Feijóo redondea su sueldo de senador con 2.000 euros por desplazamientos que no hace al vivir en Madrid

De acuerdo con el régimen de retribuciones del Senado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cobra su salario como senador en 14 pagas, cada una de ellas por un total de 3.173,83 euros. Son 44.433,62 euros brutos al año que están sometidos al régimen general de retención y tributación fiscales de los ciudadanos comunes. 

Pero a esta retribución hay que añadir otros 2.037,07 euros mensuales que Feijóo se embolsa 14 veces al año en concepto de “indemnización” por “los gastos que le origine la actividad de la Cámara” al haber sido elegido fuera de Madrid. Son 28.518,98 euros al año “exentos de tributación” porque están destinados a “cubrir gastos”. Una suma que Feijóo cobra a pesar de haber trasladado su residencia a la capital de España y que redondea sus ingresos públicos anuales hasta los 72.952,6 euros (5.210,9 euros mensuales).

Fuentes del Senado consultadas por infoLibre aseguran que Feijóo no es el único senador elegido fuera de Madrid o en representación de una comunidad autónoma que redondea su sueldo con la indemnización de 2.000 euros mensuales en 14 pagas a pesar de tener su residencia en la capital, aunque la Cámara Alta no facilita ni cuántos son ni su identidad. Y subrayan que ni Feijóo ni nadie que se encuentre en la misma situación puede renunciar a ese dinero aunque quisiera hacerlo.

En estos momentos son de representación autonómica 57 senadores de los 265 que forman parte de la Cámara Alta.

Al fijar su residencia en Madrid, lo que hizo nada más ser elegido presidente del PP, Feijóo no sólo no tiene que desplazarse al Senado desde otra provincia, motivo por el que está cobrando la citada indemnización, sino que ha perdido su condición de ciudadano “gallego” y se convirtió en madrileño, aunque paradójicamente sea senador en representación de Galicia. 

De gallego a madrileño

El Estatuto de Autonomía de Galicia establece en su artículo 3.1 que “gozan de la condición política de gallegos los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los Municipios de Galicia”. En justa correspondencia, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid señala también, en su artículo 7.2, que “gozan de la condición política de ciudadanos de la Comunidad los españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de sus municipios”. Es la fórmula estándar de todos los estatutos de autonomía, imprescindible para establecer la condición de ciudadanos electores y elegibles.

Alberto Núñez Feijóo llegó al Senado el 25 de mayo de 2022 para representar a la comunidad autónoma de Galicia. Ese es el mandato para el que fue elegido por el Parlamento gallego el día anterior. Él mismo anotó en Twitter el siguiente compromiso: “Desde mañana seguiré representando a mi tierra en la Cámara Alta con la misma entrega y dedicación con la que he trabajado durante todos estos años como diputado autonómico”.

Sin embargo, el escaño que obtuvo para representar a Galicia lo ha puesto al servicio exclusivo de su cargo como presidente del PP. Desde que fue elegido senador no ha hecho nada relacionado con la tierra a la que prometió “seguir representando”. Desde que accedió al escaño su actividad parlamentaria se ha limitado a formular cuatro preguntas dirigidas al presidente del Gobierno y a una toma de posición en el debate de Presupuestos (que utilizó para pedir elecciones anticipadas). También tomó la palabra en tres debates con Sánchez. En ninguno de ellos ejerció su condición de senador en representación de Galicia.

En realidad lo que ha hecho el PP es poner al servicio de su estrategia de partido el mecanismo de elección de senadores autonómicos, concebido para reforzar el carácter del Senado como Cámara de representación territorial. El resultado es que un puesto institucionalmente creado para representar a Galicia es utilizado por el principal partido de la oposición para garantizar a su líder un cargo institucional remunerado en la capital. 

No es la primera vez que los conservadores perturban el modelo de representación del Senado para situar a voluntad a sus dirigentes. El actual portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, fue designado senador en representación de la comunidad de Castilla y León después de perder en abril de 2019 el escaño que tenía en el Congreso por la provincia de Álava, de la que es natural y en la que ha desarrollado toda su carrera política fuera de Madrid. El año pasado revalidó este puesto con el respaldo de Vox, además del de su propio partido.

La mudanza de Maroto

Para justificar aquella decisión, Maroto se empadronó en Sotosalbos, una localidad de poco más de cien habitantes de la provincia de Segovia situada a 300 kilómetros de Vitoria en la que llegó a adquirir una vivienda. Lo hizo porque el Estatuto de Castilla y León sí exige que los senadores de representación autonómica tengan su residencia en la comunidad, algo que no prevé el estatuto gallego, lo que facilita la paradoja de que Feijóo represente a Galicia desde su domicilio en el barrio madrileño de El Viso e ingrese por ello 2.000 euros mensuales libres de tributación.

Ser vecino de la comunidad a la que se representa no es una particularidad de Castilla y León. También es la norma en comunidades como Cataluña, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja. En la mayoría de los casos, por ley. En el resto, porque es obligatorio ser previamente diputado autonómico y, para serlo, es necesario estar empadronado.

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Sólo Illes Balears, además de Galicia, no exige estar empadronados en la comunidad autónoma que les elige. Ambas comunidades carecen de una ley específica que regule la elección de sus senadores autonómicos. 

Entretanto, el PP sigue sin publicar si paga o no un salario a Feijóo como presidente del partido al margen de los emolumentos como senador ni si se ha hecho cargo de los gastos de la vivienda particular que disfruta su líder en una de las zonas más caras de la capital. No respondió a las preguntas que le formuló infoLibre ni ha publicado esta información en la página web del partido, tal y como exige la Ley de Transparencia.

Esta norma (artículo 8.1.f) establece que los partidos políticos están obligados a hacer públicas “las retribuciones percibidas anualmente” por sus “altos cargos y máximos responsables”. Y añade: “Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo”.