El Congreso bloquea con diez prórrogas la iniciativa popular para regularizar a 500.000 migrantes

Y ya van diez. La iniciativa popular para regularizar a medio millón de inmigrantes que viven en España sin ningún tipo de amparo legal no termina de arrancar. Su trámite parlamentario continúa atascado en el Congreso de los Diputados, que ha ampliado su plazo de enmiendas hasta este miércoles por décima vez y este martes decidirá si vuelve a hacerlo. Lleva meses en ese limbo. Concretamente cinco, desde que la mayor parte de la Cámara apoyase admitir una ILP que había llegado respaldada por más de 700.000 firmas. "Todo este retraso está consiguiendo que partidos como Vox sigan fomentando el odio contra la población migrante", lamenta Belinda Ntutumu, de la plataforma Regularización Ya.

Fue el 9 de abril. Una campaña apoyada por asociaciones tan diversas como la Conferencia Episcopal, el Soviet de Getafe, la Hermandad Obrera de Acción Católica o el Colectivo de Prostitutas de Sevilla conseguía colar como punto del día del hemiciclo una campaña en defensa de los "derechos fundamentales de cada ser humano". Según sus cálculos, en España hay entre 390.000 y 470.000 personas —de las cuales una tercera parte son menores de edad— que, a pesar de vivir y trabajar en el país, no pueden obtener un permiso de residencia legal. El trámite, denuncian, es "lento, burocrático" y hasta "discrecional" y los criterios para obtenerlo, además, "son altamente restrictivos". Y todo eso, lamentan, les condena a "una espiral de vulnerabilidad y desprotección que acrecienta la exclusión social".

Hasta ahí, la mayoría de los grupos del Congreso parecen estar de acuerdo. O, al menos, lo parecieron en su momento. Hasta el PP de Alberto Núñez Feijóo se apuntó a apoyar la iniciativa adoptando una posición que nunca antes había defendido. En una entrevista, prometió abiertamente "una solución" para los extranjeros en situación irregular que viven y trabajan en España. "Hay un debate que debemos de dar y debemos de zanjar con los migrantes que viven y trabajan en España, pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Esos pueden estar tranquilos, que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país", aseguró. Y dejó sólo, por tanto, a la extrema derecha de Vox, que fue el único grupo que votó en contra de admitir la iniciativa.

En cualquier caso, ya entonces hubo matices entre los síes. Fuentes de la dirección del PSOE avanzaron que la enmendarían y Sumar, que apoyó la regularización "por justicia social", empezó a temer que los socialistas quisieran "dejar morir" la norma en el trámite de enmiendas, algo que, según aseguran ahora sus fuentes, intentan evitar presionando para que la Mesa de la Cámara, donde los socios tienen mayoría y que se reunirá de nuevo este martes, dé por fin vía libre a la iniciativa. El pasado 30 de agosto, varios diputados de la formación registraron además una serie de preguntas al Gobierno para desbloquear y acelerarlo todo. "La regularización es factible, dependiendo únicamente de la voluntad política y el respeto a los mecanismos de democracia directa", aseguraron en el documento.

Por su parte, Podemos se sitúa —y ya lo hizo en abril— en la misma línea. Su secretaria general, Ione Belarra, apretó también a finales de agosto para que el Gobierno priorizara esta cuestión. "España tiene un problema muy serio de racismo y para eso hacen falta políticas antirracistas valientes", señaló. Fuentes de la formación insisten en cualquier caso en que, aunque no sea con esta fórmula, la regularización llegue. Porque "hay que actuar contra los discursos de odio de racistas como Alvise o Albiol", defendió el portavoz morado Pablo Fernández.

