En busca de un modelo independiente que avale a los medios fiables para combatir la desinformación

¿Hay algún modo de distinguir entre un medio que cumple las normas y los procedimientos propios del periodismo de calidad y uno que no lo hace? ¿Entre aquellos que sirven de soporte a la desinformación o que manipulan los hechos para obtener clics y los que tienen como prioridad una ciudadanía bien informada?

Obtener un sello de calidad independiente, una etiqueta que sirva para distinguir a unos de otros, es el objetivo de diferentes iniciativas independientes que desde hace varios años tratan de certificar el buen periodismo con el objetivo de que no se pueda confundir con lo que hemos dado en llamar pseudomedios. La idea es sencilla: facilitar a los ciudadanos un método simple para saber si pueden confiar en un medio o si, por el contrario, deben estar alerta ante las informaciones de otro. Del mismo modo que Aenor asegura que las empresas cumplan con las regulaciones y normativas aplicables, reduciendo riesgos legales y financieros, o que un organismo de certificación del origen de un determinado alimento da fe de que se ha producido siguiendo un procedimiento reglado, estas entidades garantizan que la forma de trabajar de los medios se atiene a determinados criterios de calidad.

En España no existe nada parecido. Algunos colegios de periodistas, como los de Andalucía, Galicia y Castilla y León, han empezado a certificar qué medios digitales cumplen determinados criterios para poner en valor a quienes se dedican de verdad a la información y señalar, indirectamente, a los que son meras plataformas al servicio de intereses políticos y económicos. Son iniciativas modestas, porque en ningún caso auditan la forma de trabajar de cada medio, lo que limita su capacidad de certificar que en el día a día cumplen las normas que garantizan el periodismo de calidad.

En Europa, sin embargo, sí existen. Y dos de ellas han cobrado protagonismo en los últimos años por su ambición a la hora de auditar de manera independiente lo que hacen los medios de comunicación. Ramón Salaverría, profesor de la Universidad de Navarra, Ingrid Bachmann, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Raúl Magallón-Rosa, de la Universidad Carlos III de Madrid, los han incluido en un artículo sobre Desinformación y confianza en los medios: Propuestas de actuación publicado por la revista especializada Index Comunicación.

“Desde el punto de vista de la autorregulación de los medios”, explican en la citada publicación, “hay que seguir profundizando en los mecanismos de participación, evaluación y publicación de resultados de las comisiones de arbitraje especializadas de las distintas federaciones y organismos independientes de periodistas y en ver cómo hacerlas eficaces en la apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas como la mejor respuesta para recuperar su confianza.”

Desarrollo de indicadores

Durante los últimos años, tanto el Global Disinformation Index (GDI) ―promovido en 2018 por una organización británica sin ánimo de lucro― como la Journalism Trust Initiative (JTI) ―impulsada en 2019 a escala global por Reporteros Sin Fronteras―, “han intentado desarrollar indicadores que permitan un análisis comparado sobre la transparencia y rendición de cuentas en diferentes países”.

La JTI busca crear un mecanismo de autorregulación que permita “verificar el cumplimiento de las mejores prácticas periodísticas a través de una auditoría independiente” que permita la obtención de “un certificado”. El GDI, por su parte, trata de profundizar en dos aspectos diferentes de los medios: lo que llaman el “pilar de operaciones” que tiene que ver con la propiedad, y el “pilar de contenidos”, que hace referencia al enfoque de las informaciones publicadas. “En el primer grupo”, señalan los autores del artículo, “se encuentran cuestiones como la transparencia financiera, la independencia editorial y la responsabilidad periodística y, en el segundo caso, el rigor de los titulares, la presentación visual, etc.”

Como parte de las soluciones, este tipo de iniciativas aboga por incluir una política con respecto al uso de la firma del autor en el contenido, dejando claro quién es el autor de la información, una declaración actualizada de adhesión al rigor, la precisión y la comunicación basada en hechos y la publicación de mecanismos que permitan a los lectores comunicar errores al medio de comunicación.

La JTI destaca por la monitorización de los mecanismos para garantizar la independencia editorial, protección frente a conflictos de intereses y buenas prácticas adoptadas (procesos internos y externos de rendición de cuentas, formación, condiciones económicas de los periodistas, etc.). Apoyándose en esta iniciativa, el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación busca que las principales plataformas, como Facebook y X, utilicen la certificación JTI para identificar a los medios de información fiables y distinguirlos de los que no lo son.

Efectivamente, el reglamento europeo de libertad de medios, de cumplimiento obligatorio en España pero que el Gobierno quiere implementar modificando la ley de Publicidad Institucional, dice claramente que las plataformas online “que den acceso a contenidos de medios de comunicación deben prever una funcionalidad en su interfaz que permita a los medios de comunicación declarar que cumplen determinados requisitos, al mismo tiempo que conservan la posibilidad de rechazar dichas autodeclaraciones cuando consideren que dichas condiciones no se cumplen”.

