El pacto del Majestic: las cesiones de Aznar a los nacionalistas catalanes de las que se ha olvidado el PP

En 1918 abría sus puertas. El número 68 del Paseo de Gracia se convertía en un punto de lujo y poder. La Barcelona que movía los hilos conoce de memoria todas sus salas. Es el hotel Majestic, un emblema cinco estrellas de la ciudad condal. Y bajo su cartel de escrupulosas letras blancas se guardan muchos secretos y conversaciones que han cambiado el rumbo del país.

En 1996 José María Aznar había ganado las elecciones, pero sin la mayoría absoluta deseada. Tocaba mirar a los nacionalistas para desbancar a Felipe González del Palacio de La Moncloa. Desde la victoria del 3 de marzo, se produjeron largas y profundas negociaciones entre el PP y CiU. Poco a poco se iban entendiendo, con un primer acuerdo para las Mesas del Congreso y del Senado. Pero faltaba lo importante: la investidura del aspirante popular.

Y el 27 de abril hubo fumata blanca tras un maratoniano último encuentro. Llegaba el momento de celebrar. ¿Dónde? ¿Cómo? CiU lo tuvo claro: una cena con cava y comida firmada por el chef Fermí Puig en el hotel Majestic, en la Barcelona más lujosa. En la mesa se sentaron el entonces futuro presidente del Gobierno, José María Aznar, junto a su negociadores clave: Rodrigo Rato y Mariano Rajoy. Por la parte del nacionalismo catalán estaban: Jordi Pujol, Macià Alavedra, Josep Antoni Duran i Lleida, Joaquim Molins y Josep Sánchez Llibre. Señoras y señores, acababa de nacer el pacto del Majestic para dominar la política española.

Más financiación para Cataluña

Aznar llegaba a La Moncloa con un acuerdo en el que satisfacía amplias demandas del independentismo y en ningún momento dijo que se rompía España. El documento pactado se titulaba Acuerdo por la gobernabilidad y la estabilidad, que fijaba el empleo como el principal objetivo del futuro Ejecutivo, pero que en sus primeros puntos ya proclamaba que un “esfuerzo esencial sería el desarrollo y consolidación del Estado de las autonomías, lo que requerirá la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de financiación autonómica, completar los traspasos correspondientes y garantizar el correcto funcionamiento e interrelación de las instituciones del Estado y de las diferentes Administraciones públicas”.

El primer apartado específico del acuerdo estaba protagonizado precisamente por esa promesa de un nuevo modelo de financiación autonómica, en el que, según acordaron el PP y CiU, las comunidades tendrían “más autonomía” para definir sus ingresos. Y Aznar aceptó ceder a los gobiernos regionales el 30% de la recaudación del IRPF. Para su aplicación, además, el PP dejaba margen para capacidad normativa por parte de las regiones.

Una capacidad, además, que los populares daban también a las comunidades para impuestos cedidos como el de patrimonio, el de transmisiones patrimoniales, el de sucesiones y el de juego. También el pacto del Majestic supuso que los populares revisaran los gastos de los costes reales de las transferencias de instituciones penitenciarias y de los Mossos.

Jordi Pujol arrancó una demanda del nacionalismo durante años: la eliminación de la figura de los gobernadores civiles. Los populares se comprometieron a reformar la administración periférica del Estado con esta supresión y su consiguiente sustitución por los subdelegados del Gobierno, que debían ser funcionarios de carrera.

Entre los traspasos acordados por el PP y CiU hubo uno muy significativo: el paso a los Mossos de la Generalitat de la competencia de tráfico bajo el “contexto de las decisiones a adoptar para desarrollar el modelo policial catalán”. Pero no se quedaban ahí, ya que también los populares se comprometieron a ceder al Palau de la Generalitat las competencias del INEM de intermediación en el mercado de trabajo y las políticas activas de empleo.

De los puertos a las autopistas

El acuerdo incluyó más traspasos a Cataluña: regulación de la Formación Profesional, los centros y servicios correspondientes a la gestión de las prestaciones sanitarias y de servicios sociales del Instituto de la Marina y la gestión de los puertos. Esto además suponía que cada autonomía pudiera nombrar al presidente de cada puerto. También Aznar firmó que los gobiernos regionales tuvieran más participación en las futuras leyes de costa y del suelo.

El Partido Popular aprobó la eliminación de un servicio mítico en España: la mili. CiU exigió este punto y que se incorporara que se tenía que llegar a una profesionalización total de las Fuerzas Armadas. En 2001 se aprobó el real decreto por parte del Consejo de Ministros que acabó con esta práctica instaurada en España desde dos siglos antes.

El acuerdo entre el Partido Popular y los convergentes se cerraba con un punto para rebajar los precios de las autopistas: “Ante la actual situación generada por la existencia en el territorio de autovías libres de peaje y autopistas de peaje cuya utilización, además, está gravada por un IVA del 16%, con la carga económica que ello supone para sus usuarios habituales, el PP se compromete a reformar el actual régimen impositivo a través de la aplicación del tipo reducido del 7%”.

Aznar llegaba con este texto a La Moncloa y lo celebraba con Pujol y sus íntimos con la cena en el Majestic. A pesar de las transferencias, de su boca no salió que hubiera alguna cesión a la Generalitat. El expresidente ha defendido siempre ese acuerdo e incluso ha negado que supusiera alguna “cesión”, reivindicando que fue para “toda España”, a pesar de que el texto solo habla específicamente de Cataluña.

En cambio, esta semana salió otra vez a escena Aznar para alertar de que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, es "un peligro para la democracia constitucional", por lo que llamó a todo el mundo a actuar y movilizarse desde su ámbito de responsabilidad porque "se han cruzado todas las líneas rojas".

"Eso se llama abrir una crisis constitucional sin precedentes en el país. Por eso, la apelación a la responsabilidad en este momento es una apelación extraordinariamente importante", lanzó en un acto del Instituto Atlántico junto al actual presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.