Los narcos cuelgan el teléfono y se pasan a las aplicaciones de encriptado de mensajes

El histórico narcotraficante Pablo Escobar firmó su sentencia de muerte en el momento en el que decidió descolgar el teléfono desde la guarida en la que se escondía. Era jueves, 2 de diciembre de 1993. Y el sanguinario jefe del cartel de Medellín necesitaba hablar con su familia, a la que se había impedido salir del país. Haciendo caso omiso a las precauciones que él siempre había impuesto a sus secuaces, marcó en varias ocasiones el número del complejo residencial Tequendama, en Bogotá. Lo hizo hasta conseguir hablar con su mujer y su hijo. La charla apenas duró un par de minutos. Pero fue tiempo suficiente como para que el Bloque de Búsqueda, una unidad integrada por policías y militares, consiguiese ubicar a través de los sistemas de triangulación a Escobar. El resto, es historia.

El mundo del narcotráfico ha cambiado mucho en estas tres últimas décadas. Los clanes familiares han dejado paso a organizaciones internacionales que funcionan como si fueran cooperativas y que subcontratan algunas labores del negocio criminal –el transporte o el cultivo, por ejemplo– a otros grupos. Y las comunicaciones son cada vez más sofisticadas. "Los narcos ya no hablan por teléfono, lo hacen a través de sistemas de comunicación encriptados", resaltan fuentes de la lucha antidroga. Unas redes que han ido proliferando durante los últimos años y contra las que ya se han dado algunos golpes importantes. El problema, sostienen estas mismas fuentes, es que en cuanto desaparece una surge otra nueva.

La primera caída importante fue la de EncroChat, que garantizaba el anonimato de los clientes por unos 3.000 euros anuales y a la que recurrieron organizaciones criminales. La red fue desmantelada en el verano de 2020, poniendo así punto y final a una investigación que arrancó unos años antes en Francia, donde se ubicaban los servidores utilizados por la firma. Durante todo ese tiempo, se logró acceder, según Europol, a las "comunicaciones de miles de delincuentes", una información que posteriormente fue compartida a través de Eurojust con las autoridades de otros Estados miembro. En cuanto la empresa se percató de que habían penetrado en su sistema, puso en alerta a todos sus usuarios y les recomendó que apagasen y tirasen sus terminales.

Tras el derrumbe de Encrochat, muchos de sus usuarios se movieron a Sky ECC, otra herramienta de comunicación cifrada. Pero, de nuevo, una investigación llevada a cabo por varios países europeos –entre ellos Bélgica y Holanda, puerta de entrada de la cocaína al Viejo Continente– acabó con la interceptación de casi un billón de mensajes de usuarios. A este segundo gran golpe le siguió un tercero el pasado mes de febrero, cuando autoridades alemanas y holandesas desmantelaron Exclu, una aplicación cuyas licencias costaban alrededor de 800 euros por seis meses. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer. A día de hoy, explican fuentes de la Fiscalía Antidroga, hay al menos otros tres sistemas de este tipo bajo el foco.

La información extraída de todas estas operaciones ha resultado valiosa a nivel judicial. En la actualidad, según señalan las fuentes fiscales consultadas, Antidroga tiene más de seis decenas de procedimientos que beben de todas estas comunicaciones interceptadas. En concreto, 34 lo hacen de Encrochat y 37 de Sky. "La mayoría de las investigaciones ya estaban abiertas y los mensajes sirven como refuerzo", resaltan. Así, algunos de los extraídos del primero de los sistemas se han incorporado, por ejemplo, a la causa de narcotráfico seguida en la Audiencia Nacional contra el marido –recientemente fallecido– y el hijastro de la alcaldesa de Marbella. Las comunicaciones sacadas de Sky, por su parte, fueron claves a la hora de detener a un peligroso neonazi en relación con un alijo de media tonelada de cocaína.

La infiltración en estas redes de comunicación, no obstante, está siendo objeto de una intensa batalla judicial en el Viejo Continente. Despachos de abogados de distintos países llevan meses peleando para conseguir que se invaliden las pruebas obtenidas por esta vía al entender que se han conseguido a través de una investigación prospectiva. Y han obligado a diferentes tribunales a pronunciarse. El pasado mes de octubre, por ejemplo, lo hizo la Corte de Casación francesa. Aquel fallo anulaba parcialmente una resolución del Tribunal de Apelación de Nancy en un caso donde estaba presente EncroChat, pero lo hacía por una cuestión formal, sin apreciar vulneración alguna de los derechos fundamentales.

Las fuentes de Antidroga consultadas entienden que el pronunciamiento de la Corte gala "valida" el uso de la información extraída de todos estos sistemas en los procedimientos. Pero también recuerdan que están a la espera de otro pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que puede resultar clave. En concreto, Luxemburgo debe dar respuesta a una serie de cuestiones con las que el Tribunal Regional de Berlín busca aclarar si los datos recibidos por las autoridades germanas a través de las francesas pueden servir como base válida para los procesos penales de EncroChat en Alemania. Un pronunciamiento negativo en este sentido, reconocen fuentes fiscales, podría afectar a algunas causas. No obstante, recuerdan que en muchas de ellas no son la única prueba.

Valencia, puerta de entrada de la cocaína

Mientras, Antidroga sigue trabajando sin descanso. Y lo hace con el foco puesto, entre otras cosas, en Valencia. El puerto de la ciudad mediterránea se ha convertido en el principal punto caliente de la entrada de cocaína en España y en el tercero a nivel europeo, solo por detrás de los de Amberes y Rotterdam. Solo en 2022 las autoridades se incautaron en los muelles valencianos de 26 contenedores con más de 11,5 toneladas de fariña, frente a las poco más de 9 toneladas aprehendidas en 2021. Tras el puerto de la Ciudad del Turia, son los de Barcelona y Algeciras los que registran mayor flujo de entrada de cocaína a través de contenedores.

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Desde el año negro de la pandemia, las autoridades han apreciado que el movimiento de estas sustancias estupefacientes se ha disparado. La crisis sanitaria, al fin y al cabo, paró el mundo y provocó una acumulación de mercancía en los países productores a la que las organizaciones criminales tratan ahora de dar salida. Y para luchar contra ello, es fundamental la colaboración a nivel internacional. Para avanzar en este sentido, las fuentes fiscales consultadas proponen, entre otras cosas, implementar cambios legales en relación con los equipos conjuntos de investigación penal. Hasta ahora, la ley solo regula la creación de los mismos pero con otros Estados miembro de la Unión Europea, no con países productores de América Latina.

Perseguir el transporte de combustible sin autorización

Las fuentes de Antidroga consultadas también abogan por cambios legales que permitan que la Audiencia Nacional pueda asumir más casos relacionados con el narcotráfico. Hasta ahora, sólo puede encargarse de aquellos que hayan sido cometidos por grupos organizados y que produzcan efectos en lugares pertenecientes a diferentes audiencias, lo que provoca que en algunos casos grandes investigaciones terminen recayendo en pequeños juzgados con pocos medios donde se ha producido la incautación. En este sentido, las fuentes pulsadas también plantean como posibilidad avanzar hacia un modelo como el francés, con diferentes jurisdicciones interregionales especializadas de las que forman parte magistrados con experiencia en delitos financieros y crimen organizado.

Por otro lado, en esta fiscalía especializada también se está estudiando cómo podría incorporarse como delito el transporte clandestino de gasolina que muchas veces va a parar a las narcolanchas. Una opción sería utilizar la regulación de explosivos para tipificar el transporte o almacenaje de más de 20 litros de combustible sin autorización.