Las razones por las que ha fracasado el sistema de pensiones modelo de los liberales

En 2025 se jubilarán los primeros chilenos que comenzaron a trabajar y a cotizar en exclusiva para el sistema de pensiones instaurado por el general Pinochet en 1981. Pero ha sido este año, pese a que la polémica a su costa ha sido recurrente desde que fue creado, cuando ha estallado la indignación de los chilenos contra el modelo de ahorro, privado, obligatorio y de capitalización que con frecuencia se ofrece como referencia para resolver los problemas de los sistemas públicos de pensiones como el español. Cientos de miles de chilenos salieron a las calles el pasado domingo para exigir pensiones dignas. Ya lo habían hecho el 24 de julio y amenazan con un paro nacional el 4 de noviembre si el Gobierno no atiende sus reclamaciones.

Porque, pese a que la presidenta Michelle Bachelet creó una comisión –la Comisión Bravo– para estudiar la reforma del sistema, y ésta entregó su informe en septiembre de 2015, nada se ha movido desde entonces. En 2008 fue también Bachelet quien promovió una primera reforma del modelo de Pinochet, que se ha revelado insuficiente. No tocaba la esencia del sistema.

Según las cifras de la Superintendencia de Pensiones, el organismo público encargado de vigilar y auditar el sistema, la pensión media de jubilación en Chile es sólo de 255 euros al mes, el 78% del Salario Mínimo, que asciende a 325 euros. El informe de la Comisión Bravo calcula que el 79% de las pensiones chilenas son inferiores al salario mínimo y el 44% están por debajo del umbral de pobreza. Si se consideran sólo las pensiones de jubilación, el 91% no llega a los 210 euros mensuales.

Para hacerse una idea del escaso volumen de la prestación basta con fijarse en la tasa de reemplazo –el cociente entre el último salario y la primera pensión–, que es sólo del 34% –el 48% para los hombres y el 24% para las mujeres–. El informe también hace una proyección de cuál será la pensión de quienes dejen de trabajar entre 2025 y 2035. La mitad de ellos cobrarán sólo el 15% de su último sueldo. En España, la tasa es del 82%, una de las más elevadas del mundo. La media de la UE alcanza el 59%.

El sistema chileno es totalmente privado. Los trabajadores pagan un 10% de su sueldo a unas entidades financieras denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). En su momento llegaron a ser 21, pero hoy únicamente operan seis. No sólo les ingresan sus cotizaciones, sino que también les pagan comisiones por la gestión de los fondos en que las invierten. La cotización es obligatoria para todos los asalariados. Desde 2015, también para los autónomos. Pero están excluidos los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de la Gendarmería, que tienen su propio sistema y con pensiones más elevadas.

A diferencia del resto de los modelos, en el chileno sólo cotiza el trabajador, no la empresa. Chile es el único país de la OCDE en que el empleador no paga cuota. Existen cinco tipos de fondos, del más conservador al más arriesgado, en el que los chilenos pueden invertir sus cotizaciones. Cada uno puede elegir dos de ellos.

Escasa rentabilidad... para el trabajador

Así, todos los trabajadores tienen su propia cuenta individual, cuyo monto es invertido por las AFP sólo en grandes empresas y bancos –la ley les prohíbe hacerlo en pymes–. Según la Fundación Sol, una institución sin ánimo de lucro que realiza estudios sobre el mercado laboral chileno, las AFP invierten más de 27.400 millones de euros en 10 bancos. El tejido empresarial del país, destaca, se ha financiado durante los últimos 35 años gracias a los ahorros de los chilenos, en lo que la fundación califica como una “inyección de capital permanente, cautiva y de bajo coste”. Para los defensores del sistema, en cambio, esas inversiones han sido el motor del desarrollo económico del país.

Sin embargo, la rentabilidad de esas inversiones no ha sido la esperada por –y prometida a– los trabajadores cuando en 1981 Pinochet acabó con el sistema de reparto existente para reemplazarlo por el que diseñaron los discípulos de Milton Friedman en la Escuela de Chicago. La Fundación Sol cifra en un 26% la rentabilidad media anual de las AFP durante los últimos 20 años. En 2015 estas entidades tuvieron unos beneficios de 2,10 millones de euros al día. Buena parte de ellos proceden de las comisiones que cobran a los chilenos, muy por encima, aseguran los investigadores, de los costes reales de gestión.

