El pacto catalán para la financiación singular reabre el debate sobre la defensa de lo público

“Si te vas a mover, que sea con clase. Si lo haces en Lambo, quizá te retrases. En transporte público llegas al rato. Te libras de atascos y sale barato. Seiscientos euros te ahorras al año. Y a nuestro planeta le quitas el daño. Viajar en bus no es bajarse al barro, tardas la mitad que en tu propio carro. Si lo pillas, puedes ir leyendo. Y si no lo pillas, te vas aburriendo. Yo sé que eres inteligente, en transporte público se mueve mi gente”.

A ritmo de trap, canción con cadenita al cuello. Este es el principal reclamo de la nueva campaña a favor del transporte público lanzada por el Gobierno, que fue presentada por el propio presidente, Pedro Sánchez, junto al ministro del ramo, Óscar Puente, el pasado jueves. Toda una declaración de intenciones del Ejecutivo de coalición, que ha puesto en el epicentro de sus discursos la apuesta por lo público y el Estado del Bienestar. 

Desde la vuelta de vacaciones, Sánchez ha imprimido ese carácter social a sus palabras frente a otros temas prioritarios de hace unos meses como la regeneración democrática. En el arranque de curso en el acto en el Instituto de Cervantes lanzó ya esa apuesta por más autobuses públicos frente a los lamborghinis. Y ese foco se abre en mitad de la polémica sobre la financiación autonómica y el pacto entre el PSC y ERC para hacer presidente de Cataluña a Salvador Illa con la principal promesa de modelo singular para esa comunidad.

Esa gran conversación política, social y económica la quiere enmarcar ahora el Gobierno en el plano de una discusión sobre los propios sistemas de gestión. Sánchez lo verbalizó ante la cúpula de su partido en el pasado Comité Federal: “El debate no es sobre territorios, sino entre modelos”. El mensaje es que lo importante es cuánto y cómo se invierte el presupuesto público. La Moncloa pretende poner en primera línea la contradicción del PP de hablar de desigualdad entre los españoles mientras sus comunidades se dedican a hacer rebajas fiscales a las clases más altas. 

Una ofensiva socialista que se fija, por ejemplo, en la actuación de la Comunidad de Madrid. “De cada diez euros que da el Gobierno, Madrid ha usado tres para regalos fiscales. ¿Y qué han hecho para cuadrar las cuentas? Situarse en la cola de gasto en educación y sanidad”, dijo el jefe del Ejecutivo. Pero no sólo se denuncia lo que hace la Comunidad, sino que se ha puesto en la picota también a la Junta de Andalucía. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría, denunció esta semana: “Hemos aprobado en el Consejo de Ministros 32 millones de euros para poner en marcha 2.900 plazas de educación infantil públicas y gratuitas en las distintas comunidades autónomas, porque el Gobierno del señor Moreno Bonilla, ha rechazado expresamente a la financiación de 112 millones que permitirían que 12.000 familias andaluzas pudieran disfrutar de una nueva plaza pública y gratuita para que sus hijos fueran escolarizados”.

Qué peso tiene el gasto público

Se abre un curso para discutir sobre “lo perteneciente o lo relativo al Estado o a otra Administración”, como define en una acepción “público” la Real Academia Española de la Lengua, que conecta también con otras como “accesible para todos” y “conjunto de personas que forman una colectividad”. En España durante el último año el gasto público se sitúo en el 46,4% del PIB, con un total que rondó los 678.820 millones de euros (el gasto per cápita está en los 13.959 euros). El peso máximo se alcanzó durante la época de pandemia, cuando por primera vez superó el cincuenta por ciento, ya que en 2020 fue del 51,90% y en 2021 del 50%. 

El peso de lo público en la economía ha subido en las últimas décadas, ya que estaba apenas por encima del 30% en relación al PIB a principios de la década de los ochenta del siglo pasado. Pero esta tendencia no es un caso único español. Así lo refleja el documento publicado en 2022 por parte del Banco de España bajo el título de El peso del sector público en la economía: resumen de la literatura y aplicación al caso español, firmado por Carlos Sanz. En el texto se recoge: “Desde el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, el gasto público en los países desarrollados ha crecido de forma muy notable. Por ejemplo, según datos del Banco Mundial, el gasto público en la Unión Europea aumentó desde un 24,5 % del PIB en 1973 hasta un 36,6 % en 2019. En Estados Unidos también se ha producido un aumento, aunque más limitado y partiendo de un nivel inferior (del 17,9 % al 22,7 %)”.

En otro informe de Funcas se detalla que en la UE en su conjunto en el año 2020 llegó a representar el 53,1% (hasta un 53,8% en la zona euro). España, a pesar de los estereotipos sobre un sector inflado, no es un país “con un elevado gasto público”, sino que está por debajo, en relación a su PIB, de países de su entorno como Portugal, Francia, Alemania o Italia. El estudio refleja además, contra el mantra extendido entre sectores neoliberales, que un fuerte peso de lo público en el PIB se da en países con un fuerte PIB per cápita a la vez, como son los casos especialmente de Dinamarca y Suecia, a la cabeza.

Dónde va el gasto público

Este incremento del gasto público se escenifica en los presupuestos generales y en los autonómicos, que en las últimas ediciones llevan en las noticias siempre el adjetivo de “récord”. Por ejemplo, el Gobierno aprobó el techo de gasto para el año que viene el pasado martes en el Consejo de Ministros, un acuerdo con un límite de gasto no financiero nacional, sin incluir los fondos europeos, que se elevará hasta los 195.353 millones de euros, un 3,2% más que en 2024. En los presupuestos generales en vigor, por ejemplo, el Gobierno fijó como prioridades el mayor gasto en la historia en sanidad, educación, becas y pensiones.

