Blanco culpa de la quiebra al derroche de su ex director general y a su mala gestión

La cadena de moda Blanco entró en liquidación el pasado mes de diciembre. Tres meses más tarde ha despedido a toda su plantilla, 800 trabajadores, y cerrado todas sus tiendas, 89 propias en España y siete franquiciadas, dos de ellas en el extranjero –Malta y Moldavia–. La marca que competía con Inditex por el mismo cliente, y hasta por los mismos locales en las mejores calles, desaparece 57 años después de que abriera en Bilbao su primera tienda Bernardo Blanco Solana. Su hijo, Bernardo Blanco Moreno, no consiguió sacar adelante la herencia. Tras una rápida expansión, que multiplicó las tiendas hasta superar las 200, se sucedieron las pérdidas y los despidos colectivos. La entrada de capital saudí en 2014, a través del grupo Alkohair, insufló aire sólo por un instante. En 2016 Blanco perdió 72,5 millones de euros, triplicando los números rojos del año anteriornúmeros rojos.

La cifra es el resultado del desplome de las ventas. El ejercicio pasado Blanco facturó sólo 40 millones de euros, casi tres veces menos que en 2015, cuando el volumen de negocio alcanzó los 105,2 millones. El informe del administrador concursal, al que ha tenido acceso infoLibre, intenta explicar las causas que han llevado a la empresa a la liquidación y lo hace asumiendo las aducidas por la propia empresa en la memoria que aportó al procedimiento.

Así, los actuales responsables de Global Leiva –la empresa dueña de Blanco– culpan a sus antecesores de llevar a cabo una gestión deficiente. En concreto, acusan al británico Stephen Craig, antes consejero delegado de All Saints y alto ejecutivo de Diesel, G-Star o Ralph Lauren, de desarrollar “actividades atípicas” y tomar “decisiones perjudiciales y caras” para la empresa. El informe del administrador concursal apunta a un “exceso de gastos no productivos a favor de los miembros del equipo directivo”.

De hecho, Craig, que fue contratado en junio de 2015, no duró ni un año en Blanco y fue despedido en mayo de 2016. Global Leiva dice que está “valorando” interponer “acciones legales” contra su ex director general, aunque hasta el momento no lo ha hecho. Como publicó este periódico, el británico contrató a su hija y su novio nada más llegar a Madrid. A ella le asignó un sueldo de 50.000 euros al año, casi cuatro veces el salario fijado en el convenio para su categoría. Sólo permaneció dos meses en el puesto.

La empresa también culpa a Craig de haber pasado de la producción propia a la compra de ropa fabricada por terceros. En concreto, por un proveedor chino, Li & Fung, la mayor empresa del mundo dedicada al diseño de moda y su logística, que le suministraba el 70% de sus prendas, según la memoria concursal. Blanco reprocha al gigante chino que le entregara mercancía de calidad inferior a la prometida y siempre con retraso, lo que tuvo “consecuencias devastadoras” para su modelo de fast fashion –fabricar prendas y ponerlas rápidamente en el escaparate–. Sin embargo, fuentes de la empresa aseguran a infoLibre que los problemas con Li & Fung se derivaron de la falta de pago por parte de Global Leiva.

Igualmente el informe señala al ejecutivo británico como el responsable de haber cambiado la empresa que gestionaba las ventas mediante comercio electrónico, lo que se tradujo en un “importante” aumento de los costes, sin precisar más.

Endeudada con su propio dueño

Otro factor apuntado por Global Leiva para explicar sus pésimos resultados es la pérdida de puntos de venta. Blanco no poseía ningún local en propiedad, todos estaban alquilados. Era Bernardo Blanco hijo, a través de su sociedad Inversiones Blasol, la propietaria de las mejores tiendas de la marca –en la calle de Goya en Madrid, y de Pelayo en Barcelona–. Inversiones Blasol entró en concurso de acreedores en febrero de 2015. Tras ser despedido el pasado septiembre, Blanco Moreno demandó a Global Leiva y ganó. Su exempresa les pagó 1,4 millones de euros a él y su esposa, Teresa Pérez, 475.000 euros más de los 925.000 que el Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles había condenado a la empresa a abonarles a ambos por su despido improcedente. Según consta en el informe concursal, los locales de las calles de Goya y Pelayo han sido vendidos e Inversiones Blasol, excluidos de la lista de acreedores.

Como consecuencia de estos factores –además de la crisis económica, que hundió el consumo; de la imposibilidad de competir con los “gigantes” del sector, e incluso la devaluación del euro respecto al dólar–, Global Leiva carecía de liquidez y de capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones de pago. “En ninguno de los ejercicios [desde 2013] ha tenido rentabilidad alguna sobre las ventas”, concluye el administrador concursal.

