Se puede dar la anomalía de tener una postdoc 'junior' con un contrato indefinido (con mayor cobertura legal) y una postdoc 'senior' con un contrato temporal (con menor cobertura legal)".

Las universidades ya han manifestado su inquietud por el presupuesto necesario para pagar esas indemnizaciones por despido. Morant ya ha declarado que los fondos del Ministerio de Ciencia sufragarán esas compensaciones, pero solo por el momento. A la larga, teme Rodríguez, los contratos Juan de la Cierva podrían desincentivarse si las universidades no quieren pagar de más.

La solución, para Rodríguez, es que ambos contratos sean indefinidos, y la creación de un "estatuto del personal investigador" posdoctoral, como el ya existente para los predoctorales, que unifique y disponga salarios mínimos en base a la formación recibida y aclare el embrollo entre las distintas modalidades para seguir en la carrera científica. No es la única carencia: los jóvenes investigadores seguirán discutiendo en los despachos y gritando en la calle. No hay, y en esto coinciden con sus mayores, un plan plurianual, a largo plazo, que asegure una financiación digna para la ciencia española más allá del impulso de los fondos europeos. La norma garantiza llegar en 2030 a una inversión pública del 1,25% del PIB, pero "lo que pedimos es una planificación" a largo plazo, explica el vicepresidente de la federación.

"No puede ser que en un año salgan 700 contratos Ramón y Cajal y al año siguiente se queden a la mitad", asegura Rodríguez: la cifra de inversión está bien, pero estaría mejor que los nuevos investigadores tuvieran las mismas oportunidades de acceso independientemente de si pueden disfrutar del impulso de los fondos europeos. También hay carencias, como reconoce la propia ministra, a la hora de repatriar a los investigadores que tuvieron que salir al extranjero por falta de oportunidades aquí: la nueva norma les permite validar parte de la formación recibida en otros países, pero los salarios siguen siendo insuficientes. El personal técnico, reconocido como "investigador" por la ley, no disfruta ni de estatuto ni de una carrera digna porque depende del Ministerio de Función Pública.

"Un mundo tan competitivo como el científico"

Han sido meses de pelea. Que no acaba aquí. Pero por ahora, los jóvenes investigadores precarios respiran y disfrutan de los frutos de la movilización. "En la movilización del 7F pudimos recoger mucho apoyo mutuo de muchos colectivos. En un mundo tan competitivo como el científico", destaca Pérez, es de agradecer. "Está siendo muy duro, pero estamos contentos con lo que se está creando".

Investigadores se concentran en toda España contra el anteproyecto de la Ley de Ciencia

Ver más

De las palabras del científico y activista se desprende que ese "apoyo mutuo" no está garantizado. La presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas, Perla Wahnon, criticó el pasado 15 de febrero en Las Mañanas de RNE tanto la insuficiente inversión pública y la ausencia de un plan plurianual como la limitación a la temporalidad de los trabajadores, sin una palabra sobre la precariedad de unos jóvenes que apenas cobran más de 1.000 euros cuando empiezan su carrera durante años, que se ven en la calle sin indemnización, que son el eslabón más débil de la carrera.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), financiada por las grandes empresas del país, ha ido un paso más allá, criticando en su último informe sobre la ley un "exceso de regulación especialmente acusado en lo relativo a los recursos humanos". "El marco institucional que propone esta ley no sólo no elimina las barreras existentes, sino que introduce nuevas rigideces que elevan los costes a los agentes, investigadores y empresarios". La organización critica la ausencia de una reforma estructural que acerque la producción científica al mercado y genere riqueza, un punto de vista del que reniegan organizaciones como la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios.

"Por desgracia, cuando se piensa en la ciencia solo se piensa en el cáncer", asegura Rodríguez: en investigaciones que tengan un retorno cuantificable. El retorno es deseable y bienvenido, claro: pero los jóvenes piden que no se olvide el papel de la ciencia como generadora de conocimiento, que puede traducirse en más avances tecnológicos y en más productividad para las empresas... o no. Y, por supuesto, seguirán exigiendo una vida que se pueda vivir desde el principio de sus carreras científicas, con estabilidad y salarios dignos.