Bruselas exige al Gobierno que justifique antes del 27 de mayo su injerencia en los órganos de competencia

La nueva comisaria de Competencia de la Comisión Europea, la danesa Margrethe Vestager, ha decidido investigar algunas de las decisiones con más calado del Gobierno del PP en los sectores empresarial y financiero. No se trata sólo de las ayudas a la banca mediante créditos fiscales. Bruselas ha abierto un procedimiento para analizar la Ley 3/2013 de 4 de junio, que agrupó en único organismo, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), hasta ocho organismos de supervisión de los mercados, entre ellos la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones( CMT).

La Comisión Europea envió el 27 de febrero una carta de emplazamiento a España en la que se interesa por la nueva supervisión de la competencia. En la carta, confirmada por el Ministerio de Industria, la Comisión recuerda que las directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE de electricidad y gas "exigen total independencia de cualquier interés público o privado, incluida la implicación gubernamental, en el ejercicio de las funciones reguladoras de la ARN (Autoridad Reguladora Nacional)". España, según fuentes al tanto del proceso, ha solicitado tiempo para justificar las medidas y la Comisión ha accedido a alargar el plazo hasta el 27 de mayo.

Una larga polémica

La polémica con Bruselas por el intervencionismo del Gobierno viene de lejos. La excomisaria Neelie Kroes mantuvo con el ministro de Industria, José Manuel Soria, un pulso intenso. Kroes llegó llegó a amenazar con abrir un procedimiento de infracción. Recibida la advertencia, el Ejecutivo suavizó la norma. Eliminó la idea de nombrar los directores de instrucción de los casos que llegaran a la CNMC y renunció a reforzar la discrecionalidad del Gobierno en actuaciones en el mercado de telecomunicaciones. Pero no ha sido suficiente.

Está en cuestión la ley de 2013 que creó el superregulador CNMC. En las disposiciones adicionales 8 y 9 de la norma, se traspasan las funciones de la extinta CNE al Ministerio de Industria y se atribuye al propio ministro de Industria el poder de decisión sobre las operaciones corporativas en el sector energético. Más aún. Los 10 consejeros de la CNMC son nombrados por real decreto a propuesta del Ministerio de Economía. La apariencia de independencia, según demuestra la carta enviada por Bruselas, no es la mejor posible. 

La Comisión respalda de hecho las críticas que ya lanzó en su momento la desaparecida Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sobre el nuevo organismo. Entre otros extremos, la CNC advirtió que la ley del nuevo superregulador podía provocar perjuicios a la seguridad jurídica.

El argumento del ahorro

Además de poner en duda el principal argumento del Ejecutivo para agrupar órganos supervisores –un ahorro de 30 millones de euros– la CNC alertó sobre un "incomprensible sistema de informes preceptivos" entre las salas de supervisión y de regulación que "puede poner en peligro la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia". La polémica sigue porque el poder ejecutivo tiene los medios para capturar al regulador independiente.

Industria rechaza las críticas. El ministerio sostiene que respeta la ley y las directivas comunitarias tanto en la delimitación de competencias como en la imposición de sanciones. 

Algunas organizaciones de consumidores sostienen que el Ejecutivo ya lo ha hecho, lo que provoca falta de competencia en el sector energético, medidas a favor de los monopolios y garantía para sus ingresos. Los altos precios de la energía (gas, electricidad, carburantes) serían, asimismo, una consecuencia de la falta de competencia.

La polémica ha acompañado a la nueva CNMC prácticamente desde su nacimiento. No sólo por el nombramiento como presidente de alquien considerado afín al PP como el exdirectivo de Cepsa y vocal del Banco de España, José María Marín Quemada. Fueron también muy polémicas la promociones en el seno del organismo de una sobrina del ministro de Economía Luis de Guindos –Beatriz de Guindos, que dejó la CNMC por el Banco Mundial– y de una hija del actual comisario europeo y exministro Miguel Arias Cañete.

Los asuntos espinosos

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Más allá de los nombramientos, el papel desempeñado por la CNMC en asuntos espinosos, como la supuesta manipulación de las subastas de electricidad –sólo llegó a constatar que hubo "circunstancias atípicas"– o las multas millonarias que quedan en nada, han supuesto un gran desgaste para el organismo, sacudido además por batallas internas.

Pero el dato que ilustra mejor la situación de la competencia entre empresas y los resultados de la supervisión es este: la CNMC tiene pendientes de cobro 700 millones de euros en multas. Algunas fueron impuestas hace seis años por los organismos engullidos. En esa cantidad figuran las multas impuestas al cártel de la basura (100 millones de multa a 39 empresas, entre ellas las grandes constructoras); la multa a Endesa e Iberdrola por el cierre de Garoña en 2012 (18 millones) o la multa a Telefónica (26 millones) por imponer compromisos de permanencia. Todas están recurridas y pendientes de cobro.

Sucederá lo mismo con las polémicas multas de 32 millones a las petroleras. Tanto la petrolera Repsol como Cepsa han recurrido a todas las maniobras posibles, incluida la recusación del presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, para evitar la sanción. El último episodio que revela la difícil lucha contra los monopolios es la anulación por la Audiencia Nacional de la mayor multa (61 millones de euros) impuesta a las eléctricas.