De hecho, Global Leiva tuvo que recurrir a su propietario saudí, Alhokair, para obtener financiación. Éste, a través de la sociedad Far East Fashion Trading Limited le otorgó dos préstamos participativos, el primero por 12 millones de euros y el segundo por 33 millones. Otra mercantil del grupo, Fawaz Alhokair, le suministró mercancías. Pero esas inyecciones no consiguieron devolverle la salud a Blanco.

Los informes de Ernst & Young

Lo explican los auditores de Ernst & Young. En su informe sobre el ejercicio de 2014 dejan claro que Global Leiva se encuentra en causa de disolución, porque sus pérdidas, 7,4 millones de euros, han reducido el patrimonio neto por debajo de la mitad de su capital social. No deja de llamar la atención que el capital social de Global Leiva, una empresa que llegó a superar el millar de empleados y los 100 millones de facturación, es sólo de 3.600 euros.

En 2015, Ernst & Young insiste en que la empresa se halla en causa de disolución e incluye una salvedad: los auditores dicen carecer de pruebas “suficientes y adecuadas” que les permitan fiarse del plan de negocio a cinco años presentado por Global Leiva. Sobre ese plan, los gestores de Blanco basaban sus expectativas de crecimiento y de beneficios fiscales.

En agosto de 2016 Alkohair vende Global Leiva a un fondo dubaití, AC Modus. Según se anunció públicamente, por 83 millones de euros. En realidad, por sólo 1,19 millones, de acuerdo con los argumentos en que la Plataforma de Trabajadores de Blancos basan su querella criminal por estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible contra los gestores de Global Leiva: los británicos Gerry Waters y Simon Marshall, el saudí Mohamed Hussein Mohamed Masud y el portugués Nuno Abel Ribeiro Ferreira. Según denuncian, Alhokair usó Global Leiva como sociedad instrumental para quedarse con la marca, lo único que tiene valor, tras descapitalizar la cadena de tiendas. El grupo saudí, añaden, sigue siendo el dueño real de Blanco. El caso es que uno de los consejeros de AC Modus es el presidente del grupo de Riad, Fawaz Abdulaziz Alhokair. Y el fondo solicitó el concurso de acreedores para Global Leiva sólo tres meses después de adquirirla. El principal acreedor de Blanco es de nuevo Alhokair, tanto por los préstamos que le concedió como por las mercancías que le suministró.

Deudas con la Seguridad Social, Hacienda y la plantilla

Además, debe 3,4 millones de euros a la Seguridad Social, 889.000 euros a la Agencia Tributaria y el impuesto de actividades económicas a 80 ayuntamientos de toda España. Es más, debe afrontar las demandas que le han presentado en los juzgados de lo Social 76 trabajadores, que le reclaman salarios impagados.

Un informe legal acusa a los gestores de Blanco de “no haber tomado ninguna medida” contra el deterioro financiero de la cadena

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Los 800 empleados que fueron despedidos el pasado mes de febrero no han cobrado aún ni la nómina de ese mes ni la liquidación. Pese a que, según los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre, Global Leiva mantiene 2,42 millones de euros en dos cuentas del BBVA. No fue hasta este mismo martes cuando el administrador concursal ha comunicado a la plantilla que les abonará “en los próximos días” esa última nómina y los finiquitos, pero con los límites establecidos por la Ley Concursal –el doble del salario mínimo en caso de los salarios–. El resto deberán reclamarlo al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

La querella no es la única acción legal que han emprendido los trabajadores. También han actuado contra el juez y el administrador concursal. Contra el primero, el juez de lo Mercantil de Toledo, Juan Ramón Brigidano Martínez, por aceptar el concurso en su jurisdicción, pese a que el domicilio social de Global Leiva se encuentra en Alcorcón (Madrid), y contra el segundo, Antonio Muñoz Perea, porque en concursos anteriores en ese mismo juzgado trabajó con el abogado de Blanco, Santiago Hurtado Iglesias, de la firma Deloitte. Este jueves los trabajadores protestarán ante la sede del juzgado en Toledo.

Finalmente, Blanco tampoco cumplía en tiempo y forma con Operpicking, la empresa que gestionaba su almacén de Parla (Madrid). El informe cifra en 827.629 euros la deuda con esta firma logística, que también presentó concurso de acreedores el pasado diciembre. El administrador concursal relata en su informe que Operpicking impidió a Global Leiva acceder a la nave para retirar mercancía. Ni siquiera lo consiguió con la ayuda del juzgado, por lo que ha demandado a la logística.