La lista más votada que ahora rescata Feijóo habría dejado sin gobierno a Ayuso, Moreno, Mañueco o Almeida

La lista más votada es la que debe gobernar, salvo cuando el más votado es otro. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que la Presidencia del Gobierno, en España y en las comunidades autónomas, y las alcaldías en los ayuntamientos, deberían ser ocupadas por el número uno de la lista más votada. Sin tener en cuenta si su porcentaje de voto es muy pequeño (en un sistema político muy fragmentado es posible ganar las elecciones con un porcentaje del 20% o menos) ni si existen mayorías alternativas a partir de acuerdos poselectorales entre partidos, lo que garantiza una representatividad mucho mayor.

Feijóo defiende este supuesto principio, que no está recogido en el ordenamiento constitucional español y que sólo se puede aplicar por acuerdo privado entre partidos o mediante una muy difícil reforma de la Carta Magna, para justificar el supuesto derecho de Alfonso Fernández Mañueco a ser el presidente de Castilla y León a pesar de que en las elecciones del 13 de febrero sólo consiguió el voto del 31,4% de los ciudadanos que acudieron a las urnas (uno de cada tres). 

Mañueco, dijo el líder del PP este martes a las puertas de la sede de su partido, tiene su “total” apoyo por “una cuestión fundamental”, ha ganado las elecciones autonómicas en Castilla y León el pasado 13 de febrero. “Creo que ya es hora de empezar a recuperar la diferencia entre ganar o perder”, enfatizó dando a entender que la legitimidad de la presidencia de Mañueco emana de su número de votos y no del acuerdo parlamentario que suscribió con Vox a cambio de dar entrada a la extrema derecha en el gobierno de la comunidad.

A él le “interesa mucho”, dijo, que los ciudadanos sepan que su partido “quiere gobernar cuando gana”, aunque no tenga mayoría en el Congreso, en las asambleas autonómicas o en los ayuntamientos. Y recordó que cuando el PP propuso al PSOE que se modificara la Ley Electoral para que se dejase gobernar a la lista más votada los socialistas se negaron (lo cierto es que el PSOE está de acuerdo en dejar gobernar a la lista más votada pero sólo en el caso de que en el Congreso no se formen mayorías viables mediante acuerdos entre partidos).

El PSOE “nos dijo que no. Y a partir del año 2019 en España se han producido distintas coaliciones entre partidos que no ganaban. Creo que tenemos que recuperar la senda de diferenciar en democracia el que gana y el que pierde. Yo me apunto a esa senda. Me parece la más transparente, la más limpia y la más decente”. Si el PP gana las elecciones “lo lógico” es que gobierne y si, por el contrario no gana, “lo lógico es que gobiernen otros”, sostiene.

Lo que Feijóo no dijo es que ese año quien se benefició del sistema parlamentario no mayoritario fue su partido. El que optó por la fórmula menos “transparente, limpia y decente” fue el PP. 

“Pactos de perdedores”

Si se aplicase la regla de dejar gobernar al partido más votado, él se hubiese quedado como el único presidente del PP en toda España gracias a su mayoría absoluta. Porque Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, Fernando López Miras y Alfonso Fernández Mañueco no ganaron sus respectivas elecciones en Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León. Los cuatro se hicieron con el poder o lo conservaron mediante lo que el PP siempre ha llamado los “pactos de perdedores”: acuerdos con otras fuerzas políticas. Exactamente igual que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Es verdad que en 2019 Feijóo no era todavía presidente del PP, pero también pasó por alto su propio criterio en el Ayuntamiento de Ourense después de las elecciones municipales de 2019 y en ese caso sí era su responsabilidad. 

Allí dio su bendición a un pacto en virtud del cual el PP hizo alcalde al candidato de la tercera lista en número de votos —una fuerza populista llamada Democracia Ourensana que él mismo había calificado como “letal” para la ciudad durante la campaña— con tal de que los socialistas, que habían sido los más votados, no se hiciesen con el bastón de mando.

La propuesta de Alberto Núñez Feijóo para que, a partir de ahora, gobierne en España el partido más votado aunque esté lejos de contar con una mayoría estable en el Congreso de los Diputados contradice el texto constitucional y sólo es viable si PP y PSOE llegan a un acuerdo político que no está contemplado en la ley.

La Constitución de 1978 establece que España es una “monarquía parlamentaria”. Al situar al Congreso en el centro de las instituciones (artículo 1.3) la Carta Magna optó por un sistema opuesto al presidencialista que rige la vida política en Francia, en Estados Unidos y en toda América Latina. 

La adopción del modelo parlamentario es lo que hace que al presidente del Gobierno no lo elijan directamente los ciudadanos, como van a hacer los franceses el domingo, sino el Congreso. El título IV de la Constitución regula el procedimiento: el rey nombra presidente a quien obtenga la confianza de la Cámara Baja expresada a través de la mayoría absoluta de sus miembros o, en segunda votación, al aspirante que consigue más votos a favor que en contra dentro del hemiciclo.

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Las razones por las que los constituyentes optaron por este modelo no son ningún secreto, están en los manuales de derecho constitucional. Se trata de favorecer la estabilidad haciendo que los aspirantes a la Presidencia del Gobierno sólo puedan acceder al cargo con una mayoría suficiente en el Congreso con la que, además, poder desarrollar después sus políticas. 

La prioridad de la Constitución es la estabilidad y esta, según este criterio, sólo se sostiene si el Gobierno nace de una base parlamentaria amplia. Tanto es así que en el modelo español el único mecanismo legal para derribar a un Ejecutivo —la moción de censura— es constructivo: debe incluir el nombre de un candidato alternativo, lo que evita un vacío de poder que desemboque inevitablemente en elecciones anticipadas.

La fórmula que propone Feijóo es todo lo contrario. En la práctica alteraría las reglas de juego establecidas por la Constitución al sustituir de hecho un modelo parlamentario basado en la representación proporcional por otro mayoritario en el que la candidatura más votada, aunque lo fuera apenas por un 20 o un 25% de los votos, se llevaría automáticamente la Presidencia del Gobierno sin mediar debate, negociación ni votación parlamentaria. Haría posible el gobierno de la minoría al hacer innecesaria la búsqueda de mayorías estables y enfrentaría al Ejecutivo resultante a un escenario de inestabilidad mucho más acusado que el actual.