Un Fondo de Compensación muy escaso, incompatible con la planificación y sin mecanismos de evaluación

El origen del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) está en la Constitución española. La Carta Magna ordenó en 1978 su creación con el objetivo de corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad.

Pero ha dado muchas vueltas y se ha convertido es una pieza más, de cuantía menor, de la financiación autonómica. Creado en 1980, en una primera etapa, desde el año 1984 hasta 1990, todas las comunidades eran beneficiarias y los recursos se destinaban no solo a favorecer el desarrollo de los territorios más desfavorecidos, sino también a atender nuevas inversiones de los servicios traspasados por el Estado. No fue hasta un segundo momento, desde 1990 hasta 2001, cuando dejaron de ser beneficiarias la totalidad de las comunidades para pasar a serlo solo los territorios más desfavorecidos, es decir, las regiones que Europa consideraba Objetivo 1, haciendo coherente la política regional interna con la que se vinculaba con los Fondos Europeos. En una tercera etapa, a partir del nuevo sistema de financiación autonómica en 2001, se desglosa el FCI en dos: el Fondo de Compensación y el Fondo Complementario.

El informe del comité de expertos de 2017, que Mariano Rajoy prefirió enterrar en lugar de convertir en la base de la negociación para actualizar el modelo de financiación autonómica, ya afirmaba la existencia de “muchos motivos para acometer una perentoria reforma que refuerce el carácter reequilibrador del FCI” y ponga fin a la división establecida en 2001.

El diagnóstico de los expertos certificaba que el FCI no está cumpliendo el mandato constitucional y tiene “escasa eficacia” por culpa de su muy reducida dotación económica, “resultado de una subordinación a los fondos europeos y a una base de cálculo muy inestable”. Para 2024, representa apenas unos 423 millones a repartir entre Andalucía, Asturias, Cantabria, la Comunitat Valenciana, Murcia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Canarias.

La duplicación

La duplicación del FCI, que el presidente Pedro Sánchez anunció este miércoles en el contexto de un compromiso más amplio para mejorar los recursos disponibles para todas las comunidades, acercará la cifra final a unos 900 millones de euros, una suma que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, considera “insuficiente” e “insultante para la dignidad de la mayoría de los españoles”. El presidente del Gobierno, asegura Feijóo, “quiere callar con menos de 450 millones a los españoles, cuando hace no tanto hablaban de la necesidad de 16.000”.

La propuesta de la comisión de expertos, que sigue siendo hoy por hoy la única tangible a partir de la cual iniciar la negociación del nuevo modelo, es rediseñar el FCI tomando como referencia la convergencia de las comunidades autónomas (la reducción de la desigualdad económica entre ellas).

“La reforma debe implicar un nuevo marco de adicionalidad y cofinanciación con la política europea de cohesión, en torno a un estímulo económico coordinado, sin perder de vista la ineludible eficiencia y la rentabilidad social de las inversiones públicas”.

Como base de cálculo, los expertos proponían vincular el FCI directamente al PIB o a los ingresos no financieros de los Presupuestos Generales del Estado, para proporcionar mayor estabilidad y transparencia. Y recomendaban incrementar “significativamente” su dotación sin sustituir las inversiones directas del sector público estatal. Una vez aumentada su cuantía, defendían que, para mantener su importancia relativa, su evolución futura debería alinearse con la tasa de crecimiento del PIB nominal de España.

Cambiar los criterios

Los expertos abogaron en su día porque, además, se definiera un umbral transparente de elegibilidad para recibir fondos y que se permitiera concentrar los recursos en los objetivos de convergencia de renta y riqueza entre los territorios de España. “Parece razonable”, decían en su informe, “que se utilice como referencia el 100% del PIB per cápita medio de España, revisando periódicamente los territorios elegibles y corrigiendo el error de salto. De este modo, el FCI seguiría conectado con la política de cohesión europea, pero dispondría de su propia referencia”.

Los criterios de reparto, proponían los expertos, también deben cambiar, haciéndolos gravitar sobre la población y la inversa de la renta per cápita, modulándolos con variables territoriales y otros factores relevantes que condicionan el desarrollo económico y social.

Para mejorar su funcionamiento, añade el informe de 2017, el refuerzo económico del FCI “debe completarse con una mejor planificación, programación plurianual, gestión, evaluación, control y eficiencia global de las inversiones a acometer”. En ese sentido, los expertos defendían que el Senado jugara el papel que en esta materia le asigna la Constitución, y que las “grandes líneas estratégicas” del FCI se trazasen en la Comisión de Política Fiscal y Financiera, donde se sientan todas las comunidades, y en la Conferencia de Presidentes.

“En aras de una mayor legitimación y efectividad del FCI como instrumento de solidaridad y fondo de desarrollo regional”, sostiene el informe, “resulta ineludible vincular sus cometidos a la oportuna evaluación antes y después de las inversiones, sobre la base de informes independientes, como guía para una adecuada programación plurianual. La necesidad sistemática de evaluación debería preverse en el propio diseño de los programas y proyectos del fondo”.

Control de eficacia

A su vez, en el marco del control externo del FCI, a cargo de los órganos autonómicos y del Tribunal de Cuentas, deberían impulsarse, según los expertos, auditorías financieras regulares y, sobre todo, una “fiscalización operativa de eficacia, eficiencia, economía y equidad”.

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Por último, el informe abogaba por un último retoque: sería “adecuado que se pueda estudiar la reasignación de los remanentes entre las comunidades autónomas que presenten los proyectos de inversión con mayor potencial de desarrollo económico, creación de empleo o reducción de las desigualdades entre territorios. Se haría con una metodología similar a la reserva de eficacia que dispone la Comisión Europea en los fondos estructurales”.

En la actualidad, es la Ley de Presupuestos Generales del Estado la que especifica qué comunidades serán beneficiarias del FCI, atendiendo a su menor desarrollo. Se trata de aquellas cuya renta por habitante es inferior al 75% de la media comunitaria, y que coinciden con las incluidas por la Unión Europea dentro de las regiones beneficiarias de los Fondos Estructurales Objetivo 1 del período de programación 2000-2006.

Para su reparto se tienen en cuenta variables como la población de derecho relativa de cada comunidad en relación con el conjunto de las comunidades beneficiarias (87,5%), el saldo migratorio de los últimos diez años (1,6%), el cociente entre el número de parados y el de activos en cada comunidad (1%), la superficie (3%) y la dispersión (6,9%). Una vez efectuado el reparto, el resultado obtenido se corrige nuevamente en función de la inversa de la renta por habitante de cada territorio y del hecho insular.