El atasco judicial favorece la impunidad del narco: "No es por falta de esfuerzo, es por falta de medios"
Barbate, comienzos de 2007. Una gran operación antidroga, que se inicia a raíz de tres alijos detectados, sacude el municipio costero gaditano. Caen medio centenar de personas. Se llevan a cabo registros e incautaciones de vehículos y embarcaciones. Las pesquisas, asumidas por un juzgado de primera instancia e instrucción de la localidad, se prolongan durante un lustro. Y la fase intermedia, la de preparación del juicio, se enquista durante una década más. Un cúmulo de retrasos que ha terminado por dejar el caso en la nada más absoluta absoluta. El pasado mes de enero, dieciséis años después de su inicio, la macrocausa fue archivada. ¿El motivo? La prescripción de los delitos que durante más de una década estuvieron bajo la lupa judicial.
No se trata de un hecho aislado. Suele ocurrir con frecuencia en las causas que giran alrededor del tráfico de drogas. Las dilaciones en los procedimientos, que en buena parte de los casos se derivan de la saturación de los juzgados, favorece la impunidad del narco. Y en la Fiscalía Especial Antidroga son plenamente conscientes de ello. En su última memoria anual, publicada hace algunas semanas, este área del Ministerio Público advertía de que los "retrasos" que experimenta la Administración de Justicia provocan "un efecto perverso" que dilata los procedimientos, sobre todo aquellos de gran complejidad. Y esto juega a favor de los acusados por narcotráfico, con absoluciones por prescripción o reducciones de condena.
Los ejemplos abundan. En el macrojuicio contra Los Miami, la Sección de lo Penal de la Audiencia Nacional aplicó a los condenados, entre ellos Ana María Cameno, la llamada Reina de la Coca, la atenuante simple de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento –las primeras detenciones se produjeron en 2011, la instrucción finalizó en 2018 y el juicio se celebró esta primavera–. Un retraso del que también se beneficiaron penalmente los principales acusados de la operación Kabul, que desmanteló la mayor red de narcotráfico de Mallorca. O el líder del clan Roma, que intentó introducir a finales de 2007 dos toneladas y media de cocaína a través de las playas de Mourisca y Meloxo, en Pontevedra.
La lentitud se debe, en parte, a la complejidad de los casos. Se trata, explican fuentes fiscales, de procedimientos en los que confluyen un gran número de acusados y de delitos. "La preparación de la vista, asegurando la presencia de acusados, letrados, testigos y peritos, exige un enorme esfuerzo que, pese a todo, no evita dilaciones", resalta Antidroga. El juicio al clan de Los Castaña, los grandes narcos del hachís en el estrecho, es un fiel reflejo de esta realidad. El proceso comenzó con 152 acusados, lo que obligó a remodelar la Audiencia de Cádiz, si bien finalmente se retiró la acusación contra 26 de estos acusados. Sobre la mesa, delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, contrabando o tenencia ilícita de armas.
El Ministerio Público, además, recuerda que la lentitud en los procedimientos se traduce también en un agotamiento de los "plazos de prisión provisional". Y esto, "facilita la frecuente desaparición de los procesados y la consiguiente declaración de rebeldía". Un problema tras otro que en no pocas ocasiones obliga a Antidroga, tal y como recuerdan fuentes fiscales, a acordar conformidades con reducciones de pena. Es lo que se hizo con el clan de La Loles, responsable de un garito de venta de droga en Murcia. El acuerdo con el Ministerio Público rebajó de ocho años y medio a dos años y siete meses la pena a la jefa del grupo. Y se aplicó la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas –las investigaciones policiales que dieron lugar a este caso comenzaron en 2008–.
"Se deja una sensación de impunidad"
Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Alternativas, lleva más de tres décadas batallando contra el narco en el Campo de Gibraltar. Y viendo cómo algunas de las causas que se siguen contra el narco en la zona se acaban desinflando por los retrasos judiciales. "Cuando eso ocurre, se deja una sensación de impunidad", apunta. Unas dilaciones que, continúa, fuerzan las defensas de los acusados, sabedoras de que este tipo de situaciones benefician a sus clientes. "Son abogados especializados que conocen a la perfección las debilidades que tiene el sistema judicial y que recurren todo lo que pueden. Eso, sobre todo en macrocausas, dilata mucho los tiempos", explica el presidente de la Coordinadora Alternativas en conversación con infoLibre.
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Pero dicho esto, Mena trata de ir al fondo del asunto. Porque aquí el verdadero problema está en la falta de recursos de unos juzgados saturados que, al tiempo que sacan como pueden los asuntos que se les van acumulando sobre la mesa, deben hacerse cargo de este tipo de casos complejos. "No es por falta de esfuerzo de la judicatura, es por la falta de medios", resalta el activista en el Campo de Gibraltar. En este sentido, pone sobre la mesa la necesidad de apostar por la figura del juez de refuerzo cuando entren causas de gran relevancia, de forma que éste vaya sacando los asuntos más ordinarios mientras que el titular se vuelca en los procedimientos clave. "Y hacen falta también más funcionarios judiciales, porque el número es totalmente insuficiente", completa.
Una reflexión similar hizo a finales de junio la fiscal jefa Antidroga, Rosa Ana Morán. "Se aumenta el trabajo policial o se refuerzan sus efectivos, se incrementan las incautaciones, pero no ha habido la suficiente preparación de los órganos judiciales y fiscales, con incremento de medios humanos y materiales, para enfrentar el incremento de casos", resaltó entonces la fiscal jefa Antidroga, Rosa Ana Morán. Una opinión que comparten los fiscales delegados, En 2022, el número de procedimientos por tráfico de drogas se situó en 21.740, frente a los 18.923 que se registraron en 2019, antes del estallido de la pandemia. Un crecimiento progresivo y continuo.
A la sobrecarga de los juzgados se añade, además, los continuos cambios de funcionarios y jueces titulares, lo que obliga a cada nuevo instructor a conocer y estudiar causas complejas que llevan ya varios años de investigación. "Aquí no dura un comisario más de dos años. Y un juez, en cuanto le sale una oportunidad, se va", reconoce Mena. Por eso, plantea que se prime a aquellos funcionarios judiciales, jueces, fiscales o vigilantes de aduanas, entre otros, que decidan trabajar en la zona. "Si queremos un arraigo, hay que intentar recompensar económicamente a esas personas", expone.
