España ayuda a las empresas alemanas a sortear la prohibición de Berlín de vender armas a Arabia Saudí

Alemania se jacta de los estrictos controles que aplica a las exportaciones de tecnología militar. Su política exterior prohíbe que armas de producción nacional se utilicen en zonas de guerra. Berlín subraya así su papel de potencia de paz en el mundo, en un intento por alejarse lo más posible de excesos bélicos pasados. En marzo de 2018, el acuerdo de coalición entre CDU y SPD incluyó el compromiso de que Alemania no suministraría armas a los países involucrados en la guerra de Yemen. Sólo unos meses después, en octubre, el periodista Jamal Khasoggi fue asesinado, y descuartizado, en el consulado saudí en Estambul. De su muerte la investigación turca culpó a miembros de los servicios de inteligencia saudíes, controlados por el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán. Angela Merkel no tardó ni 20 días en prohibir la exportación de armas a Arabia Saudí. Un veto que Alemania ha ido renovando año tras año y sigue vigente aún hoy.

Sin embargo, Hensoldt, una empresa de la que el Estado alemán posee un 25,1% del capital –una participación de 450 millones de euros– y donde además cuenta con una acción de oro –derecho de veto sobre ciertas decisiones–, ha sorteado esa prohibición y vendido equipos de defensa al régimen saudí durante estos años. Así lo revelan los documentos confidenciales a los que ha tenido acceso Der Spiegel y que la revista alemana ha compartido con el consorcio European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre como único medio español. Se trata de correos electrónicos, contratos y presentaciones proporcionados por el grupo de hackers Lorenz. EIC los ha revisado y publicado el contenido que tiene interés público, pero ni ha pagado por los documentos ni ha hecho precisiones sobre ellos.

Para eludir el embargo gubernamental, Hensoldt ha empleado diferentes vías de escape. Una de ellas incluía a la empresa pública española Navantia, que en 2019 creó una joint-venture, una sociedad conjunta, con SAMI (Saudi Arabian Military Industries), la compañía estatal de defensa saudí, con el nombre de Saminavantia. Y, en abril de 2021, también una filial, Navantia Saudí Arabia LLC, con un capital de 3,4 millones, suscrito al 100% por los astilleros públicos españoles.

Berlín lleva mucho tiempo practicando un doble juego con las exportaciones de armas a Arabia Saudí. Mientras en sus declaraciones públicas los ministros del Gobierno elogiaban los restrictivos controles que ejercen, entre bastidores incluso ayudaban a Hensoldt a conseguir acuerdos. Una contribución clave es el conocido como Tratado de Aquisgrán, un pacto sellado por los gobiernos alemán y francés en enero de 2019 que incluye una norma de minimis: las empresas germanas pueden participar como subcontratistas de las francesas que exporten armas a Arabia Saudí, siempre que el volumen de esa venta no suponga más que una pequeña parte de la operación principal.

España se sumó a este esquema de cooperación firmando un acuerdo similar en septiembre de 2021 con ambos países, de forma que Berlín otorga su permiso a las ventas de armamento y material de doble uso fuera de la UE siempre y cuando el contrato alemán no rebase el 20% del valor total de la operación de una empresa española. Porque este tipo de contratos debe ser comunicado a, y autorizado por, la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (BAFA por sus siglas en alemán), ubicada en Eschborn.

Carta de tres ministros alemanes al Gobierno español

Pocos meses antes de la adhesión española al acuerdo, Stephan Hess, jefe del lobby que Hensoldt creó en Berlín para defender sus intereses ante el Parlamento y el Gobierno federales, remitió un correo a otros ejecutivos de la empresa donde les informaba de que había tenido éxito con “la carta”. La que él dice que han escrito los entonces ministros de Exteriores, Heiko Maas; de Economía, Peter Altmaier, y de Defensa, Annegret Kamp-Karrenbauer, al Gobierno español. Los tres, dice Hess, confirman que Madrid suscribirá un pacto “similar” al francés. “El paraguas para nuestro caso Navantia vuelve a abrirse de par en par”, se felicita el lobista el 21 de abril de 2021 en otro correo. Asegura que este “importante paso” puede ser un impulso para la venta de radares de Hensoldt en el futuro.

