Impuestos temporales y cambios permanentes: el plan del Gobierno hará más progresivo el sistema fiscal

En medio del intenso debate fiscal de los últimos días, el Gobierno ha dado este jueves un golpe de efecto y va a obligar a los grandes patrimonios y empresas a aportar más al erario. El nuevo paquete fiscal no implica una reforma estructural del sistema tributario, sino que más bien es un remiendo temporal para aliviar las enormes cargas que arrastran las cuentas públicas españolas, que cerraron 2021 con una deuda del 118% y un déficit fiscal del 6,9%, impactadas fuertemente por la pandemia y por la invasión de Ucrania. Sin embargo, tras las medidas más llamativas, como el impuesto a las grandes fortunas, sí hay modificaciones en el IRPF que se quedarán tras 2024. 

“El IRPF funciona como una escalera”, ha declarado María Jesús Montero, este jueves. “Si reducimos el tamaño del primer escalón, el conjunto de la escalera, incluso para el que más alto sube, también queda reducido”. Con este mensaje, la ministra de Hacienda ha disparado un torpedo a la propuesta económica que una a una estaban anunciando o barajando varias comunidades autónomas, incluyendo algunas gobernadas por el PSOE: la deflactación del IRPF. La alternativa ha sido un paquete fiscal que, además del impuesto a las grandes fortunas, también incluye cambios permanentes en el IRPF que benefician a los trabajadores de los tramos más bajos, sin que beneficie a las rentas altas.

En el balance de aumentos y rebajas fiscales, el Gobierno espera obtener unos ingresos extraordinarios de 3.144 millones en dos años. Esto será teniendo en cuenta medidas tanto temporales como permanentes. Los impuestos serán de aplicación entre 2023 y 2024. No obstante, gran parte de la recaudación se percibirá a posteriori. Por ejemplo, el impuesto sobre las grandes fortunas irá parejo a la declaración del IRPF, por lo que el Gobierno hará caja en 2024 de lo correspondiente al año 2023.  

La medida estrella: el impuesto de solidaridad a grandes fortunas 

La medida que ha eclipsado a las demás es el impuesto a las grandes fortunas, que inutilizará parte del efecto de las bonificaciones del 100% que han aprobado la Comunidad de Madrid y Andalucía. Se trata de un tipo en tres tramos: los patrimonios entre tres y cinco millones de euros aportarán un 1,7%; entre cinco y diez millones, un 2,1%; y a partir de esa cifra, el tipo impositivo será de 3,5%. Esto afectará, según cálculos del Gobierno, a unos 23.000 contribuyentes y dejará unos ingresos potenciales de unos 1.500 millones de euros. Será una medida temporal que se aplicará solo en 2023 y 2024.

Para evitar la doble imposición, la cuota abonada en el impuesto del patrimonio de las comunidades autónomas será deducible. El impuesto del patrimonio es una figura estatal, aunque su gestión y recaudación está cedida a las comunidades autónomas. Afecta a los declarantes que posean bienes y derechos valorados en más de 700.000 euros (o un millón de euros, si se tiene en cuenta la deducción de hasta 300.000 euros por la primera vivienda). Por ello, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid los patrimonios de entre 700.000 y tres millones seguirán sin tributar por su patrimonio. Esto también implica que el Estado va a acabar ingresando un tributo que esta comunidad ha rechazado. 

Por otro lado, es posible que alguna región ya aplique un impuesto del patrimonio más alto que el de las grandes fortunas: en ese caso el declarante solo pagará a las arcas autonómicas. En la mayoría de los casos, la comunidad ingresará la parte que le corresponda por patrimonio, y el resto lo percibirá el Estado. Aunque es posible que las comunidades autónomas reivindiquen una parte del tributo: “No sé si el lío que va a provocar va a merecer la pena el aumento de ingresos”, advierte el analista financiero Javier Santacruz. “En el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, si antes llovían cuchillos, ahora van a venir armados con morteros. Las comunidades autónomas van a exigir una parte proporcional de ese impuesto”, señala el analista. 

Limitación de compensación de pérdidas para grandes empresas

Otra medida de calado, aunque también de carácter temporal, será la disminución de la compensación de las pérdidas que tienen las filiales de las grandes empresas españolas en el extranjero. Por ejemplo, una entidad bancaria española tiene una filial en China, que presenta pérdidas. La compensación le permite solo tributar por la diferencia entre los beneficios de la matriz y las pérdidas de la filial en el país asiático. Esta medida reduce la compensación en un 50%. 

Trasladándolo en cifras, si la entidad bancaria ha ganado cinco millones de euros en España, pero ha perdido tres millones en China, antes podía tributar por los dos millones de euros que obtiene de beneficios; ahora tributará por tres y medio (la compensación de la filial china se reduce a un millón y medio de euros). La medida afectará, en estimaciones del Gobierno, a 3.609 empresas, el 0,2% de las declarantes del impuesto de sociedades. Se espera percibir 2.439 millones de euros entre los ejercicios de 2023 y 2024. 

