Chile se deshace del último legado de Pinochet por la vía democrática

El 11 de noviembre de 1973 el militar Augusto Pinochet tomaba el poder en Chile tras un golpe de Estado al entonces presidente legítimo, Salvador Allende. Desde la casa presidencial, el Palacio de la Moneda, Allende pronunciaba su último discurso a través de la radio antes de quitarse la vida en medio de un bombardeado de aviones y tanques. Un final sangriento a décadas de democracia que daría paso a una dictadura criminal que duraría 13 años. Al golpe militar le sucedieron años de represión, miedo, silencio, detenidos desaparecidos, torturas y la impunidad de un régimen que transformó Chile en la casa de unos pocos privilegiados y en el patio trasero de los más desfavorecidos. Durante la dictadura se redactó la Constitución, vigente a día de hoy pese a sus numerosas modificaciones y que es la que, según las multitudinarias protestas desencadenadas hace un año en el país, ha fomentado desde su redacción las desigualdades sociales.

Este domingo, el pueblo chileno aprobó, con un 78,28% de los votos a favor y un 21,72% en contra, la redacción de una nueva constitución a través de una Convención Constituyente. El plebiscito tuvo un 50,88% de participación, considerada una cifra muy alta en comparación con las últimas elecciones: 45% en 2012 y al 36% en 2016. ¿Qué es lo que ha desencadenado este terremoto político en el país austral?

Todo empezó por un simple billete de metro. En octubre de 2019 el Gobierno de Sebastián Piñera anunciaba la subida del precio del boletoboleto (ticket) de 30 pesos chilenos, lo que derivó en unas inesperadas protestas contra la gestión del Gobierno lideradas precisamente por los más jóvenes. Empezaron siendo asaltos a los andenes de metro para acceder al subterráneo sin pagar, pero fueron transformándose con el paso de los días en protestas sociales masivas.

Chile es el cuarto país latinoamericano en el ranking del índice del Producto Interior Brutoranking  y, además, la primera potencia de la región en el PIB per cápita, el indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Además, según el Banco Mundial, la República chilena ha conseguido reducir sus niveles de pobreza por debajo del 10%.

Pero como explica el economista Pablo Ferrera en un análisis sobre la economía del país, “el índice de Gini presenta un 45% de desigualdad en la distribución de la riqueza”. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe “estimó que el 1% de la población más rica de Chile es dueña del 22% de los ingresos y riquezas nacionales”, explica en  Atalaya. El problema de la República de Chile no es cuánto produce, si no cómo se distribuye.

La Constitución que ahora se pretende cambiar es la base de otras leyes orgánicas que se aprobaron posteriormente, como la de educación, que perpetúa un sistema privado de calidad, pero inalcanzable para la mayoría de la población, y uno público de difícil acceso y con muchas deficiencias. También el Código de Aguas, por ejemplo, deja su explotación en manos de la gestión privada. Las concesiones del agua potable son un monopolio  que deriva en que una sola empresa dicta los precios de un bien esencial.

La subida del precio del metro era, en este escenario, otra medida más en la montaña de desigualdad sobre la que se ha construido Chile desde la dictadura. En una sociedad en la que los ciudadanos pueden endeudarse tanto para comprar una casa como para comprar una barra de pan, la subida del precio del transporte público suponía seguir cavando en un hoyo de pobreza del que nadie tenía ya la esperanza de salir. Al menos, hasta que empezaron las protestas.

Cambios

Lo que el pueblo chileno ha reclamado con un cambio cosntitucional es “un marco legal de seguridad social que asegure ciertos niveles de vida”, explica el abogado especialista en temas constitucionales Ignacio Ried. Y acceso a los sistemas de salud, educación y pensiones, que son privados. Además del reconocimiento de los pueblos indígenas, paridad de género, un régimen político menos presidencialista o un verdadero Estado social de Derecho.

“El gran problema es que el Estado chileno requiere una modernización importante que ningún político ha propuesto seriamente”, explica el abogado. Los sistemas privados funcionan correctamente, pero solo son accesibles para un bajo porcentaje de la población, en un estado en el que el sueldo mínimo son 320.500 pesos chilenos brutos (349 euros). Con lemas como No son 30 pesos, son 30 años o No son 30 pesos, son 30 años oChile despertó los ciudadanos llevan un año saliendo a la calle para reivindicar un marco jurídico más equitativo, que permita reforzar los sistemas públicos de pensiones, educación y sanidad y así alcanzar una sociedad más justa.

 

 

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo justificaba la baja participación ciudadana de las elecciones chilenas en las siguientes causas: diseño político-institucional; debilitamiento del sistema de representación; creciente erosión en la percepción de la ciudadanía acerca de la eficacia de sus acciones frente al sistema político y las autoridades; transformaciones sociales y económicas que en los últimos 30 años han cambiado radicalmente a la sociedad chilena, afectando su relación con la participación política; cambios sustantivos en el mundo juvenil; y falta de una política sistemática de educación. Este domingo, la participación ha superado el 50%, una cifra alta si se compara con las citas electorales. 

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El próximo 11 de abril se escogerán a los 155 constituyentes encargados de la redacción de la nueva carta magna, labor para la que cuentan con un año de plazo. El texto será nuevamente validado por los ciudadanos en 2022.

“Hemos pasado por muchísimo y esta votación es un paso más. Tenemos que seguir en la calle. Aunque la verdad no nos fiamos de la convención constitucional. Creemos que tiene varias trampas, entre ellas el quórum, la elección de los candidatos, paridad, pueblos indígenas etcétera.”, dice Luis Fernández, un joven chileno que ha estado al frente de las reivindicaciones desde que empezaron hace un año.