Carlos Castresana: "Judicializar la política termina por politizar la justicia"

El jurista Carlos Castresana (Madrid, 1957) conoce a fondo el funcionamiento de los estamentos judiciales en España. Ejerció la abogacía, desempeñó la magistratura e ingresó finalmente en el Ministerio Fiscal. Ha desarrollado una extensa carrera profesional, tanto en España como fuera de nuestras fronteras, y ha recibido multitud de galardones como el premio nacional de Derechos Humanos. Respecto a la situación que vivimos estos días en nuestro país, entiende que todo está contaminado por los procesos electorales que se avecinan. Apuesta decididamente "por que se resuelvan los problemas políticos en el ámbito de la política y terminen no llegando a los tribunales" y asume la necesidad de "normalizar la situación del propio poder judicial para que las aguas vuelvan a su cauce". Sin embargo, advierte que "no parece que vaya a pasar en las próximas semanas y meses". 

Golpes de Estado

"Las declaraciones o las tomas de posición que estamos escuchando estos días en algunos medios de comunicación o por parte de algunos representantes políticos, de que estaríamos siendo conducidos hacia una especie de golpe de Estado del Gobierno contra las instituciones, son como mínimo exageradas, no se corresponden con una situación de normalidad que existe en la sociedad española. Todo el mundo tiene su trabajo, cumple su horario, las instituciones funcionan y hay tensión, que creo que hay que poner en el contexto de las elecciones del año que viene. Me parece que esa expresión es particularmente desafortunada, como cuando se dice que el partido de la oposición está también propiciando un golpe de Estado en el Consejo General del Poder Judicial".

Filibusterismo

"Lo que está ocurriendo se llama filibusterismo. Cuando un partido no dispone de los escaños suficientes en el Parlamento para imponer sus proposiciones mediante votación, lo que hace es procurar sabotear las proposiciones del que tiene la mayoría. La situación en el CGPJ y en el Tribunal Constitucional en este momento deja mucho que desear porque se supone que son instituciones del Estado, no de los partidos y, por lo tanto, se les supone que tienen como prioridad servir a los intereses generales. Y por desgracia estamos viendo en algunos casos que eso no está siendo así al nivel que debería. Pero insisto, no hay que alarmarse por esas declaraciones verdaderamente extravagantes, porque el país está funcionando y porque hay que ponerlo en el contexto de que los partidos están tomando posiciones frente a la confrontación electoral que viene el próximo año".

La importancia del CGPJ 

"Hay un gran desconocimiento de los ciudadanos respecto de qué es el poder judicial, para qué sirve y sobre todo respecto al Consejo General del Poder Judicial. El CGPJ es el órgano de gobierno que se encarga de todas las funciones orgánicas de funcionamiento de los tribunales, hace los nombramientos de los jueces que tienen que integrar cada uno de los tribunales y, en este momento, tiene que designar dos magistrados del Tribunal Constitucional. Como se trata de un consejo que fue elegido hace, me parece, ocho o nueve años, su mandato está expirado. Los vocales no tienen la representatividad que deberían tener y el partido de la oposición viene bloqueando la renovación de esos 20 vocales desde hace cuatro años; su mandato está expirado. Ese mandato, cuando fue elegido el Consejo, favorecía a esa mayoría conservadora, y ahora no quieren que se elija una progresista. Esa situación de bloqueo se tendría que terminar".

El error del Gobierno

"Creo que el Gobierno se ha equivocado, porque ha intentado una y otra vez lograr consensos, cuando está claro, después de varios años y de distintos liderazgos, que el PP no quiere llegar a un acuerdo. Me parece que habría que ser más transparentes y explicar en Europa qué es lo que está pasando y, después, modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, no solamente para que ahora puedan elegir a los dos magistrados que hay que nombrar para el Tribunal Constitucional sino simplemente para renovar los 20 vocales del CGPJ. Y no hay mancha alguna desde el punto de vista democrático en que se les siga eligiendo por el Congreso y por el Senado y que se haga por mayoría cualificada en primera votación. Pero si no se pueden conseguir los dos tercios o los tres quintos en la primera, entonces en una segunda votación los candidatos serían elegidos por mayoría absoluta explicando que esta situación es insostenible".

