"Una vía de esperanza": un juzgado investiga por primera vez a Ayuso por el 'Protocolo de la Vergüenza'
1.305 días después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobase en marzo de 2020 el ya conocido como Protocolo de la Vergüenza, que impedía trasladar a los hospital desde las residencias a los mayores con mayor grado de dependencia física o con un mayor deterioro cognitivo, la justicia ha dado el primer paso al frente para depurar responsabilidades políticas. El Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba ha reabierto por orden de la Audiencia Provincial una investigación para conocer la responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de dos de sus consejeros en marzo de 2020, Enrique López (Justicia e Interior) y Enrique Ruiz Escudero (Sanidad), en la aprobación de un documento que, según publicó infoLibre, llegó a tener hasta cuatro versiones.
Según un auto al que ha tenido acceso este periódico y que adelantó este viernes El Salto, el tribunal ha aceptado el recurso interpuesto por una familia de un residente del Centro Residencial Torrelodones-Sanitas Mayores en una causa por homicidio por imprudencia. Se trata de la primera vez que un juzgado reabre una investigación para analizar la responsabilidad de los políticos que diseñaron y aplicaron este protocolo y también la primera ocasión que la Audiencia Provincial pide que se investigue a Ayuso y a sus dos exconsejeros.
"Es una vía de esperanza para seguir luchando", asegura Carmen López, portavoz de Marea de Residencias. Las familias de los muertos en residencias durante la primera ola del covid llevan más de tres años reclamando justicia por las muertes derivadas de la implementación del Protocolo de la Vergüenza. Cabe recordar que en las residencias de la Comunidad de Madrid murieron 9.468 personas entre los meses de marzo a mayo. De ellas, 7.291 mayores, el 77%, lo hicieron sin ser trasladadas a un hospital.
Un camino que no ha sido nada fácil para las familias y que ha estado lleno de portazos judiciales y también parlamentarios. "Es una alegría relativa. No podemos ponernos demasiado contentos, porque sabemos que después puede llegar el batacazo", dice en conversación con infoLibre. Aunque López pone en valor "este paso adelante", reconoce que son conscientes de que "esto no significa nada ya que puede terminar en archivo".
Tras la orden de la Audiencia Provincial, la jueza ha pedido ahora documentación a la Comunidad de Madrid. En concreto, ha solicitado a la Consejería de Sanidad el plan de choque anunciado el 26 de marzo de 2020 junto con detalles de su "desarrollo, implementación y recursos utilizados"; los protocolos de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en residencias de personas mayores adoptados por la Dirección General de coordinación socio-sanitarias; y los recursos sanitarios y EPIS facilitados por la Comunidad a las residencias "desglosados por fecha".
Con esta documentación, busca examinar la responsabilidad de Ayuso y sus dos exconsejeros y abrir las "diligencias pertinentes y necesarias" para "poder determinar si concurren o no indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes y/o omisión del deber de socorro". Cabe señalar que los tres están aforados en el Supremo: mientras la líder regional se mantiene en su puesto al frente del Gobierno madrileño, López ha vuelto a su plaza en la Audiencia Nacional y Ruiz Escudero es ahora senador.
Las muertes en residencias son, sin duda, la piedra en el zapato de Ayuso. Es más, el pasado septiembre, el primer día de la fracasada investidura de Alberto Núñez Feijóo, se mostró muy enfadada después de que el periodista Willy Veleta de Canal Red le preguntara por este tema. "¿Va a seguir así toda la vida, acosándome? Muchas familias piden que paren ya con semejante miseria", aseguró.
Cita a declarar a Alberto Reyero, Carlos Mur y Yolanda Fuentes
En el auto, fechado el pasado 2 de octubre, la jueza también cita a declarar como testigos el próximo 7 de noviembre a partir de las 9.30 horas al exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y a la exdirectora de Salud Pública Yolanda Fuentes, que dimitió en mayo de 2020 por el empeño de Ayuso de solicitar el paso de Madrid a la fase 1 del plan de desescalada del Ministerio de Sanidad, para aclarar su relación con estos protocolos. "Hasta ahora las investigaciones se habían centrado en los médicos, los geriatras de enlace o los directores de las residencias. No fue hasta principios de año cuando un juzgado llamó a Reyero y a Mur, y después a Fuentes, cuando se empezó a mirar la parte política. Ahora, además de hacer lo mismo, va un paso más allá", apunta López.
No será la primera vez de ninguno ante los tribunales. El exconsejero ya ha declarado dos veces en calidad de testigo. La primera en marzo junto a Mur, que destacó que el consejero de Sanidad dio su aprobación al protocolo. Y la segunda, en junio cuando Reyero volvió a confirmar que el documento existió y se aplicó, al contrario de lo que sostiene Ayuso que siempre lo ha calificado de "borrador". En esta ocasión, su testimonio fue ratificado por la ex directora general de Salud Pública.
Pendientes de la causa de Leganés
Este auto de la jueza de Collado Villalba se une además a la decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite el pasado mes de agosto el recurso de casación que interpuso el Ayuntamiento de Leganés contra la Comunidad de Madrid por "inactividad" al no medicalizar las residencias. El objetivo de la causa es determinar si la aplicación del Protocolo de la Vergüenza obligaba a la región a tomar medidas alternativas que garantizasen la atención sanitaria.
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Sin embargo, este recurso de casación está en el aire por el cambio de alcalde. La causa la inició el exregidor socialista Santiago Llorente, pero el 28M lo sustituyó al frente del consistorio el conservador Miguel Ángel Recuenco que, según apuntan desde el PSOE, debería haber formalizado el recurso antes de este viernes 13 de octubre.
"El alcalde no dice nada. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Transparencia cero, no sabemos nada", explica López que recuerda que el regidor les llegó a decir esta misma semana que "ya se había pronunciado" y que "la decisión depende del letrado del Ayuntamiento, que es funcionario". "Es el alcalde el que toma la decisión", recuerda la portavoz de Marea de Residencias que señala que "lo que intenta es de forma poco valiente no tomar decisión".
La esperanza para Marea de Residencias pasa por su socio de Gobierno, Unión por Leganés, que les prometió que "el recurso iba a seguir". "Cuando el alcalde no quiere dar explicaciones, es que a lo mejor lo ha puesto y no quiere que se entere su jefa [por Ayuso]. Ojalá que al final triunfe la democracia", concluye López.