El impuesto de sociedades es un tributo que ha sido calificado de “obsoleto” por numerosos organismos, por su escasa efectividad a la hora de gravar los beneficios de las empresas tecnológicas, que tienen una mayor facilidad para deslocalizarse y tributar en regiones con una fiscalidad más favorable. Fuentes de Hacienda han explicado este jueves que si no se ha entrado a reformar este tributo a fondo es porque ahora mismo existe un debate a nivel internacional que está tratando de instaurar un tipo mínimo del 15%, por lo que no tendría sentido reformarlo de manera aislada en España. Dado que a estas alturas, parece imposible que ese impuesto vaya a arrancar en 2023, por la dificultad de alcanzar un consenso a nivel europeo, el Gobierno prevé que esta figura quizás exista en 2024; si no a escala europea, al menos por parte de un grupo de países que se pongan de acuerdo para coordinarse.  

La otra reforma que afecta al impuesto de sociedades beneficia a las empresas más pequeñas, que son la mayoría de las que componen el tejido productivo español. Este cambio, a diferencia del anterior, sí es permanente. El impuesto de sociedades pasará de un 25% a un 23%. Afectará a pymes que tengan una cifra de negocio inferior a un millón de euros y supondrá una pérdida de ingresos para el Estado de 292 millones de euros.

Suben los impuestos para los mayores rendimientos del capital

Una de las reformas que sí es estructural y que afecta a los mayores patrimonios es la de las rentas del capital, es decir, los rendimientos de las inversiones, dividendos, alquileres inmobiliarios, etc. Hasta ahora, existen cuatro tramos, gravados entre el 19% y el 26%. El objeto de esta medida es el último tramo.

Los declarantes que obtengan rendimientos de más de 200.000 euros pasarán a tributar un 27%, en lugar de un 26%. Asimismo, se crea un nuevo tramo, para rendimientos superiores a los 300.000 euros, que será del 28%. El Gobierno estima que esta medida afecta a 17.814 contribuyentes y supondrá un aumento de los ingresos de 204 millones de euros. 

Dos cambios permanentes del IRPF que beneficia a rentas medias-bajas

Los cambios en el IRPF para las rentas medias y bajas son también estructurales, es decir, seguirán aplicándose después de 2024. En primer lugar, hasta ahora el mínimo de ingresos anuales para presentar la declaración de la renta era de 14.000 euros. Este ahora ha pasado a ser de 15.000. Por otro lado, se aplica una mejora en los beneficios fiscales a las rentas de entre 18.000 y 21.000 euros, que supone una pérdida de ingresos para el Estado de 1.881 millones de euros. El impacto en el bolsillo de los beneficiados es sustancial. Según un ejemplo que aporta el Gobierno, un trabajador sin hijos que ingresa 18.000 euros tributaría un 40% menos, unos 746 euros.

La ministra Montero se ha mostrado crítica con las comunidades autónomas que han utilizado la deflactación de los tramos, porque esto beneficia a todas las rentas, ya que todas deben subir los mismos peldaños de la escalera, siguiendo la metáfora. Aquí el Gobierno ha esgrimido un truco para garantizar que la bajada de impuestos exclusivamente afecta a las rentas medias y bajas: “Las reducciones por rendimientos del trabajo es un componente que reduce la base imponible de la declaración de la renta”, explica el analista Javier Santacruz. “Es un cálculo que estima cuánto le cuesta trabajar al empleado, y se le resta de su renta. En la última reforma fiscal del PP, eliminó este beneficio fiscal en los tramos altos y hoy en día solo afecta a las rentas medias y bajas. Por lo tanto el Gobierno ha recurrido a esta figura, que es rara, pero permite que la medida así solo afecte a las rentas bajas”, explica el analista. 

El Gobierno ha anunciado que esta medida afecta al 50% de los trabajadores. Justifica esta cifra porque pone el límite de este beneficio en una renta de aproximadamente 21.000 euros, que es el salario mediano, es decir, el salario que está justo en medio si se ordenaran por orden todas las rentas de España. Según ese dato, la mitad de los españoles cobra por debajo de alrededor de 21.000 euros y la otra mitad, cobra por encima. 

No obstante, la medida no beneficia a todos los trabajadores que componen el 50% que queda por debajo, como indica el Gobierno. Hay que tener en cuenta que una cantidad importante de los trabajadores no consigue ingresos suficientes para presentar la declaración de la renta, por lo que no se verán beneficiados. Según los datos de la Agencia Tributaria, 8,7 millones de trabajadores declararon menos de 12.000 euros en 2020. Fuentes de Hacienda explican que por la naturaleza del IRPF, no es posible beneficiar a estas rentas, porque ya están por debajo del mínimo, por lo que para las rentas más bajas se aplican otro tipo de medidas, de gasto público. 

Medidas temporales para los autónomos 

Siguiendo la misma filosofía que la rebaja anterior, el Gobierno ha anunciado una medida que beneficia a los autónomos, pero a diferencia de la anterior, es de naturaleza temporal. Se trata de una elevación al 7% (desde un 5%) de los gastos deducibles de difícil justificación en la tributación. Esta medida beneficiará a alrededor de 956.000 autónomos.

Por otro lado, el Gobierno también ha anunciado una rebaja adicional del 5% en el rendimiento neto de módulos, también de manera temporal, durante dos años, para aproximadamente 577.000 trabajadores por cuenta ajena. “Los autónomos cotizan por módulos. Desde taxistas hasta personas que regentan una peluquería, Hacienda calcula cuánto gastan estos trabajadores para ingresar lo que ingresan, y lo hacen mediante unas tablas que periódicamente se inspeccionan. La rebaja se aplica sobre esas tablas”, explica Javier Santacruz. Ambas medidas supondrán una pérdida de ingresos para el Estado de 184 millones de euros.