Stephen Hess se refería al macrocontrato que Navantia había firmado con Arabia Saudí en 2018 para construir cinco corbetas por un importe de 1.813 millones de euros. Una operación de calado, que reportó a los astilleros españoles siete millones de horas de trabajo, 6.000 empleos, entre directos e indirectos, y actividad para 100 empresas auxiliares. Navantia ya ha botado los cinco buques, de 104 metros de eslora; el último, el pasado 5 de diciembre.

Hensoldt quería que sus radares, en concreto el TRS-4D, se instalaran en las corbetas saudíes. En mayo de 2019, el director de la división de Radares, Erwin Paulus, se refería al suministro de esos equipos “a Arabia Saudí a través de Navantia” como “el elemento fundamental” para el negocio futuro de la empresa en ese país. “Si no se concede la licencia de exportación, tendrá un efecto muy negativo en nuestro negocio de radares navales”, advertía.

En una presentación interna a principios de 2020, los ejecutivos de Hensoldt detallaron el estado de las conversaciones de alto nivel que sobre la licencia de exportación necesaria se estaban celebrando en Berlín. En el caso de que el Gobierno rechazara su aprobación, alertaban, “toda la relación” con Navantia estaría “en peligro”. Casi un año después, en enero de 2021, Hess informó a sus colegas, en una “breve actualización” sobre Arabia Saudí, de que las negociaciones sobre un “acuerdo” estaban en marcha. “Seguimos en contacto diario con el gobierno federal”, aseguraba.

Entre los documentos a los que ha tenido acceso EIC se encuentran dos acuerdos de confidencialidad firmados en diciembre de 2020 por representantes de la empresa conjunta Saminavantia y de Hensoldt para el suministro de radares TRS-4D y de un sistema antidrones, ambos contratos “en beneficio de las Reales Fuerzas Navales Saudíes en el Reino de Arabia Saudí”.

Finalmente, los radares de Hensoldt no fueron instalados en las corbetas saudíes. Fuentes gubernamentales alemanas indican que desde 2018 “no se han concedido permisos” para este tipo de radar.

El ejemplo de Saminavantia

Pero los ejecutivos de la empresa quedaron tan impresionados con Saminavantia que en 2019 planeaban imitar al astillero español creando también una joint-venture con SAMI. De hecho, ya en diciembre de 2018 había firmado un protocolo de acuerdo con la compañía estatal saudí para fundar una empresa conjunta, en la que Hensoldt tendría el 49% del capital. Su misión, “gestionar contratos” del Ministerio de Defensa saudí.

De hecho, pese a la prohibición de Berlín, Hensoldt no abandonó en ningún momento su interés por hacer negocios con el régimen saudí. En diciembre de 2020, por ejemplo, cuando el embargo llevaba ya dos años en vigor, un director de Proyectos de la empresa anunciaba a sus compañeros que se les ha encargado preparar una propuesta para una campaña de mayor volumen para Arabia Saudí, “independientemente de la prohibición de las exportaciones en este momento”.

Tampoco ha dejado de pensar en Navantia y Saminavantia como vehículos para sortear el embargo de su propio gobierno. En febrero de 2021, el responsable del departamento jurídico de Hensoldt informaba al comité de validación de la empresa sobre una operación con el astillero surcoreano Hyundai, que pujaba por un contrato para Arabia Saudí de 1.000 millones de euros, en el que Saminavantia aparece como socio. Hensoldt pretende venderles cinco radares TRS-4D, por un importe de 40 millones de euros. Por tanto, calcula el abogado, la participación de la firma alemana equivale al 4% de la operación. Y no sólo menciona que está en vigor el veto a las exportaciones al régimen saudí, sino que, además, advierte de que se desconoce a qué se van a destinar los buques del encargo surcoreano. “Pero la persona responsable ha mencionado que probablemente se utilizarán para la guerra de Yemen”, concluye. De ahí que pida al comité que evalúe “detenidamente” estas cuestiones: “Sigue existiendo obviamente un riesgo en el control de la exportación, incluyendo la imposibilidad de cumplir el contrato con Hyundai debido a la moratoria alemana [del veto]”.

