Amordazar a mujeres activistas a golpe de denuncias, la estrategia ultra contra el feminismo

Blanca Cañedo dice ser una privilegiada. Nunca tuvo miedo, reconoce al otro lado del teléfono, en parte porque nunca estuvo sola. A pesar de los momentos de flaqueza, jamás se le pasó por la cabeza cejar en su activismo. Yolanda Domínguez tuvo que cargar con el desánimo propio y el odio ajeno durante un proceso judicial demasiado largo. Los ataques no le hicieron renunciar al activismo, pero es ahora más cauta, más sigilosa, mucho más precavida en sus proclamas. Ambas fueron denunciadas por una misma razón: su compromiso y su militancia feminista.

No son pocas las mujeres con un discurso público feminista las que han tenido que cruzar la puerta de los tribunales, señaladas por grupos de extrema derecha que han encontrado en la ofensiva judicial su estrategia más efectiva. El objetivo es evidente: silenciar los discursos decididamente feministas.

El resultado, más allá del dictamen judicial, tiene efectos de peso desde la misma interposición de la demanda. La desafección y el agotamiento tienen impacto en las mujeres y en su compromiso activista. Pero estas acciones judiciales lanzan también un mensaje aleccionador a las demás: cuidado, dar la batalla puede tener consecuencias.

"Seguimos peleando"

Algunos casos son de sobra conocidos. En todos aquellos donde entran en juego los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, hay un mismo sello detrás: Abogados Cristianos. Fueron los responsables de demandar a las tres activistas que habían participado en la procesión del ‘coño insumiso’, allá por 2014. Las tres fueron señaladas no sólo por ofensa de los sentimientos religiosos, sino también por un presunto delito de odio que los jueces no llegaron a entrever. Todas ellas fueron absueltas, pero la batalla judicial se prolongó durante años, con el evidente desgaste que ello acarrea. 

También Abogados Cristianos demandó a la activista feminista Blanca Cañedo, quien en 2018 se había atrevido a señalar en una entrevista a la organización ultracatólica por los fondos públicos recibidos. Hablaba con conocimiento de causa: la asturiana presume de veteranía en la lucha por el derecho de las mujeres a la libre interrupción del embarazo, un frente que la entidad ultra tiene en su punto de mira. 

La batalla judicial llegó hasta el Tribunal Supremo y los magistrados enmarcaron la entrevista dentro de los límites que concede la libertad de expresión. "Soy una privilegiada porque desde el primer minuto tuve apoyo social", dice la activista en conversación telefónica. Aunque "hay momentos en los que te apetece tirar la toalla", la feminista pone de relieve el valor de contar con una red sólida de apoyo. La acción judicial tiene la capacidad de "quitar el ánimo", porque quienes la emprenden "tienen mucha fuerza", reflexiona. Pero las feministas "venimos de donde venimos y seguimos peleando".

Violencia en las redes y en los tribunales

Fue el Tribunal Supremo el encargado también de dirimir sobre una denuncia contra la periodista y divulgadora Yolanda Domínguez. Esta vez, quien decidió iniciar la ofensiva judicial fue el youtuber ultra resguardado tras el pseudónimo de Un tío blanco hetero. Ella, lo llamó "machista, troll y violento con las mujeres". Él, decidió denunciarla por haber supuestamente vulnerado su derecho al honor. 

En un primer momento, el Juzgado de Primera Instancia número 72 de Madrid la condenó. Pero la activista sacó las fuerzas necesarias para recurrir la decisión. El periplo judicial transitó de la Audiencia Provincial al Tribunal Supremo, quien finalmente dio la razón a la feminista. Los mensajes publicados en redes sociales, consideraron los jueces, se amparan en la libertad de expresión y se enmarcan en un contexto de "enfrentamiento ideológico". Más aún, añadieron los togados, teniendo en cuenta que efectivamente el contenido difundido por el personaje ultra es "especialmente crítico, incluso despectivo, con mujeres activas en el movimiento feminista", así como "tolerante con la violencia verbal hacia las mujeres".

"Una causa judicial es un proceso largo y muy costoso", comparte hoy la periodista a preguntas de este diario. "No solo anímicamente es desgastante, también lo es económicamente, ya que cada tramo implica unos costes que no todo el mundo puede asumir". Ahí anida el primer gran impacto, el más evidente. A partir de ese momento, se precipita una oleada de odio masiva contra las feministas: "El proceso judicial ha implicado que se tripliquen los ataques hacia mi persona, porque la machosfera sabe sacar rentabilidad del odio", relata.