Identificar y distinguir

De ese modo, las plataformas, que son la principal herramienta de acceso de los ciudadanos a las noticias, no solo podrían dar prioridad a los medios que hacen periodismo sobre los que están al servicio de la desinformación y la manipulación, sino que tendrían un mecanismo sencillo de identificarlos ante sus usuarios. Y no solo eso: las administraciones dispondrían una herramienta muy útil a la hora de dar prioridad a unos medios sobre otros en el momento de distribuir fondos públicos o repartir la publicidad institucional.

El GDI parte de que “la desinformación se ha convertido en un negocio” y de que “los modelos de negocio de Internet de hoy en día monetizan la atención sin tener en cuenta la calidad del contenido que atrae esa atención, o el daño que puede resultar” para hacerse eco de “una comunidad sólida y creciente de defensores de la industria, la política y la sociedad civil que presionan para la reforma de este ecosistema”.

Esta entidad pretende ofrecer “clasificaciones de riesgo de desinformación neutrales, transparentes e independientes en toda la web abierta” con la intención de que sean utilizadas por las empresas de tecnología publicitaria con el fin de “garantizar que el dinero de los anunciantes y las marcas no termine apoyando sitios web de alto riesgo”.

La JTI, por su parte, promovida por Reporteros Sin Fronteras, busca “la implementación de un mecanismo internacional que recompense las prácticas periodísticas éticas”. Diseñada como una norma ISO, más de 1,000 medios de comunicación en más de 80 países ya están involucrados en este modelo de certificación.

Elena Herrero-Beaumont, abogada y periodista especializada en ética y buen gobierno, particularmente en el sector de los medios de comunicación, defiende desde hace tiempo otra solución, basada en la inclusión obligatoria en los consejos de administración de la figura de consejeros independientes, tal y como ya se hace con las agencias de rating.  ”La supervisión no es censura”, subraya Herrero-Beaumont, “todo lo contrario. Lo que logran todos estos mecanismos es proteger esa independencia”. Y deberían aplicarse también a los medios públicos con consejos de administración en los “que hubiera una representación política”. Hace falta “un cuerpo de consejeros independientes” que rinda cuentas al supervisor y que dé “un golpe en la mesa cuando se está empezando a ver amenazada la independencia de la información”.

Discusión limitada

A la hora de distinguir las medidas legislativas tomadas por las diferentes administraciones, Salaverría, Bachmann y Magallón distinguen entre aquellos países que afrontaron el nuevo escenario acordando el desarrollo de una nueva legislación contra la desinformación, los que optaron por adaptar leyes ya existentes, y aquellos que, centrándose en el papel de la seguridad nacional y las injerencias extranjeras, crearon grupos de trabajo para redactar informes, documentar experiencias y establecer marcos de actuación que ayudaran a entender la complejidad del fenómeno, como en el caso de España.

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Los primeros, explican, han acabado limitando la libertad de expresión e información (entre este tipo de países destacan Filipinas y Rusia). Los segundos, en muchas ocasiones no han conseguido solventar un problema de una dimensión cada vez mayor (Francia y Alemania). Y los terceros, como España, no han sido capaces de profundizar “lo suficiente en las medidas de resiliencia democrática, ni siquiera con respuestas al malestar de la ciudadanía mediante medidas bien articuladas de alfabetización mediática y digital”.

Como consecuencia de este escenario, explican los autores del artículo, “el debate de la regulación de la desinformación ha conducido de forma cada vez más recurrente a la discusión sobre la regulación, autorregulación o falta de regulación de los medios de comunicación en su compromiso con la verdad, la transparencia y la rendición de cuentas de los datos y de los hechos”.

Entre los mecanismos para combatir la desinformación no solo citan organismos independientes de certificación. También apuestan por “seguir diseñando propuestas que incentiven la reflexión interna de los propios medios de comunicación en torno a acciones y medidas como el fomento de la figura del defensor del lector, la transparencia de las cuentas de los medios, la rendición de cuentas sobre errores cometidos, y la apuesta por periodistas especializados, a semejanza de lo que acostumbra a ocurrir en la cultura periodística anglosajona”. Hace falta “incentivar la autorregulación como el mecanismo más eficaz para recuperar la confianza por parte de la ciudadanía en los medios de comunicación”. Y en ese camino, “la inclusión de organizaciones de periodistas, editores de medios, plataformas tecnológicas, académicos y organizaciones de la sociedad civil en estos grupos de trabajo puede permitir no solo abordar el desfase de conocimiento sobre una cuestión nueva por parte de las administraciones, sino también calibrar la magnitud del problema y sus posibles soluciones”.