El Estado blinda los negocios privados de mayor riesgo de Florentino Pérez

El presidente y consejero delegado de ACS –presidente también del Real Madrid–, Florentino Pérez, es un empresario de larga trayectoria, con fama de hábil y de ser capaz de jugar partidas simultáneas en cada negocio. El grupo, con 157.000 empleados en todo el mundo, una deuda de 3.722 millones y unos beneficios de 717 millones el pasado añobeneficios de 717 millones el pasado año, ha tenido tropiezos notables en los últimos meses.

El almacén de gas Castor, paralizado; el fiasco de las atopistas radiales de pago en Madrid y las dificultades que registra el proyecto del AVE entre España y Francia son los fiascos más notables en los proyectos de ACS en los últimos tiempos. Pero Pérez tiene un as en la manga: en los tres proyectos mencionados, el Estado aparece como garante último de los negocios en caso de hundimiento. Al fin, negocios privados garantizados con dinero público.

Tanto en el caso del almacén de gas Castor como en el de las radiales de Madrid (R-3 y R-5) o en las dificultades de la sociedad conjunta con la francesa Eiffage, TP Ferro –gestiona los trenes AVE entre Figueras y Perpignan–, han fallado las previsiones. En Castor, un proyecto asegurado con un contrato firmado con el Gobierno socialista en 2008contrato firmado con el Gobierno socialista en 2008, nadie previó que las obras pudieran provocar movimientos sísmicos; en las radiales Madrid-Arganda (R3) y Madrid-Navalcarnero (R5), ACS, socio de Abertis y de Sacyr, no contó con la caída de tráfico y la crisis, lo mismo que en el tráfico del AVE entre España y Francia.

El último flotador

Pero en los tres casos, el Estado aparece como el último flotador del negocio pinchado. Es una especialidad de la casa. En el almacén de gas Castor, en un hecho poco habitual que aún está por explicar con detalle, el Gobierno socialista de entonces aceptó por contrato indemnizar a ACS y a sus socios canadienses en el caso de que el proyecto fracasara. El almacén se ha paralizado y ACS ha cobrado -lo hizo casi de forma inmediata- 1.350 millones de euros como compensación. infoLibre trató, sin éxito, de obtener la versión de ACS sobre los proyectos con problemas y sobre el papel de la Administración en su posible solución. 

En las radiales y en la concesión de los AVE España-Francia, ACS cuenta con la Responsabilidad Patrimonial de la Administración del Estado para cubrir los posibles agujeros. Si los negocios se hunden, pagan los contribuyentes. Las autopistas R3 y R5, como otras siete vías, están en proceso de concurso de acreedores. En el caso de que el Estado tuviera que asumir la quiebra y la deuda, el coste para los ciudadanos podría superar los 4.500 millones de euros. ACS cobraría el 20% correspondiente a su participación en las concesionarias Accesos de Madrid y Alazor Inversiones, que tienen que hacer frente a un pasivo conjunto de 2.022 millones.

Otro negocio fallido

También en el negocio fallido de los trenes AVE entre España y Francia aparece la garantía del Estado. ACS y la constructora Eiffage constituyeron la sociedad TP Ferro para gestionar el tráfico de trenes AVE de España a Francia. El proyecto fue mal desde el principio. Ya en 2009, el Gobierno tuvo que compensar a TP Ferro con entre 140 y 170 millones de euros y tres años más de concesión pasando de 50 a 53 años. Pero el negocio ha ido a peor. Tanto que ACS e Eiffage demandaron a los Gobiernos de España y Francia para reclamar otros 350 millones por la mala marcha de la explotación. El tribunal arbitral que se encargó del caso desestimó la reclamación.desestimó la reclamación.

El problema es que la concesionaria TP Ferro debe 428 millones a Bankia, Caixabank, BBVA, Santander, ING y Royal Bank of Scotland y la deuda vence a finales de mes. La situación es delicada y tras la suspensión de pagos está la responsabilidad del Estado.

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Las fuentes del Ministerio de Fomento consultadas quitan dramatismo a la situación por la que atraviesa la concesión de los AVE. Consideran que la empresa hispanofrancesa TP ferro no tendrá problemas en renegociar la deuda en un contexto de mejora de la economía que hace más receptivos a los bancos a las peticiones de refinanciación de deuda.

Cuestión de meses

En el peor de los casos, añaden las mismas fuentes, estaríamos ante un proceso concursal, con nombramiento de administradores y planes de amortización de deuda que llevaría meses antes de hablar del papel del Estado como garante último del negocio.