En contraste, la rentabilidad de cada cuenta individual es mucho menor. Se mide con la denominada Tasa Interna de Retorno (TIR) que es sólo del 3% para las mujeres y del 3,1% para los hombres –a las mujeres se les penaliza a la hora de calcular la pensión por su mayor esperanza de vida; además se jubilan antes, a los 60 años, mientras que los hombres lo hacen a los 65–. Si se excluyen las comisiones, la TIR se eleva al 5,4% en ambos casos.

Los salarios en Chile son bajos; por tanto, también las cotizaciones, pero la fundación no cree que ése sea el problema de las pensiones insuficientes devengadas por el actual sistema. Según los cálculos de la fundación, cada mes las AFP ingresan 673 millones de euros en cotizaciones de los trabajadores, pero sólo pagan 269 millones en pensiones, menos de la mitad. Con la diferencia entre una cantidad y otra, concluye la fundación, se podría pagar pensiones mayores e incluso nutrir un fondo de reserva.

Dos AFP son de propiedad estadounidense

Por el contrario, el negocio lo hace las seis entidades financieras que gestionan el sistema privado. En total, las seis AFP administran casi 148.000 millones de euros, lo que equivale al 70% del PIB chileno. Los 10,1 millones de afiliados pagan cotizaciones, no al Estado, como es el caso de España, sino a Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital y Provida. Esta última es la que suma el mayor número de afiliados, el 32%. Pertenece a Metlife, la primera aseguradora de EEUU, que se la compró al BBVA en febrero de 2013 por 1.362 millones de euros.

Le sigue Habitat, con el 20% de los afiliados. Su dueño es la Cámara Chilena de la Construcción, la patronal del ladrillo. La dueña de Capital es el grupo colombiano Sura. Modelo nació en 2010, ofrece pensiones a los nuevos afiliados al sistema y entró en el mercado ofreciendo las comisiones más bajas. Es propiedad de Inversiones Atlántico, creada por un empresario chileno próximo al expresidente conservador Sebastián Piñera. Planvital pertenece a Asesorías e Inversiones Los Olmos, un grupo chileno que, según el diario digital El Mostrador, es controlado por un fondo, Atacama Investments, constituido en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Finalmente, el 97,97% de Cuprum corresponde a otra compañía de EEUU, Principal Financial Group.

El Santander tuvo su propia AFP, Bansantander, y, como queda dicho, el BBVA era dueño de la principal entidad gestora de pensiones hasta 2013. Ambos poseen ahora pequeños porcentajes de Planvital, Provida, Cuprum y Habitat, de acuerdo con la información proporcionada por la Superintendencia de Pensiones.

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Debido a la insuficiencia del modelo, la reforma de 2008 creó una pensión no contributiva que paga el Estado, la Pensión Básica Solidaria: 120,85 euros al mes, que cobra el 60% más pobre de la población. El Estado chileno paga 131,9 millones de euros al mes por este concepto a un total de 1,35 millones de personas. También se estableció un Aporte Previsional Solidario (APS), al modo de lo que en España se conoce como complemento de mínimos, que completa hasta los 442 euros la pensión de quien no haya cotizado lo suficiente. Además, empezaron a aplicarse incentivos para que coticen más las mujeres y los jóvenes y las empresas empezaron a pagar el seguro de invalidez y supervivencia.

Las propuestas para la nueva reforma transmitidas por la Comisión Bravo a Bachelet son ahora más ambiciosas. Los expertos que la integran piden que se cree una AFP estatal, y se aumente de forma significativa la cuantía de la Pensión Básica Solidaria y se universalice. Quieren que ésta se financie con impuestos y con una nueva cotización del 2% a cargo de la empresa. La empresa deberá además pagar otro 2% para las cuentas individuales de los trabajadores. También reclaman medidas para reducir las comisiones de las AFP privadas. Y no sólo equiparar la edad legal de jubilación de hombres y mujeres, sino también que se apliquen tablas de mortalidad idénticas para ambos sexos.

En cualquier caso, la comisión no excluyó entre sus propuestas la más radical, sustituir el modelo de ahorro privado obligatorio por uno de reparto, “con una pensión mejor, definida, de por vida y no discriminatoria”. Como el español.