¿Y en qué se gasta el dinero público por parte de las administraciones públicas? Según el último estudio consolidado de la Intervención General del Estado correspondiente al ejercicio de 2022, el grueso principal fue la protección social (252.783 millones de euros). Luego se encaminó a sanidad (93.126 millones de euros), a servicios públicos generales (78.311 millones de euros) y a asuntos económicos (76.664 millones de euros). Los siguientes montos más significativos tenían el destino de la educación (58.598 millones de euros), orden público y seguridad (26.017 millones de euros), ocio, cultura y religión (16.599 millones de euros), defensa (15.344 millones de euros) y vivienda y servicios comunitarios (6.493 millones de euros). 

El gasto, recoge la Intervención General, se reparte así en el ámbito institucional: fondos de la seguridad social (32,5%), administración autonómica (32%), administración central (24%) y administración local (11,6%).

Navarra vs. Madrid: cómo se gasta lo público

La administración autonómica se sitúa en la punta de lanza y tiene como principales competencias la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales, por lo que recaen sobre ella algunos de los pilares básicos para que se sostenga el Estado del Bienestar. Y ahí es donde se abre también ese gran debate sobre el modelo. Ese aumento en el gasto público no significa que de manera consecuente se eleve el gasto sobre sus principales asuntos. En el último estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, se especifica que las políticas sociales han pasado de representar el 67,39% en 2010 a un 60% el año pasado (si se hubiera mantenido ese nivel, hoy las autonomías habrían puesto 23.000 millones de euros en estas cuestiones).

Además, hay una brecha significativa entre las comunidades. La que más dedica, según el informe, es Navarra frente a Madrid, la que está en la cola (1.700 de euros de diferencia por persona y año). El Gobierno de María Chivite (PSN) empleó 4.160,96 euros por ciudadano, por delante de Euskadi (4.078,95 euros), Extremadura (3.960,33 euros) y Asturias (3.681,38 euros). En el extremo opuesto se situaron Madrid (con 660,41 euros menos por ciudadano respecto a la media nacional), Cataluña (182,49 euros menos), Murcia (116,8 euros menos) y Andalucía (89,48 euros menos).

Quién apuesta por la educación y la sanidad pública

La educación supone una de esas grandes columnas de las comunidades y centra parte del debate sobre el modelo. Según los últimos datos publicados por el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación SEIE, que recoge el curso de 2021, Madrid es la autonomía que menos invierte en educación pública por estudiante (con 5.886 euros, muy por debajo de la media nacional que se sitúa en 7.043 euros). En el extremo opuesto están el País Vasco (10.984 euros), Navarra (8.993 euros) y Cantabria (8.163 millones de euros). En este debate también se pone sobre la mesa las autonomías que más porcentaje de su gasto público destinaron a la educación concertada: Euskadi (25,5%), Balears (19,6%) y Madrid (19,3%).

Un esquema que se extiende sobre el gasto en sanidad. Según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud hecho público por el Ministerio de Sanidad, a la cabeza de gasto por habitante está el País Vasco (2.073 euros por persona al año). Ninguna otra autonomía supera los dos mil, estando arriba también Asturias (1.965 euros), Navarra (1.947 euros) y la Región de Murcia (1.909 euros). En cambio, la menor inversión por habitante es la de la Junta de Andalucía (1.486 euros), casi a la par que Madrid (1.536 euros) y Balears (1.644 euros).

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Uno de los indicadores sobre el sistema público sanitario está en la otra cara de la moneda: los seguros privados. Madrid es la región a la cabeza, con un 38,1% de su población buscando atención privada, según el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) basándose en datos de la patronal del sector asegurado, UNESPA. Cataluña y Balears se sitúan después, con cotas del 32,8% y 30,1% respectivamente. En cambio, en Navarra sólo hay apenas un 10% de la población con seguro privado. La asociación reflejaba la conexión del incremento de este servicio por el aumento de las listas de espera en atención primaria.

Una cuestión también fiscal y de funcionarios

En el debate entre lo público y lo privado entra de lleno en lo nuclear el aspecto fiscal, donde también hay una pugna las comunidades. Por ejemplo, en el apartado de tributos propios Cataluña está a la cabeza con 15, mientras que en Madrid no hay ninguno, como extremo opuesto. Además, según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, de la fundación para el Avance de la Libertad, de corte liberal, las autonomías ahora mismo con la presión fiscal más baja son País Vasco, Madrid y Andalucía. Cataluña, en cambio, aparece como el territorio donde más impuestos se pagan.

El enfoque también está dominado muchas veces por la cuestión de los funcionarios. Pero ¿cuántos empleados públicos hay en España? Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP), con datos actualizados de enero de este año, hay un total de 2.968.522, una cifra muy similar a 2023 (2.966.987 efectos). El grueso principal está en la administración autonómica (un 62,7%), frente al 19,4% de los ayuntamientos y el 17,9% del Estado. Las mujeres representan el 59,29% del total (principalmente en el sector público de las comunidades y en la administración de justicia, mientras que en las fuerzas armadas los hombres copan el 90% de puestos). Más de la mitad de los empleados públicos se concentran en tan solo cuatro comunidades: Andalucía, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. El debate sobre lo público y lo privado está más vigente que nunca.