El 'caso Cuatrecasas' evidencia que los grandes evasores fiscales no van a prisión

Sólo el 0,23% de la población reclusa española son evasores fiscales. Apenas 150 personas cumplen en estos momentos condena en las cárceles del país por delitos contra la Hacienda Pública. Uno de los que ha evitado la prisión es Emilio Cuatrecasas, expresidente y aún socio de uno de los bufetes más prestigiosos de España, quien, pese a haber cometido ocho delitos fiscales, ha obtenido una rebaja sustancial de condena. Gracias a un acuerdo con la Fiscalía, una pena inicial que podría haber sumado los ocho años –un año de cárcel de sanción mínima por cada delito– se ha quedado en sólo dos. Y la ley únicamente ordena el ingreso en prisión para quienes reciban penas superiores a los dos años.

Para pactar con el fiscal esa reducción de la condena, Cuatrecasas ha tenido que ingresar 4,13 millones de euros en Hacienda, tres millones por la cantidad defraudada y 1,1 millones en intereses de demora. Lo hizo el pasado 24 de marzo. Ese pago le ha servido para que el fiscal le aplique una atenuante “muy cualificada” por “reparación del daño”. Además, tendrá que pagar una multa de 1,52 millones de euros, el 50% de la cantidad que defraudó. En total, la ley y los tribunales le han permitido evitar la cárcel a cambio de 5,65 millones de euros.

“Se trata de un tipo de acuerdo que beneficia a todos: a las arcas públicas, porque ingresa unas cantidades, y al fiscal porque evita litigios largos”, explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda. Por lo general, también interesa al defraudador, porque evita la exposición pública. No ha sido el caso de Emilio Cuatrecasas. Pero lo que lamenta Mollinedo es que, al eludir la cárcel, se pierda también el efecto ejemplarizante y disuasorio. Los técnicos de Hacienda no dejan de criticar que el mero hecho de pagar lo adeudado permita ocultar el nombre del defraudador, además de que, si el ingreso se hace en un plazo de dos meses desde que se comunica la apertura de la investigación, se aplica una rebaja en uno o dos grados de la pena.

Mejor la vía penal que la administrativa

Es más, la ironía reina en el reproche legal al fraude contra la Hacienda Pública. No hay apenas diferencia entre el castigo cuando se defrauda más de 120.000 euros en un mismo ejercicio –delito fiscal– y el que se recibe si se engaña al fisco por debajo de esa cifra –se considera una infracción administrativa–, recuerda José María Mollinedo. A veces, incluso, resulta más beneficioso para el defraudador terminar en la vía penal que sufrir un castigo administrativo. En el caso de Emilio Cuatrecasas y suponiendo que su infracción haya sido considerada grave, en lugar de muy grave, ha pagado un 19% menos que si hubiera sido castigado por la vía administrativa. 569.800 euros menos, según los cálculos de Gestha.

En las infracciones administravias, la ley tributaria también ofrece un descuento del 30% si el defraudador da su “conformidad” con la condena y otro del 25% si ingresa lo adeudado al fisco. La prioridad, siempre, es recaudar el dinero distraído a las arcas públicas.

De esa filosofía general se benefició también el futbolista del Barcelona FC Lionel Messi, quien abonó a Hacienda 53 millones de euros el año pasado más otros tres millones de multa por fraude durante tres años, de 2007 a 2009. También el propio club de fútbol, que llegó a pagar hasta 60 millones de euros en 2010. O la soprano Monserrat Caballé, quien aceptó el pasado diciembre una pena de seis meses de cárcel tras devolver 250.000 euros, la mitad de lo que había defraudado, y evitó el juicio.

Emilio Botín quedó igualmente eximido de responsabilidad penal tras ingresar en Hacienda un total de 200 millones de euros en 2010. En su caso, no hizo falta llegar al juez. La Agencia Tributaria invitó al banquero a regularizar su situacióninvitó y evitó así cualquier tipo de acción penal o administrativa.

Una operativa habitual de fraude 

La operativa que utilizó Emilio Cuatrecasas es una de las más habituales para eludir el pago de impuestos. Por eso, su vigilancia está incluida en los planes de control de la Agencia Tributaria. El abogado simuló una “sucesión de negocios” en una sociedad de su propiedad, Emesa SL, en la que incluyó “bienes de uso y disfrute exclusivamente personal y familiar”. Esos negocios simulados le servían para aparentar que los bienes –dos viviendas en Barcelona, dos casas en el Valle de Arán y en el Baix Emporda, una embarcación de recreo y varios vehículos– estaban vinculados a una actividad económica y, por tanto, podía deducir sus gastos.

Cuatrecasas y su familia figuraban como meros arrendatarios de esas viviendas, yate y vehículos. A la sociedad se imputaban igualmente los gastos por compra de muebles, electrodomésticos, decoración, y hasta los sueldos del personal de servicio y de la tripulación del barco. De esta manera Cuatrecasas defraudó un total de 827.600 euros en el IVA, 312.887 euros en el impuesto de sociedades, 775.492 euros en el IRPF y 1,1 millones en el impuesto sobre el patrimonio. Todo ello a lo largo de tres ejercicios: de 2006 a 2008.

Un bufete con código ético experto en práctica fiscal

El bufete Cuatrecasas, que Emilio presidió hasta julio de 2014, considera la condena un “asunto privado de un socio, relacionado con su patrimonio personal”. Preguntado por infoLibre, un portavoz se ha limitado a precisar que se trata de alguien “que ya no tiene ningún cargo de representación en la empresa”.

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Cuatrecasas, con oficinas en 11 países, cuenta con 200 socios y en él trabajan 962 abogados. Su portavoz no ha querido comentar el perjuicio a la imagen y prestigio del bufete que puede suponer la condena a su expresidente. En marzo de 2008 Cuatrecasas anunció que se dotaba de un código ético y deontológico que sus trabajadores asumen “voluntariamente más allá de los límites que establecen las leyes o normas profesionales”. Según su página web, la “honestidad y la transparencia” constituyen uno de los pilares de esa norma interna.

El área fiscal es la segunda del despacho en facturación: de ella proceden el 32% de sus ingresos. “La práctica fiscal de Cuatrecasas está considerada como una de las más prestigiosas e importantes de la Península Ibérica”, destaca el bufete en su web. También presume de encontrarse en esta área “a la vanguardia del derecho fiscal en España y Portugal” y de que sus 300 abogados especializados “participan a menudo en la redacción de nuevas leyes en el ámbito fiscal”.

Precisamente este viernes el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la Ley General Tributaria que permitirá a Hacienda publicar los nombres de los morosos y defraudadores por encima del millón de euros. Además, ahora se publicarán las sentencias condenatorias firmes de delitos fiscales. El objeto de darles publicidad no es otro, asegura el Gobierno, que “concienciar a quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales para que paguen y eviten el reproche social”.