Las mujeres quieren dejar de estar pendientes de sus copas y exigen mano dura contra la sumisión química

La violencia sexual se ha cimentado tradicionalmente sobre la base de la advertencia: cuidado con cómo sales a la calle, cuidado con cómo vas vestida, cuidado con las calles que escoges para regresar a casa. Cuidado, también, con tu bebida. La sumisión química, o su amenaza, ha entrado de lleno en la vida de las mujeres, pero la falta de información, protocolos y de una estrategia comunicativa que ponga el foco en los potenciales agresores, deja a las mujeres huérfanas del apoyo necesario para hacerle frente. Más de cien mil firmas han sido entregadas esta semana al Ministerio de Justicia denunciándolo. 

La iniciativa parte de dos mujeres: Gloria y Marta. La primera, víctima de sumisión química por parte de unos vecinos. Después de desembolsar hasta tres mil euros de su propio bolsillo para someterse a pruebas toxicológicas, su denuncia fue archivada en los juzgados. La segunda sufrió abusos sexuales por parte de su pareja, quien se servía de la sumisión química para agredirla sistemáticamente mientras se encontraba inconsciente.

Gloria pone solo una condición cuando coge el teléfono: no ir "a por el morbo". Está cansada, admite, ha perdido peso y revivir su historia no contribuye a su recuperación. Pero cree que el tiempo apremia y que urge compartir experiencias como la suya para poner remedio a una situación cada vez menos inusual. Cree que su iniciativa podría haber adquirido mayores dimensiones, pero esperar más tiempo "suponía más mujeres cayendo". Así que la única condición que pone para hablar con los medios es que su historia sirva de ayuda y no sea utilizada como objeto de entretenimiento.

Su presunta agresión no fue en un bar de copas, ni por la noche, ni los supuestos autores fueron personas jóvenes. Fue en la casa de Estepona (Málaga) donde Gloria, de 71 años, planeaba pasar su jubilación. Sus vecinos la invitaron a comer y a partir de ese momento calcula que estuvo entre dos y tres horas "en sus manos". Tardó en barajar la posibilidad de una sumisión química: "Al principio me culpaba a mí. Luego supe que no era yo, que había sido otra cosa". Hasta ese momento no había oído hablar de esta técnica, pero las piezas fueron encajando. La respuesta, sin embargo, no fue la esperada: en el hospital descartaron, cuenta, someterla siquiera a las pruebas y en el juzgado su denuncia fue archivada. "Fue muy feo, muy sórdido, muy mal", rememora.

Un protocolo homogéneo

Gloria y Marta piden protocolos, pero sobre todo coordinación. El jefe de Urgencias del Hospital de Ourense, Francisco Aramburu, explica a través de una entrevista que en el proceso de elaboración de un texto de actuación propio se percató de que "no había ningún protocolo de sumisión química en Galicia, ni referencias en la Consellería de Sanidade, ni publicaciones del ministerio". En 2018, Madrid activó uno para toda la región. Este mismo mes de enero, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, informó del incremento de los casos de sumisión química en contextos de violencia sexual en la comunidad.

La atención a las mujeres que han sufrido una agresión sexual se debe prestar desde un centro con servicio de Urgencias y Ginecología, pero además es habitual que cada territorio cuente con su propio centro de referencia, como La Paz en Madrid o el Hospital Clínic en Barcelona. En estos centros se procederá, si resulta pertinente, a la exploración física y toma de muestras para determinar la existencia de una agresión bajo sumisión química. Los protocolos priorizan la importancia de proteger la cadena de custodia, el procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito de agresión sexual. Su objetivo es no viciar el manejo que de ellos se haga y así evitar alteraciones o contaminaciones de las pruebas. 

Hay dos cuestiones que siempre están sobre la mesa en lo que respecta a la sumisión química: la inmediatez y la denuncia. El primer elemento tiene que ver con las garantías en la toma de muestras, cuyo deterioro se acelera con el paso del tiempo. Habitualmente, a partir de 24 horas el rastro que dejan las sustancias desaparece, aunque existen pruebas como los análisis a partir del cabello que ensanchan el margen temporal y pueden llegar a conceder hasta dos meses. La denuncia, por su parte, no condicionará en absoluto la atención a la víctima en el plano sanitario, pero no presentarla se traduce en que los sanitarios no activarán el mecanismo que permite la toma de muestras para el análisis criminalístico, fundamental para el inicio de un proceso penal.

Víctimas y profesionales reclaman un protocolo base capaz de homogeneizar las actuaciones y cuya puesta en práctica esté garantizada en todos los territorios por igual, evitando así disparidades. El Ministerio de Justicia ha puesto sobre la mesa la necesidad de confeccionar un protocolo para la toma y custodia de muestras que puedan ayudar a la persecución de los agresores. Por el momento, el departamento de Pilar Llop no ha avanzado públicamente nada al respecto.