Discurso del odio creciente y Ley de Extranjería

Para la plataforma Regularización Ya también es esta una de las prioridades. Y por eso insisten al PSOE, en quien sitúan la responsabilidad de la parálisis de la norma. "Los socialistas están motivando que se incrementen los discursos de odio y que aumente la tensión", lamenta Ntutumu. No lo dice sin conocimiento de causa. El último InformeI sobre la evolución de los delitos de odio en España 2023 presentado por el ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reveló que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron en 2023 un total de 2.268 infracciones penales e incidentes de odio en España, lo que supone un incremento del 21,3% respecto a 2022. De todos ellos, los delitos relacionados con racismo y xenofobia son los más numerosos: hubo 856 y representan el 41,8% de todas las denuncias.

Este verano, además, los discursos xenófobos y racistas —basados casi siempre además en bulos y desinformaciones expandidos por las redes sociales— han sido protagonistas de una actualidad marcada por el debate de la reforma de la Ley de Extranjería que pretendía hacer obligatoria la reubicación de los menores llegados a las islas Canarias y que, aunque fue rechazada, el PSOE trata ahora de reactivar.

Es ahí, precisamente, donde Redwan Baddouh, portavoz del Movimiento Regularización Ya Canarias, ve el principal escollo. "Los socialistas están buscando que estas normas no compitan, pero es que una no quita la otra", sostiene. Y recuerda en este sentido que la reforma de la Ley de Extranjería propuesta ni siquiera contempla cambiar los requisitos para conseguir la regularización, así que ni siquiera sería una solución en este sentido. "No entendemos que el PSOE siga retrasando y bloqueando esta cuestión", lamenta.

Exclusión y aportación

Motivos para como mínimo tramitarla, dice Baddouh, hay de sobra. En primer lugar, defienden los promotores de la iniciativa en el texto de la proposición, porque "la irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos como la educación y la sanidad". Por ejemplo, según el informe Un arraigo sobre el alambre, elaborado por la asociación Cáritas junto con el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas (IUEM), el 75% de los migrantes irregulares se ocupa en empleos elementales y mal pagados tengan o no formación universitaria.

Pero además hay otra cuestión que es puramente económica. Y es que "la regularización afloraría, rápida y eficazmente, el gran potencial de sus impuestos directos y de las contribuciones de empleados y empleadores al Sistema de la Seguridad Social". En concreto, y según una estimación de la Universidad Carlos III citada en la propia proposición de ley, la aportación neta que de media aportarían los trabajadores si fueran regularizados ascendería a más de 3.250 euros por persona cada año.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desde el año 2002 la población en edad de trabajar nacida en el extranjero ha crecido en casi 4,2 millones. La pasada legislatura, el equipo encabezado por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, situaba ese saldo migratorio —diferencia entre inmigración y emigración— en unas 300.000 personas en 2024, 200.000 en torno a 2030 y de 400.000 en 2045. Los flujos migratorios, defendieron entonces, "compensarían las carencias de la mano de obra del mercado".

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No sería esta tampoco la primera vez que se produce una regularización masiva en España. Con Felipe González hubo dos regularizaciones de este tipo, en 1985 y 1991. La primera se amparó en La Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros de 1985 que estableció que "la situación de los extranjeros que se encuentran en España insuficientemente documentados, en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, podrá ser regularizada", introduciendo una serie de excepciones y requisitos. Hubo entonces 38.181 solicitudes, de las que salieron 34.832 regularizaciones, un 91,2%. La segunda, por su parte, se aprobó en el Congreso sin votos en contra.

Ya con José María Aznar en la Moncloa se produjeron en tres momentos de su mandato 453.891 regularizaciones, de un total de 623.995 solicitudes, lo que supuso un 72,7%. A finales de 2004, ya con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, se introdujo la reforma de la normativa de extranjería que amparó la regularización del año siguiente. Hubo 691.655 solicitudes de las cuales se resolvieron favorablemente 565.121, un 81,7%.

Peor no sólo se han producido en España. En la Unión Europea se llevaron a cabo entre 1996 y 2008 un total de 43 programas en 17 países. Las últimas se produjeron en Portugal e Italia en plena pandemia y fueron apoyadas, recuerda la ILP, por el relator especial de la ONU para los derechos humanos de los migrantes.