La reacción instintiva ante los ataques es el "silencio y el aislamiento" que derivan de "cerrar la posibilidad de que te dejen comentarios en tus canales". Además, añade Domínguez, "dejas de decir lo que piensas, cada vez participas menos en las conversaciones online porque estás vigilada todo el tiempo. El resultado del juicio ya casi es lo de menos, porque tú ya te has bloqueado y has dejado de opinar".

Los efectos de la ofensiva judicial ya no son solamente personales, sino colectivos: "Es un problema que las nuevas generaciones se eduquen en posturas y formas de comunicar propias de la extrema derecha, sin muchas alternativas".

"Posicionamiento ideológico feminista"

"Por qué las feministas son más feas que las mujeres normales". Fue el rótulo escogido por el diario Mediterráneo Digital para enmarcar un texto publicado en enero de 2017. En aquel momento, la activista feminista Cristina Hernández, hoy directora del Instituto de las Mujeres, iniciaba una campaña en redes sociales interpelando a las marcas que colaboraban con el medio. "Algunas marcas accedieron a retirar la publicidad", contaba entonces la activista, "algunos medios lo contaron y la web me amenazó con una querella".

La querella acusaba a Hernández de un delito de calumnias, amenazas y coacciones, también hablaba de delito de odio. Le pedían 80.000 euros, una rectificación pública y le atribuían un "confesado posicionamiento ideológico feminista". Finalmente, el juez apeló a su libertad de expresión y archivó el caso. Lo que "tenemos delante", reflexionaba la feminista en aquel momento, "es una fuerte reacción machista a los avances del feminismo y los derechos de las mujeres. No van a parar. Y nosotras tenemos que pensar cómo dar respuesta de manera colectiva y eficaz".

No siempre estos procesos han derivado en una resolución favorable para las feministas. A la exministra de Igualdad Irene Montero y a su secretaria de Estado Ángela Rodríguez, las denunció la expareja de María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, por llamarle "maltratador". Ambas fueron condenadas. El mismo hombre recurrió ante los tribunales el indulto que el Gobierno concedió a su exmujer, condenada a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores. Esta vez, el Supremo no le dio la razón.

Una forma de disciplinar

"El peso de la justicia es una suerte de disciplinamiento". Habla María Naredo, abogada feminista. "Te ves denunciada, con una posible condena, incluso con pena de prisión, pero también con posibles multas", lo que puede conllevar un evidente impacto económico, una táctica que es "una constante por parte del machismo".

Lo que la letrada tilda de supone además un "uso fraudulento de la justicia para desanimar y desincentivar el activismo o las políticas feministas". Y en ese contexto, añade, quienes hacen uso de los "litigios estratégicos de manera estructurada, son las organizaciones ultra y los machistas".

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"Hay una clara intención de ejercer un castigo ejemplarizante", completa Domínguez. "Si tú denuncias las violencias machistas y te demandan por ello, con todas las consecuencias que conlleva, las demás van a callarse para evitar pasar por lo mismo", añade.

El punto de mira está también sobre quienes se organizan en las calles. Siete activistas del movimiento 8 Mil Motius han sido condenadas a un año y seis meses de prisión por su participación en la huelga feminista de 2018, en Sant Cugat (Barcelona). Y en suelo valenciano, las activistas de la Assemblea Feminista llevan desde 2018 encarando procedimientos judiciales para anular las multas impuestas por organizar los piquetes que marcaron la huelga feminista.

"En el fondo la justicia, especialmente la penal, tiene un componente muy aleccionador. Es casi la mayor intromisión del Estado en los derechos ciudadanos, así que su uso contra las feministas es evidente", analiza Naredo. Las activistas parten de una certeza: tener que pasar por los tribunales, espacios tradicionalmente hostiles para las mujeres, puede ser un peaje caro y las garantías de éxito no están aseguradas. El sistema judicial, al fin y al cabo, es "profundamente patriarcal", recuerda la abogada. Así que la respuesta, sostienen las interlocutoras, sólo puede ser colectiva y con un objetivo claro: que las voces machistas "se lo piensen dos veces".