Un delito al alza

Uno de los mayores estudios sobre violencia sexual, encargado por el Ministerio del Interior y elaborado por el Grupo de Estudios Avanzados en Violencia (GEAV) de la Universitat de Barcelona (UB), señala que un 31% de los actos de violencia sexual graves y sobre mujeres adultas que acuden a urgencias médicas por la agresión se dan bajo los efectos de la sumisión química. Los investigadores sugieren un repunte de los casos en la última década.

Una investigación elaborada en 2019 por la Federación de Mujeres Jóvenes incluyó la sumisión química como una de las "estrategias" que los "hombres jóvenes activan" de manera "consciente para acceder a los cuerpos de las mujeres". A través de los relatos de las mujeres que participaron en el análisis, la federación disecciona dos formas de sumisión química: oportunista –aquella que aprovecha el consumo voluntario y consciente de sustancias por parte de las mujeres– y proactiva –en la que los hombres suministran de forma oculta una sustancia a sus víctimas–.

Ada Santana, presidenta de la organización, recuerda que los datos y las experiencias de las mujeres jóvenes que participaron en los grupos de trabajo coincidían en subrayar la sumisión química no solo como un temor, sino como una realidad que atraviesa al ocio nocturno. "Te invito y me aprovecho de tu voluntad viciada", ejemplifica. Aquellas jóvenes hablaban en primera persona, como "algo que ellas veían constantemente en esos espacios de ocio". Las invitaciones a copas y otras sustancias no se producían porque los hombres "fueran muy simpáticos, sino que tenía la contraprestación de acceder a sus cuerpos". Como consecuencia, las chicas "en vez de disfrutar del tiempo de ocio nocturno, tienen que estar alerta". 

Santana critica precisamente que sea la advertencia constante la única estrategia en torno a la violencia sexual y la sumisión química. El mensaje, lamenta, es siempre el mismo: "Protégete tú". Fuentes del Ministerio de Igualdad se detienen también en este punto: "Los mensajes comunicativos deben romper las narrativas que responsabilizan a las mujeres y centrarse en los potenciales agresores", asienten.

"Cajón de sastre" del abuso sexual

En el terreno jurídico, la sumisión química está "dentro de un cajón de sastre del abuso sexual", expone la magistrada Lucía Avilés. Actualmente, la agresión sexual requiere violencia o intimidación, al contrario que el abuso. Cuando media la sumisión química, esa violencia desaparece, así que el resultado es que se incardina dentro del abuso sexual. "Cuando la víctima está privada de sentido, borracha o drogada, el agresor no ha tenido que hacer uso de la fuerza ni de la intimidación, pero sí se ha aprovechado de esa situación", reflexiona la jueza, por lo que es "muy cuestionable" enmarcarlo como una forma de abuso.

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Las mismas dudas planean sobre el hecho de que jurídicamente se conciba como "una mera injerencia a la libertad" sexual de la víctima. Avilés propone una vuelta de tuerca ya de sobra conocida: asentar la interpretación jurídica sobre la base del consentimiento. "Estos tipos penales no se pueden construir desde el mero plano de la libertad, sino desde el prisma del consentimiento", basado en que dos personas consienten y deciden de manera "voluntaria, responsable y capaz". Si una de las partes "no está en plenas capacidades, no puede prestar su consentimiento". Y sin consentimiento, hay violencia sexual.

La ley de libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, actualmente en tramitación, prevé consolidar esta premisa. En primer lugar, separando la distinción entre abuso y violación. En segundo lugar, proponiendo la inclusión explícita de la sumisión química como agravante en los delitos de violencia sexual. La norma modificaría los artículos 180 y 181 del Código Penal para aumentar la pena contra los agresores cuando para la comisión del delito el autor "haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto". 

La ley "no podía obviar este delito, ni los efectos devastadores que implica para las víctimas", señalan fuentes del departamento que dirige Irene Montero. Y por eso se tomó la decisión de incorporarlo en la norma. Las mismas voces subrayan que todos los protocolos de actuación y coordinación deben incluir la sumisión química y así se está haciendo, añaden, con el nuevo Protocolo común sanitario de actuación en violencias sexuales. "También deberá incluirse en los protocolos de justicia", completan. Pero sobre todo, inciden, es "fundamental comprender que la respuesta de todas la instituciones debe ser holística y coordinada, con un papel clave de los servicios especializados y de atención a las víctimas". Los centros de crisis 24 horas, especializados en violencia sexual, tratarán de dar respuesta a esa demanda. En 2023 todas las provincias deberán contar con uno de estos recursos.