infoLibre ha preguntado sobre estas operaciones al Ministerio de Industria y Comercio, al que competen las exportaciones de defensa. El departamento asegura que España cuenta con uno de los sistemas de control del comercio de armas “más robustos tanto a nivel legislativo como procedimental”. También destaca su compromiso con las normas internacionales y sostiene que cumple “estrictamente” con esas leyes y las recomendaciones de la ONU. Además, elogia el Acuerdo de Aquisgrán como un “mecanismo de mejora” que hace más efectivo el control del comercio de armas. Pero el ministerio no ha contestado a ninguna de las preguntas que este periódico le ha formulado sobre la carta de los tres ministros alemanes y sobre las empresas que han utilizado el acuerdo de Aquisgrán para vender indirectamente material de defensa a la dictadura saudí. Navantia, por su parte, ha rechazado dar información sobre sus proveedores.

Según un informe elaborado por Amnistía Internacional, el Centro Delàs de Estudios para la Paz y el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, el montante de las exportaciones de armas españolas a Arabia Saudí entre 2015 y 2021 supera los 1.300 millones de euros. En ese periodo, España concedió 116 licencias de exportación de armas a Arabia Saudí.

Discurso público, cortejo privado

En abril de este año, el consejero delegado de Hensoldt, Thomas Müller, explicó en el periódico alemán Handelsblatt que su implicación con Arabia Saudí se limitaba a participar, “exclusivamente como socio”, en el sistema francés de localización de artillería Cobra. Cuando se le preguntó por el asesinato de Khashoggi, lo tachó de “acto terrible”. “Los responsables deben ser castigados. Para nosotros, se aplica la primacía de la política. Mientras Alemania no vuelva a ver a Riad como un socio, las exportaciones están descartadas para nosotros”. Der Spiegel ha preguntado ahora a la empresa, que dice cumplir “todas las leyes, reglamentos y directrices pertinentes –internas y externas– en todo momento y en todos los países” en los que operan.

Sin embargo, los correos internos a los que ha tenido acceso EIC revelan cómo Hensoldt ha cortejado durante años al régimen saudí en busca de contratos. Esas comunicaciones apuntan a que sus relaciones comerciales con los organismos de seguridad saudíes eran estrechas. Hensoldt ni siquiera tuvo reparos en intentar suministrar a los servicios de inteligencia del régimen –GIP por sus siglas en inglés– un sistema de defensa con drones, a pesar de que sus miembros están involucrados en el asesinato de Jamal Khashoggi. [De los documentos a los que ha accedido EIC no se desprende si la venta se produjo finalmente. Hensoldt no ha respondido a las preguntas sobre contratos que EIC le ha formulado]. Además, utilizaba sus filiales en Reino Unido y Sudáfrica para vender los equipos allí fabricados a Arabia Saudí. A los productos de esos dos países no se les aplican las normas de exportación alemanas.

Obligada a informar al Gobierno alemán

Y es poco probable que el Gobierno de Berlín no estuviera al tanto de la actividad de Hensoldt. Al contar con una acción de oro, tiene derecho de veto sobre ciertas decisiones. Se trata de una medida básica de precaución, teniendo en cuenta que la empresa es propietaria de “tecnologías industriales claves para la seguridad y la defensa” que no pueden caer en manos equivocadas. Así, el Ejecutivo alemán sienta a dos representantes en el consejo de administración y tiene voz en operaciones comerciales consideradas sensibles. Los detalles de su relación se definieron en un acuerdo de seguridad que tiene carácter confidencial. El Ministerio de Defensa explica a EIC que el Gobierno federal sólo puede intervenir en el caso de “actividades sensibles”, como una “amenaza para los intereses de la seguridad nacional”. Pero los documentos de que dispone EIC revelan que Hensoldt debe informar al Ejecutivo de Berlín de “todas las iniciativas de negocios con Arabia Saudí y, cuando sea necesario, obtener los consiguientes permisos”.