Cambiar las mayorías

"Lo que hay que hacer es poner en marcha el procedimiento de elección. Si no se pueden conseguir las mayorías, porque la minoría de la oposición se utiliza para bloquear el proceso, hay que cambiar ese sistema de mayorías. No me cabe ninguna duda. Lo que no puede ser es que estemos, como estamos ya desde hace varios años, con un órgano constitucional bloqueado, con el mandato expirado y con vocales que siguen ejerciendo como tales y que ya no lo son legalmente, porque su mandato terminó. Es como si el Gobierno dijera que han pasado los cuatro años de la legislatura pero que, como no encuentra que haya condiciones idóneas para hacer elecciones, entonces decide seguir gobernando y que los diputados sigan siendo diputados cuatro, cinco, seis o siete años. No, perdóneme, usted fue elegido por cuatro años y el día que cumple los cuatro usted cesa. Y con los vocales del Poder Judicial y con los magistrados del Tribunal Constitucional tiene que ocurrir exactamente eso".

Contar con Europa

"Hay una mayoría suficiente en el Congreso y en el Senado para cambiar la ley si no está funcionando, porque determinadas previsiones, que se hicieron hace años en una situación distinta, están permitiendo ahora, no que la institución funcione, sino que quede bloqueada. Entonces hay que cambiar la norma para desbloquearla y eso hay que explicarlo con toda la claridad y con toda la transparencia. Y hay que explicarlo, sobre todo, en Europa. Hay que ir a Bruselas, hablar en el Parlamento Europeo y en las distintas instituciones de la Unión y explicar lo que está pasando. Porque, por otra parte, se producen declaraciones muy escandalosas de medios de comunicación afines a la oposición política, diciendo que el Gobierno está propiciando un golpe de Estado contra el Poder Judicial. Eso es un disparate, pero hay que explicarlo con pedagogía para que los ciudadanos y las instituciones europeas lo entiendan". 

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"El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y es un órgano, por lo tanto, que arbitra las controversias entre los poderes del Estado. No es propiamente un poder del Estado. El Tribunal Constitucional, normalmente, en todos los países de nuestro entorno, se limita a declarar si un acto, una decisión, una ley o una sentencia son conformes o no a la Constitución. Y si declara que no lo son, entonces el órgano concernido tiene que tomar las medidas oportunas. Ahora mismo se está planteando si el Tribunal Constitucional suspende o no actos del poder legislativo, del ejecutivo o del judicial. A mí me parece que esa medida es contraproducente. El TC tiene que seguir siendo el árbitro y no un jugador en el partido, porque si el árbitro juega, entonces todo el partido deja de jugarse como está mandado".

Normalizar Cataluña

"Hay que intentar normalizar la situación en Cataluña. También en el sentido de que me parece que la respuesta judicial, y había varias interpretaciones posibles en el Código Penal a lo que ocurrió durante el procés, fue desproporcionada y que las calificaciones jurídicas, primero de rebelión y luego de sedición, eran exageradas para lo que pasó que, básicamente, era una situación de sistemática desobediencia por parte de las instituciones catalanas y algunas situaciones de desórdenes públicos. Si el propósito es normalizar Cataluña, eso me parece loable. Eso creo que redunda en el interés de todos los españoles. Pero la técnica legislativa hay que afinarla mucho para que no vaya a salir, como ha pasado con lo de la ley del solo sí es sí, el tiro por la culata. Espero que lo estén haciendo bien y que lo que resulte aplicable satisfaga ese objetivo político. Pero la ley y la política a veces no conviven bien e intentar judicializar situaciones políticas lo que consigue al final es politizar las instituciones".

Politizar la Justicia

"Al principio del procés debió haber más diálogo, alguna vía de acuerdo político. Como no la hubo, se llegó a la confrontación política que fue desplazada después al ámbito judicial. La consecuencia fue la politización de la justicia. Se intentó resolver un problema político con criterios judiciales, pero los jueces normalmente no dibujan con un trazo muy fino. Las penas son demasiado fuertes, no se aplicó la proporcionalidad adecuada, en mi opinión. De manera que la judicialización de la política termina produciendo la politización de la justicia. En ese punto estamos. Vamos a ver si somos capaces de separar ambos ámbitos. Que la política vaya por sus derroteros y la justicia se despolitice en la medida en que podamos renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional, que el nuevo Consejo elija a los magistrados que están faltando en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo y volvamos un poquito a la vida normal, lo cual empezará probablemente el día siguiente de las elecciones. Sea cual sea el resultado de éstas".