Una reducción de jornada a dos velocidades: Yolanda Díaz la quiere ya y Carlos Cuerpo pide más tiempo

Los ministerios de Economía y Trabajo despidieron 2024 discrepando sobre cómo y cuándo aplicar la reforma que reduce la jornada laboral desde las 40 horas semanales hasta las 37,5. Para el ministerio de que dirige Yolanda Díaz, la tramitación del proyecto de ley debía ser inmediata y pasar por el Parlamento cuanto antes. El Ministerio de Economía, con Carlos Cuerpo a la cabeza, pedía entonces un plazo más amplio y un “acompañamiento” a las empresas que tendrían que enfrentar estos cambios para que las modificaciones se llevasen a cabo de manera más gradual. 

Y pese al cambio de año, los tiempos para su puesta en marcha siguen siendo la principal discrepancia. “Estamos peleando para meter el anteproyecto de ley por trámite de urgencia en el Consejo de Ministros”, apuntan fuentes de Trabajo. Por su parte, Carlos Cuerpo señaló este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros, que la reducción de la jornada laboral era “una prioridad” para el Gobierno, aunque no dio fechas concretas y apuntó que esperaban “llegar a un acuerdo en 2025”.

Aprobar la jornada de 37,5 horas es una baza que ministra de Trabajo va a jugar hasta el final. Tanto es así, que desde Sumar han anunciado una gira por distintas ciudades españolas para dar a conocer a los ciudadanos la propuesta. La secretaria de Organización de Movimiento Sumar, Lara Hernández, calificó como “pequeñas discrepancias” las tensiones con el lado socialista del Gobierno y remarcó que, de no salir adelante la medida, “ni siquiera” los votantes socialistas “entenderían que se les negara trabajar media hora menos al día”.

Con el inicio del nuevo curso político y el acuerdo sellado entre el ministerio de Yolanda Díaz y los sindicatos en diciembre, el cruce de declaraciones continúa y, aunque el tono ha ido variando, los términos de la polémica siguen siendo los mismos. Díaz acusaba la pasada semana a quienes no suscribían el acuerdo de ser “casi” malas personas y desde el entorno de Trabajo señalan que el texto acordado con los sindicatos debe tramitarse sin cambios, tal y como está redactado.

Así, quedaría anulada la posibilidad de negociar alguno de los puntos que contiene el documento que han suscrito UGT y Comisiones Obreras. Entre las medidas que contempla el acuerdo está la implantación de un registro digital para que los empleados puedan fichar —y al cual tendría acceso inspección de trabajo—, la regulación del derecho a la desconexión digital y la implantación de nuevas sanciones en caso de incumplimiento.

Además, contempla una subida de sueldo o una reducción de horas para las personas contratadas a tiempo parcial, siendo este último, uno de los puntos que el año pasado atascó el acuerdo entre Díaz y el ministerio de Economía. En total, la reducción de la jornada laboral afectará a 12,5 millones de trabajadores del sector privado, de los cuales 10,5 tendrían contratos a tiempo completo y 2 millones a tiempo parcial, según los datos del Ministerio de Trabajo.

Por su parte, el responsable de Economía, Carlos Cuerpo, trataba de rebajar el tono. “Lo importante es lo que acaba saliendo en el Boletín Oficial del Estado”, señalaba en una entrevista durante la mañana del martes. Aunque matizó que para alcanzar el objetivo de las 37,5 horas habría que tener en cuenta tanto “la realidad de la economía española” (con un alto número de pequeñas y medianas empresas), como “la realidad del arco parlamentario”, en referencia a los acuerdos que debe tejer el Gobierno con sus socios para conseguir que la medida salga adelante. 

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“Hemos tenido en las últimas décadas una reducción progresiva de la jornada hasta estar ahora, en promedio, en torno a las 38,3 horas”, puntualizaba Carlos Cuerpo, quién además, achacaba esto al “buen funcionamiento” de la negociación colectiva en España.

En este sentido, hay que recordar que la propuesta para reducir las horas semanales de trabajo no cuenta, por ahora, con la conformidad de todos los agentes sociales. Las patronales CEOE y Cepyme no se sumaron al acuerdo firmado por UGT, Comisiones Obreras y Trabajo, ya que consideran que la medida afectará a los resultados empresariales y comprometerá la viabilidad de las empresas pequeñas, con menos margen de maniobra para adaptar sus modelos productivos. 

Todo este debate tiene lugar en un momento donde se abordan otros temas que requieren acuerdos entre los diferentes ministerios. Por ejemplo, esta misma semana se aborda el tema de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). En los detalles de esta medida trabajan conjuntamente el ministerio de Hacienda, junto con Economía, Trabajo y un comité de expertos. De aquí saldrá un informe que se dará a conocer esta semana y en el que se detallará el porcentaje de aumento de las retribuciones mínimas a lo largo de 2025.