La Fiscalía advierte de que la devolución de menores de Ceuta en 2021 "cercenaba garantías básicas"
La Fiscalía ha advertido de que el intento de devolución de menores a Marruecos que puso en marcha la Delegación de Gobierno de Ceuta en 2021, supuso "atajos" y "cercenaba garantías básicas" del proceso de repatriación, como la audiencia del interesado, la presencia de un defensor o la intervención del Ministerio Fiscal, según informa Europa Press.
Así lo recoge en su Memoria Anual, correspondiente al año pasado, en donde recuerda que ante esta decisión tuvo que intervenir la Fiscalía de Ceuta en la esfera contencioso-administrativa.
En la actualidad, tal y como apunta el informe, estas actuaciones "han cesado" y, debido a esta medida, ningún menor extranjero no acompañado ha sido repatriado durante 2021.
En total, han sido 4.034 los menores que han entrado en el país de forma irregular en 2021, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, de los que también se desprende que un 75,5% de ellos (3.048) lo hicieron sin la compañía de un adulto.
Estos menores extranjeros no acompañados son mayoritariamente de sexo masculino (2.934), dado que sólo se han detectado 114 niñas. En cuanto a su origen, el mayor número procede de Marruecos (1.304), seguidos de los naturales de Argelia (540) y Mali (381).
En cuanto a los niños que sí llegaron al país en 2021 en compañía de un adulto, se registraron un total de 986, lo que, según indica el informe, es un "relevante incremento respecto" a los contabilizados un año antes: 550.
El documento también detalla que en el caso de los menores acompañados que llegaron el año pasado no hay tantas diferencias de sexo. Así, los datos de Interior, apuntan a 530 niños y 456 niñas. Además, en este caso, la mayoría procede de Costa de Marfil (379), y Argelia (296).
El Cuerpo Nacional de Policía ha informado de la realización de un total de 882 pruebas de ADN para establecer el vínculo de filiación de menores acompañados de adultos que manifestaban ser los progenitores sin pruebas fehacientes de ello. De ellos dieron un resultado positivo 841, confirmando el vínculo de filiación, 37 negativos y 4 están pendientes de realización de nuevas pruebas.
La Fiscalía apunta que, un año más, el problema del que dan más cuenta las fiscalías territoriales es la separación del niño del adulto mientras se realizan las pruebas de ADN hasta que se conoce que el resultado es positivo.
Descenso de inscritos
Con estos datos, el informe indica que el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, a fecha de 31 de diciembre 2021, determinaba que había 9.294 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección lo que, según apunta la Fiscalía, supone un "leve descenso" respecto de los 9.030 inscritos en el año 2019.
Canarias (2.399) es la Comunidad Autónoma que más menores acoge, según el Registro, seguida de Andalucía (1.980), Cataluña (1.192) y Ceuta (921).
En este sentido, el informe recoge también que, durante el año 2021, se han incoado un total de 6.677 Diligencias Preprocesales de Determinación de la Edad lo cual supone un incremento frente a las 4.981 tramitadas durante el 2020. De ellas, 3.245 eran menores o existían posibilidades de que lo fueran, 1.654 han resultado ser mayores y 1.778 han concluido sin determinación de la edad por abandono de los centros antes de poder practicarse diligencias.
En este sentido, el Ministerio Fiscal señala que "los servicios están desbordados ante la llegada masiva de inmigrantes a las costas de Canarias" y que, a pesar del "titánico esfuerzo de las instituciones implicadas", durante el año 2021, quedaron por resolver un total de 1.064 expedientes de determinación de edad, a los que, según ha señalado, hay que sumar los pendientes de modificación por haber aparecido documentación posterior a su determinación de la edad, o cualquier otra prueba que pudiera dar lugar a una revisión.
Una ley específica
Además, ha denunciado que "prosiguen los mecanismos escasamente fiables de aportación de documentación supuestamente acreditativa de la edad, como por ejemplo, a través de WhatsApp o correo electrónico.
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A la vista de los problemas que se plantean en torno a la determinación de edad de los posibles menores extranjeros no acompañados, la "única solución operativa" que ve la Fiscalía es el desarrollo una Ley específica reguladora de la determinación de la edad que diseñe un procedimiento judicial, en el ámbito de la jurisdicción civil.
Este sería con todas las garantías de audiencia y debida asistencia al posible menor y debe contemplar una fase probatoria donde puedan volcarse todas los elementos de prueba de los que se disponga, previendo asimismo un sistema unificado de medidas científicas que puedan ser utilizadas, en su caso, como protocolo médico, debiendo concluir con el dictado de una resolución provista de un sistema de recursos, que decida, no solo sobre si la persona es mayor o menor de edad, sino sobre la fijación de la edad concreta de la misma, según apunta el Ministerio Fiscal.
"Actualmente existe un Anteproyecto de Ley por el que se regula el Procedimiento de Evaluación de la Edad que ha superado ya la fase de Consulta Pública Previa", ha recordado.