Pues bien, Hensoldt, que tiene su sede en Taufkirchen, cerca de Múnich, emplea 6.000 trabajadores y factura 1.500 millones de euros anuales, creó una filial en Riad, la capital saudí: Hensoldt Holding Germany GmbH, Branch KSA. La sociedad está autorizada a celebrar contratos por sí misma. Y a su frente colocó a Sebastian Chedeau, un comercial experto en defensa con amplia experiencia en Arabia Saudí y procedente de Airbus.

“Algunos funcionarios de los servicios de inteligencia conocen mi pasado en las fuerzas especiales de la Marina saudí”, se jactaba el francés en un correo electrónico, “lo que facilita romper el hielo”. Chedeau se encargó de hacer publicidad, obsequiar y organizar reuniones con las autoridades militares y de seguridad saudíes para promocionar los productos de Hensoldt. Uno de sus primeros proyectos consistió en ofrecer el sistema antidrones Xpeller a cuatro prisiones en Arabia Saudí. Lo fabrica su filial británica. Oficialmente, el contrato debía celebrarse con la empresa estatal de telecomunicaciones, pero en sus correos Chedeau menciona al servicio de seguridad estatal PSS como “cliente final”.

En otros mensajes, el comercial insta a los ejecutivos británicos de Hensoldt a presentarse con su antiguo nombre, Kelvin Hughes –que la firma alemana compró en 2017–. No debían mencionar a Hensoldt ni mostrar su logotipo en las ofertas. Y proponer soluciones “BAFA free”; es decir, que no necesiten la aprobación de la Oficina de Control de Exportaciones alemana.

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Parte del control que el Gobierno alemán se garantizó en Hensoldt tras entrar en su capital se realiza a través de sus dos representantes en el consejo de administración: Burkhard Schwenker e Ingrid Jägering. Esta última, además, preside el comité de auditoría, por lo que debería estar informada de todos los negocios importantes de la empresa. Sin embargo, Jägering dice que no puede contestar a EIC sobre los contratos con Arabia Saudí “por falta de conocimiento personal, también porque no era un tema del consejo o por razones de confidencialidad”. Schwenker coincide en que los negocios con la dictadura del Golfo “no eran un tema del consejo de administración”, como tampoco la creación de una filial en Riad.

Disparada en Bolsa

EIC ha tenido acceso a una docena de acuerdos de Hensoldt con socios saudíes, entre declaraciones de intenciones y acuerdos de confidencialidad, que retratan la política de la empresa. Los ministerios alemanes de Economía, Defensa y Exteriores no han querido comentar estas informaciones. Desde la invasión de Ucrania, el Gobierno de Olaf Scholz ha dado un giro a su política sobre exportación de armas. Ahora autoriza su venta al ejército de Volodímir Zelenski. Además, prepara una nueva ley de control de las exportaciones de sistemas de defensa que pretende poner fin a las operaciones con zonas en guerra como Arabia Saudí.

Pero, mientras eso ocurre, la cotización de las acciones de Hensoldt ha subido casi dos tercios desde el estallido de la guerra y sus ventas han aumentado un 40% en este primer semestre, aunque la empresa atribuye esa mejora al rearme de los ejércitos alemanes: Scholz ha anunciado que gastará 100.000 millones de euros en defensa. Según los documentos revisados por EIC, la firma de Taufkirchen tiene planes para crear en Arabia Saudí una empresa independiente que se rija por las leyes locales y que sustituirá a la actual filial. Surgida en 2017 cuando el gigante europeo Airbus vendió su división de electrónica de defensa al fondo de inversión estadounidense KKR, Hensoldt es, según la describe su consejero delegado, Thomas Müller, como “el Porsche de la industria defensa”.