El 83% de la inflación procede de los beneficios empresariales y sólo el 13,7% de los salarios

El pánico a la inflación lleva a la inmediata búsqueda de culpables. Por qué se desbordan los precios, tras una década con IPC moderados e incluso en cifras negativas algunos meses. Un estudio de CCOO calcula que el 83,4% de la subida de los precios en España durante el primer trimestre de este año, antes de que Rusia invadiera Ucrania, se debe al aumento de los beneficios empresariales. En el cuarto trimestre de 2021, su contribución fue incluso mayor, el 106,3%. En comparación, los salarios sólo son responsables del 13,7% de la inflación en el comienzo de este año, y del 3,6% en el final del anterior.

Cuando el Gobierno intenta resucitar el pacto de rentas con una negociación que debería abrirse tras el verano, los sindicatos remarcan que los salarios no deben pagar la inflación porque no son los responsables del aumento de precios y reclaman medidas para contener los márgenes empresariales. La patronal, en cambio, rechaza subir los sueldos tanto como lo haga la inflación –ahora encaramada en el 10,2%– mientras pide que se incluyan en el pacto tanto las pensiones como el salario de los funcionarios y rechaza cualquier subida de impuestos que recorte sus beneficios. El Gobierno, finalmente, ha anunciado un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios sólo de las compañías energéticas, pero descarta cambios en el Impuesto sobre Sociedades.

En su estudio sobre la inflación, CCOO propone otro tipo de medida “más efectiva, incisiva e inmediata” para frenar la expansión inflacionista de los márgenes empresariales: la fijación de precios máximos sobre bienes y servicios, como ya han hecho antes los gobiernos en la energía, el transporte y la telefonía o ahora se aplica a los precios de medicamentos, productos sanitarios, la vivienda de protección oficial, los precios de los alquileres o, más recientemente, con las mascarillas, el gas, el butano…

Las cifras sobre la contribución de beneficios empresariales y salarios a la inflación proceden de la descomposición del deflactor del PIB por fuentes de renta, que se incluye en la Contabilidad Nacional y que permite medir qué parte del crecimiento de una economía se debe al aumento de los precios. El deflactor y la inflación no son exactamente lo mismo: el IPC incluye productos de consumo producidos dentro del país e importados, mientras que el deflactor excluye los importados. Por ejemplo, deja fuera el petróleo, pero incorpora los hidrocarburos refinados.

Según destaca CCOO, esa fuerte inflación de los márgenes empresariales es más intenso en España que en el resto de Europa. Sobre todo, si se tiene en cuenta el aumento por unidad producida. El beneficio por unidad producida siempre ha sido mayor en España que en el resto del continente, explica el sindicato, por culpa del “desequilibrio en el poder de negociación individual y colectivo en favor de las empresas” desde mediados de los años 80. Que se ha agudizado tras las reformas laborales de 2010 y 2012, que causaron una enorme devaluación salarial. Al mismo tiempo, el crecimiento del margen ha permitido a las empresas acumular 211.000 millones de euros en reservas desde 2016 hasta 2021, “aparcadas en la economía financiera” y restadas de la economía real, destaca el estudio. Tras hundirse con el confinamiento y las restricciones a la actividad impuestas por la pandemia, los márgenes no han dejado de recuperarse y en España ya están por encima de 2019 y de los márgenes europeos, asegura CCOO.

Beneficios históricos de energéticas y bancos

De acuerdo con sus cálculos, las compañías energéticas son las que más los han disparado, un 60,4% en el primer trimestre, mientras que en la eurozona han crecido un 46,5%. Los bancos han aumentado sus márgenes por unidad producida un 25,7%, frente a la caída del 0,6% sufrida por el sector financiero europeo, y la industria manufacturera los ha mejorado un 7,4%, cuando en la eurozona sólo han subido un 1,3%.

Las energéticas están aprovechando el alza estratosférica de los precios de la luz, el gas y el petróleo para hacer caja; los bancos han cerrado sucursales, recortado plantillas y subido las comisiones –un 24% las de mantenimiento de cuentas–. El año pasado la gran banca española anunció beneficios históricos, casi 20.000 millones de euros, un 46,16% más que en 2019. Otro tanto ocurrió con las seis energéticas del Íbex 35, que ganaron 10.117 millones de euros en 2021, lo que cuadriplica los resultados prepandemia.

El informe de CCOO también resalta la subida de precios que está aplicando la hostelería tras sufrir los cierres de la pandemia y pese a haber sido de los sectores que más apoyo público han tenido: 30.000 millones por los ERTE y 9.000 millones de salarios no percibidos por los trabajadores protegidos con este mecanismo. Según la última estadística del INE, el aumento de los precios en la restauración el pasado mes de mayo fue el mayor desde agosto de 2001.

Precios revisables cada cuatro meses

Visto que el alza de los márgenes afecta a casi todos los sectores, el sindicato considera que aumentar los impuestos sólo a las energéticas, como ya han hecho Italia y Reino Unido y han anunciado Bélgica y España, es “recomendable” pero insuficiente. De ahí que reclame al Gobierno que establezca precios máximos sobre bienes y servicios básicos, sin especificar cuáles, haciendo uso de la “competencia exclusiva” que le concede el artículo 149 de la Constitución sobre las “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”. Esa competencia, dice CCOO, permite al Estado, por ejemplo, “corregir el funcionamiento no competitivo” de los mercados y proteger a los consumidores de los monopolios y oligopolios.

El sindicato menciona los precios impuestos en sectores que fueron liberalizados como la telefonía, la energía o el transporte, los precios mínimos garantizados de la agricultura –un real decreto de 2020 prohíbe pagar por debajo de costes de producción--, los precios máximos de los medicamentos, las renovables o el tope a las subidas que el Gobierno ha aplicado a los alquileres o el gas.

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El precio máximo, detalla, debería revisarse cada cuatro meses. Se compondría de un precio de referencia para los costes variables y un margen de beneficio fijo por unidad producida o servicio prestado. El precio de referencia se subiría o bajaría en cada revisión. El margen debería ser “razonable”. La medida, además, tendría que incluir sanciones para las empresas incumplidoras e incluso una “advertencia de riesgo de expropiación” si se produce desabastecimiento.

Polémica

Hace unos meses, un artículo en The Guardian de Isabel Weber, profesora de Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst, desató una cierta polémica. Weber reclamaba que se considerara seriamente el control estratégico de los precios como herramienta política a los “enormes” desafíos macroeconómicos que acechaban ya entonces al planeta, “en lugar de fingir que no hay alternativa más allá de quedarse a la espera [sin hacer nada] o la austeridad”. El control de precios es un anatema para la mayoría de los economistas. El premio Nobel Paul Krugman llegó a decir en Twitter que la sugerencia de Weber era una “verdadera estupidez”, aunque luego borró el tuit y se disculpó por el tono.

Fue en diciembre de 2021, cuando aún no había estallado la guerra en Ucrania. Entonces el conservador The Wall Street Journal explicaba que las grandes empresas intentan siempre aumentar sus márgenes en los periodos de alta inflación y eso estaba ocurriendo ya el año pasado: dos de cada tres de las mayores compañías cotizadas estadounidenses habían superado en 2021 los beneficios prepandemia. “Las corporaciones son el mayor impulsor de la inflación”, asegura ahora en Twitter Robert Reich, ex secretario de Trabajo con Bill Clinton, quien culpa al exceso de concentración empresarial y a la falta de competencia: “Las empresas suben los precios porque tienen poder de mercado para hacerlo”.